Bruselas.- La Comisión Europea (CE) ha puesto cifras a la factura que tendría no actuar contra la polución por sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS o ‘químicos eternos’, que podrían costar a la Unión Europea (UE) alrededor de 440.000 millones de euros de aquí a 2050.
Esta es la principal conclusión de un estudio encargado por Bruselas a las consultoras independientes Trinomics, WSP y Ricardo, que se ha publicado este jueves y subraya que reducir el impacto de estos compuestos «en origen» es, con diferencia, la opción más rentable frente a las soluciones posteriores como el tratamiento del agua.
«Abordar este tipo de emisiones de PFAS en su origen de aquí a 2040 permitiría ahorrar 110.000 millones de euros, mientras que tratar únicamente el agua contaminada costaría más de un billón de euros», apunta el análisis.
Daños significativamente superiores
El estudio advierte, además, de que los daños reales podrían ser significativamente superiores, ya que no ha sido posible cuantificar ni monetizar plenamente los efectos sobre los ecosistemas, pese a que existen evidencias de impactos sobre servicios ecosistémicos clave como la producción de alimentos, la acuicultura o la regulación climática.
El análisis compara distintos escenarios, desde mantener la situación actual hasta una prohibición total de producción y uso, y concluye que actuar en origen es la opción con menor coste económico a largo plazo.
No obstante, la estimación se basa únicamente en un número limitado de PFAS ya reguladas, avisan lo autores, que añaden que los costes asociados a otras sustancias emergentes no han podido cuantificarse por falta de datos científicos suficientes.
Debate sobre estos compuestos
La Comisión utilizará el estudio como base para los debates en la UE sobre esos compuestos sintéticos, que tardan siglos o milenios en degradarse y que acarrean problemas de salud como alteraciones en el sistema inmunitario, cáncer, problemas reproductivos o de fertilidad, trastornos tiroideos o complicaciones durante el embarazo.
El Ejecutivo comunitario ya ha vetado algunas PFAS de productos de consumo y se plantea eliminarlas en otras áreas, pero con ciertas excepciones en sectores estratégicos, en los que podrán seguir utilizándose mientras no haya alternativas viables.
Según dijo en una charla con EFE y otros medios de comunicación la pasada semana la comisaria europea de Medioambiente, Jessika Roswall, los sectores económicos saben que pronto se restringirán aún más las PFAS y ya están tomando medidas.
«Es factible, la industria ya se está preparando», comentó entonces la democristiana sueca.
Antes de pronunciarse, previsiblemente a finales de 2026, la Comisión espera a recibir sendos dictámenes de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) sobre el riesgo de las PFAS y sobre el impacto socioeconómico de su prohibición.
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