Ana Tuñas Matilla
Greenfiber, sociedad participada por la portuguesa Altri y el empresario Manuel García Pardo, mantiene sus planes para levantar la controvertida macroplanta de celulosa soluble y lyocell en Palas de Rei (Lugo), a pesar de las dificultades para acceder a fondos europeos para su financiación y a no tener garantizado el acceso a la red eléctrica.
La factoría, apoyada por la Xunta y que se ubicaría en una zona de alto valor ecológico, cuenta con el rechazo de gran parte de la sociedad y la oposición gallega por su impacto ambiental, social y económico.
Tras lograr en marzo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable de la Xunta, para poder convertirse en realidad, la planta está pendiente de obtener la Autorización Ambiental Integrada (AAI), así como de cerrar su financiación y asegurarse la conexión a la red eléctrica de alta tensión.
Mientras la tramitación de la AAI continúa, la financiación pública a la que aspira el proyecto, bautizado como GAMA, se ha complicado después de que el Gobierno lo dejara fuera de los fondos europeos para la descarbonización industrial, al igual que se le ha complicado acceder a la red eléctrica.
Infraestructuras sin nombre y apellidos
Esto es así porque en el borrador de Planificación Energética para 2025-2030, que el Gobierno central negocia ahora con las comunidades autónomas y ante el que se podrán presentar alegaciones, no figuran «pintadas» las infraestructuras (subestación y conexión a red) que harían posible conectar la planta al mallado eléctrico, algo indispensable.
Según expertos consultados por EFEverde, la planificación de la red de alta tensión se hace para poder atender necesidades de energía allí donde hay altas probabilidades de que salgan adelante los proyectos y teniendo en cuenta los condicionantes ambientales y los costes para los consumidores, que son los que sufragan las redes en el recibo de la luz.
Esas infraestructuras no llevan «ni nombre ni apellido», sino que se construyen allí donde se constata que existe interés económico y se sabe que serán utilizadas, por una empresa u otra. No se planifican en zonas en las que podrían quedar inutilizadas en caso de que no salga un determinado proyecto porque no haya más interesados en implantarse allí, han añadido.
Una vez aprobada, la planificación es de obligado cumplimiento y se lleva a cabo mediante la tramitación de cada infraestructura.
No obstante, en caso de necesidad, como, por ejemplo, la llegada de un determinado proyecto industrial que se considere estratégico para el país o una región concreta, se puede modificar puntualmente, bajo criterios estrictos fijados por la legislación, ha añadido.
Greenfiber presentará alegaciones
Tras conocerse detalles del borrador, Greenfiber ha anunciado que se reserva la posibilidad de presentar alegaciones una vez analice los argumentos técnico-económicos aplicados y que, llegado el caso, pedirán reunirse con el Ministerio para la Transición Ecológica para aclarar cualquiera duda técnica o financiera que haya podido llevar a tomar esa decisión.
«De producirse la exclusión, todo apuntaría a que estamos ante una decisión puramente política, que no está basada en criterios técnicos, como debería ser», según Greenfiber, que ha subrayado que la DIA otorgada en marzo garantiza que GAMA es sostenible, respetuoso con el medio y coexistente con todas las actividades económicas que se desarrollan en el entorno.
Para los promotores, la exclusión del proyecto de la planificación supondría «obligar al territorio a renunciar a una instalación que contribuiría a su descarbonización» y subrayan que GAMA contempla una planta «energéticamente neutra», en la que la conexión se destinaría a volcar a la red los excedentes de energía renovable generada.
«Asimismo, supondría un claro perjuicio al dejar fuera del mapa de desarrollo económico e industrial a toda la provincia de Lugo para los próximos años, limitando oportunidades industriales y de empleo, afectando al desarrollo económico de las comarcas rurales y al objetivo, tan demandado por toda la sociedad gallega, de asentar población y crear futuro en el territorio», añade la nota.
Tras reunirse con el secretario de Estado de Energía, Joan Gorizard, para conocer los detalles del borrador de planificación, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, se limitó a lamentar que mientras dure no se podrá instalar ninguna mediana o gran industria en Lugo por falta de refuerzo en la red, sin mencionar a GAMA, al que ha defendido en muchas ocasiones.
Por contra, expresó la satisfacción de la Xunta por el refuerzo que sí se hará en las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra, para dar electricidad a industiras como la del hidrógeno verda, dar salida a renovables o impulsar zonas de transición justa como As Pontes e Meirama
Oposición
Además de necesitar la conexión eléctrica, el proyecto requiere una inversión de más de 1.000 millones de euros, de los que sus promotores prevén que el 25 %, unos 250 millones, proceda de fondos públicos, algo que, por ahora, no han logrado.
Mientras sus promotores defienden su sostenibilidad y que generará empleo y dinamizará la zona, sus detractores alertan de que su impacto en el río Ulla, del que tomará el agua para sus procesos productivos y al que la devolverá tras tratarla; y en la Ría de Arousa, en la que desemboca el río y eje neurálgico del marisqueo, destruirá más empleo del que creará por la contaminación que generará y que también dañará la salud humana.
Entre los puestos de trabajo que están en juego, además de mariscadores y pescadores, el de ganaderos, agricultores e, incluso, hosteleros, pues zona vive del turismo generado por el Camino de Santiago, cultivos y ganado. EFEverde
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