Por Lourdes Uquillas
El planeta afronta actualmente tres grandes crisis: la climática, la de contaminación y la de pérdida de biodiversidad. Tres desequilibrios interrelacionados que podrían desembocar en la desaparición de millones de especies —algunas ya en peligro de extinción— y en el declive de ecosistemas vitales para la vida en la Tierra.
Según la ciencia, la biodiversidad comprende un amplio abanico de formas de vida desarrolladas en ecosistemas acuáticos y terrestres, que cambian o se modifican con el tiempo. Incluye la diversidad genética, de especies y de ecosistemas, todos ellos descendientes de antepasados comunes. Esto abarca miles de millones de microorganismos, animales y plantas, muchos aún desconocidos para la ciencia.
El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), que depende del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), trabaja para vigilar la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus recursos y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de los recursos genéticos.
Compromisos globales bajo presión
La decimoquinta Conferencia de las Partes del CDB (COP15) aprobó en 2022 el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, un plan estratégico cuyo lema es “Vivir en armonía con la naturaleza”, compuesto por cuatro objetivos y 23 metas con horizonte en 2050.
Estos objetivos abarcan la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad; el acceso y la distribución justa de los beneficios de los recursos genéticos; y la financiación de las medidas necesarias. Entre sus metas más conocidas está la protección del 30 % de la superficie terrestre y marina para 2030, conocida como la meta 30×30.
Sin embargo, estas ambiciones se toparon con los intereses contrapuestos de algunos países durante la COP16 de Cali (Colombia), celebrada entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024. La cita concluyó, según expertos, con avances limitados pese a los esfuerzos de la presidencia colombiana por impulsar un documento final más ambicioso.
Aun así, se aprobó la creación del órgano subsidiario para pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes —previsto en el CDB— destinado a garantizar su participación en la toma de decisiones sobre biodiversidad. También se creó el Fondo Cali, cuyo fin es recaudar aportes de empresas que utilicen información genética digitalizada y asegurar una distribución justa y equitativa.
Especies en riesgo y presiones crecientes
El Informe Planeta Vivo, de WWF, advierte que “cada hora desaparecen tres especies y en solo cuatro décadas la Tierra ha perdido más de la mitad de su riqueza natural por acciones humanas”.
El Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) registra actualmente 172.600 especies, de las cuales más de 48.600 están amenazadas de extinción, incluyendo el 44 % de los corales de arrecife, el 41 % de los anfibios, el 38 % de los árboles, el 38 % de tiburones y rayas, el 34 % de las coníferas, el 26 % de los mamíferos, el 26 % de los peces de agua dulce y el 11,5 % de las aves.
A pesar de estas advertencias, algunos países y empresas buscan iniciar exploraciones oceánicas para extraer nódulos de manganeso —ricos en cobalto, cobre y níquel—, minerales cada vez más demandados por la industria tecnológica.
En las últimas reuniones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM o ISA), numerosos países e islas-Estado se han manifestado en contra de la minería en el fondo del océano, particularmente en la zona Clarion-Clipperton, ubicada en el Pacífico entre México y Hawái.
La minería submarina y el desacato científico
Según los científicos, la minería de fondos marinos ocasionaría daños irreparables a la biodiversidad y generaría contaminación de difícil contención. No obstante, en la reunión de julio de 2025, celebrada en Kingston (Jamaica), la ISA continuó debatiendo una eventual regulación para esta actividad, pese a las advertencias científicas.
Por otra parte, el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN concluyó el 15 de octubre en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) con la aprobación de la Visión Estratégica a 20 años y un nuevo programa para el próximo cuatrienio.
La presidenta de la UICN, Razan Khalifa Al Mubarak, recordó que “la nuestra no es una tarea fácil, pero es esencial: cerrar las brechas entre la ciencia y las políticas, entre el clima y la biodiversidad, entre las personas y el planeta mismo”. Afirmó también que la naturaleza “no solo es víctima de nuestros excesos, sino una poderosa aliada en nuestra supervivencia”.
Panamá, antesala de la COP17 de biodiversidad
En octubre, Panamá acogió varios encuentros del CDB, entre ellos la 27.ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA-27), la sesión del Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8(j) y la reunión preparatoria para la COP17, prevista para 2026 en Armenia.
La secretaria ejecutiva del CDB, Astrid Schomaker, alertó en la capital panameña de que “la crisis de biodiversidad y la climática están interrelacionadas, son dos caras de la misma moneda”.
En este contexto, se espera que la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático (COP30), que se celebra del 10 al 21 de noviembre en Belém (Brasil), adopte decisiones clave sobre la crisis climática, como el fin de los combustibles fósiles y acciones para frenar la pérdida de biodiversidad, especialmente en los bosques tropicales como la Amazonía, el mayor bioma del planeta, que en 2024 sufrió una sequía grave y persistente.
Amazonía: bioma en riesgo y tensiones políticas
Este bioma está amenazado por la deforestación, la agroindustria, los agrotóxicos, la ganadería, la minería, la explotación de recursos y el narcotráfico. Actividades que afectan, en mayor o menor grado, a todo el territorio amazónico, donde habitan pueblos indígenas distribuidos entre Brasil (60 %), Perú (11,2 %), Colombia (7,2 %), Bolivia (6,9 %), Venezuela (6,7 %), Guyana (3 %), Surinam (2,1 %), Ecuador (1,5 %) y la Guayana Francesa (1,2 %).
A pesar de este momento decisivo, el Gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva aprobó en mayo de 2024 la Ley 14.876 para fomentar la explotación forestal, calificada por organizaciones ambientalistas como “ley de devastación”, ya que afectaría también al Cerrado, otro gran bioma brasileño muy impactado por la expansión de la soja.
Asimismo, en octubre pasado otorgó derechos de exploración para cinco bloques petroleros en aguas profundas del Atlántico, poco después de autorizar a Petrobras a explorar petróleo en el Margen Ecuatorial, cerca de la desembocadura del Amazonas.
Voces indígenas en la COP30
Raoni Metuktire, cacique del pueblo kayapó y referente de la lucha indígena en la Amazonía, afirmó en la COP30 que la soja se ha convertido en el “enemigo número uno” de las comunidades indígenas: “Provoca cada vez más deforestación, contamina nuestros ríos y nuestras tierras. Los bosques están cayendo a cambio de nada”. EFEverde
lul/al
Ilustración de Víctor Solís para la Viñeta Verde en EFEverde
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