Ana Tuñas Matilla
Ley de Movilidad Sostenible entrará en vigor mañana con el foco puesto en el ciudadano y con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y contaminantes del sector transporte y con ello rebajar su contribución al cambio climático y amortiguar su impacto ambiental y en la salud de las personas.
Para lograrlo, busca impulsar la movilidad «saludable», adaptando el diseño urbano a las necesidades de viandantes o cliclistas, así como el transporte público y la movilidad eléctrica, en especial el ferrocarril, en detrimento del transporte aéreo y el vehículo de combustión.
Por primera vez, figura en una ley la obligación de que el sector transporte (el sector más emisor de España, con el 32 % de las emisones totales) alcance la neutralidad en 2050 y obliga a que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) incluya objetivos concretos y cuantificables de reducción de las emisiones para 2030 y 2040 respecto al nivel de 1990.
Estos los principales novedades que recoge:
Financiación pública
Se creará un Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO) que se utilizará para financiar redes de autobuses, metros, ferrocarriles, tranvías teléricos y funiculares; así como servicios de movilidad sostenible y activa, como los servicios de préstamos de bicicletas.
Los Presupuestos Generales del Estado deberán reservar una partida para dotarlo de fondos.
Peajes anticontaminación
La norma habilita a los municipios a introducir tasas o peajes a la circulación de vehículos que superen limites fijados de emisiones o categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones.
El objetivo, ampliar el catálogo de medidas a disposición de los ayuntamientos para garantizar la adecuada calidad del aire en sus términos municipales y minorar las emisiones producidas por los vehículos, como, por ejemplo, ya hace Londres.
Planes de Movilidad Sostenible en empresas
Las empresas privadas y públicas de más de 200 trabajadores (o 100 por turno) deberán elaborar, en el plazo de 2 años, un plan de movilidad para sus trabajadores negociado con los sindicatos.
Esto planes pueden incluir, por ejemplo, medidas para ir en bicicleta al trabajo, incentivar el uso de transporte colectivo o soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa, facilitar la recarga de vehículos cero emisiones o, incluso, el teletrabajo en los casos en los que sea posible.
También tendrán que contar con estos planes los grandes centros de actividad, como polígonos industriales o centros empresariales, habitualmente ubicados a las afueras de las ciudades.
Por su parte, los municipios de más de 20.000 habitantes y menos de 50.000, dispondrán de 1 año para dotarse de un plan de movilidad sostenible que, necesariamente, deberá contener medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías cooperando con otros municipios colindantes para el establecimiento de criterios homogéneos.
Esta medida persigue paliar el hecho de que, por ahora, como norma general, la normativa española solo obliga a contar con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a las ciudades de más de 50.000 habitantes.
Planificación urbana para una movilidad activa
La ley busca también impulsar que las ciudades se diseñen para facilitar los desplazamientos a pie y bicicleta de los ciudadanos.
También persigue la creación de entornos escolares y de formación seguros, saludables y sostenibles con la creación, por ejemplo, de caminos escolares que permitan al alumnado desplazarse al centro educativo o formativo de forma activa y autónoma.
Para que los usuarios puedan protegerse de las inclemencias del tiempo y descansar durante sus desplazamientos, se apuesta por la instalación de bancos, fuentes de agua potable y ornamentales, aseos públicos, vegetación, toldos, pavimentos que reduzcan el efecto isla de calor, etc…
Bicicleta
El Gobierno deberá elaborar una estrategia estatal de impulso del uso de la bicicleta, tanto para ciudadanos, como para su potencial utilización en el último tramo del reparto de mercancías.
La norma aboga también por por mejorar y extender los sistemas de préstamo de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal o compartida.
Para apoyar el uso de la bicicleta, insta a que la normativa municipal contemple la reserva de espacios para su estacionamiento, en particular en edificios de uso residencial y de servicios públicos, terminales de transporte y en la vía pública (en el entorno de centros educativos y de formación, sanitarios, deportivos, culturales y de ocio).
Derecho infantil
El texto recoge la necesidad de garantizar la autonomía de movimiento de la infancia, en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de la ONU de 1989.
Para ello, aboga por una política de movilidad infantil que persiga asegurar el acceso de la infancia a los bienes públicos y los servicios urbanos, y porque se creen condiciones para que los menores de edad puedan explorar y disfrutar de su hábitat cotidiano e ir progresivamente adquiriendo autonomía en sus desplazamientos.
Asimismo, las Administraciones educativas garantizarán, en coordinación con las administraciones competentes en materia de movilidad, instituciones y organizaciones de su entorno, la creación de entornos escolares y de caminos escolares seguros, saludables, accesibles y sostenibles.
Movilidad rural
El Gobierno estará obligado a hacer una Estrategia de Pobreza en el Transporte con el objetivo principal de mejorar la movilidad en las zonas rurales, en las que apenas hay posibilidad de transporte público y en la que la población está cada vez más envejecida. Esto debería impulsar el uso de coche compartido o los medios de transporte a demanda.
Para ayudar la despliegue del vehículo eléctrico, el Ejecutivo tendrá seis meses para diseñar un Plan Estatal de Infraestructuras de Recarga en Medianos y Pequeños municipios, puesto que, por ahora, la mayoría de los cargadores se están instalando en las grandes ciudades y vías de alta intensidad, como autovías y autopistas.
Trenes nocturnos
Entre las medidas para impulsar el uso de ferrocarril (el medio con menos emisiones per cápita), figura que el Gobierno deberá estudiar la viabilidad de recuperar las conexiones nocturnas de largo recorrido nacional y transfronterizas, que desparecieron con la pandemia de la covid-19.
El objetivo, que los viajeros puedan realizar desplazamientos largo, como un Sevilla-Bilbao o un Madrid-París, mientras duermen.
Coto a los vuelos domésticos
En la misma línea, la ley obliga al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a impulsar la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de 2,5 horas (por ejemplo, un Madrid-Barcelona), salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales.
En el plazo de seis meses, tendrá que elaborar un estudio que concluya si esta podría ser una medida que permita reducir las emisiones aéreas y que incluya una propuesta de regulación de los citados vuelos.
Etiquetas DGT, ¿cambiarán?
Durante la tramitación parlamentaria del texto legal, se eliminó la disposición que establecía que, en el plazo de un año, el Gobierno debía analizar si había que actualizar las etiquetas medioambientales de la DGT teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos y para solventar deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO2 como criterio adicional.
Aunque ya no está obligado por ley, el Gobierno puede proceder voluntariamente a revisar estas etiquetas, que, en muchos casos, sirven para restringir el acceso de los vehículos más contaminantes a los centros de las ciudades.
Indemnizaciones por retraso
En paralelo, en su paso por el Senado, la ley incorporó vía enmienda del PP que el Gobierno recuperará con efectos desde el 1 de enero de 2026, los compromisos de puntualidad y devoluciones de RENFE anteriores a las modificaciones producidas en julio de 2024, garantizando nuevamente las indemnizaciones por 15 y 30 minutos de retraso, del 50 % y el 100% del importe, respectivamente, en los servicios de alta velocidad y larga distancia.
Sin embargo, los expertos consideran que esta parte de la ley no llegará a entrar en vigor porque puede ser recurrida al no tener en cuenta la directiva europea y dejar fuera a los competidores de RENFE, como Ouigo o Iryo ni Avlo, de la propia Renfe.
Ayudas a la compra de vehículos
En el plazo máximo de 3 meses desde la aprobación de la presente Ley (fue aprobada el 13 de noviembre por el Congreso), el Gobierno desarrollará reglamentariamente un plan para incentivar la compra de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos del parque móvil español.
Ese desarrollo deberá contemplar, entre otras cuestiones, la creación de un Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico Español complementario a los planes de incentivación de compra de vehículos eléctricos (Moves), que contribuya a la renovación de vehículos de combustión antiguos por vehículos de cero o bajas emisiones.
Se fijará como objetivo la retirada y sustitución de vehículos con una mayor antigüedad y de cualquier tipología (camiones, autobuses, furgonetas, automóvil y motos), por el riesgo que suponen para la seguridad vial y por su efecto contaminador.
Las ayudas a la compra podrían incluirse en el Plan Auto 2030, diseñado por el Gobierno y la asociación de fabricantes Anfac para impulsar el sector y que está previsto que presente a principios de diciembre.
A diferencia de Moves, se espera que las ayudas se apliquen directamente en el momento de la compra de vehículos electrificados a modo de descuento en la factura y evitar con ello que computen en el IRPF del comprador.
Además, se prevé una gestión centralizada de los fondos, lo que permitiría evitar que algunas comunidades se queden sin presupuesto mientras otras aún no han activado el programa. EFEverde
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