Bruselas.- La Comisión Europea ha propuesto este miércoles un primer ajuste del sistema ETS de comercio de emisiones, piedra angular de la política climática de la UE que desde 2005 obliga a más de 10.000 plantas industriales del mercado comunitario a comprar derechos por cada tonelada de CO2 que liberan.
La reforma busca aportar estabilidad y previsibilidad a ETS, pues el precio de la tonelada de CO2 ha pasado de unos 5 euros en 2017 a máximos de 91 euros en 2023, para caer a 86 euros en enero de 2026 y situarse en torno a los 72 euros en la actualidad, generando críticas por su volatilidad.
El sistema pretende incentivar que las empresas inviertan en tecnologías limpias. En 2024, ETS generó 38.800 millones de euros de recaudación, de los que 24.400 millones fueron para los Estados miembros, que deben de destinar parte de los ingresos a clima y energía, por ejemplo en renovables, eficiencia o redes, mientras que una parte también puede emplearse para compensar a la industria por los costes indirectos del carbono.
El resto de la recaudación alimenta el Fondo de Innovación de la UE y el Fondo de Modernización, que aporta recursos adicionales a países con menor renta como Chequia, Hungría, Polonia, Rumanía o Eslovaquia.
El ajuste presentado este miércoles afecta a la Reserva de Estabilidad del Mercado, un mecanismo creado en 2019 dentro de ETS porque, tras la crisis financiera de 2008, el sistema acumuló un exceso de derechos, cayó el precio de la tonelada de CO2 y desapareció el incentivo para invertir en tecnologías verdes.
Esa reserva ajusta la cantidad de derechos que salen a subasta en función del total en circulación, de manera que si ese excedente supera determinados umbrales se retiran derechos del mercado, y si cae demasiado se liberan.
La Comisión Europea propone una modificación de ese mecanismo de estabilidad, después de que los Veintisiete reclamaran medidas para hacer a la industria europea más competitiva.
«Manda una señal: somos serios sobre mantener los precios estables», han comentado fuentes europeas.
Han agregado que ETS está actualmente orientado a que la UE alcance su objetivo de reducir sus emisiones de CO2 en 2030 en un 55 % respecto a 1990 y el próximo mes de julio se presentará un rediseño más amplio para alinearlo con el nuevo objetivo de reducir un 90 % de CO2 en 2040.
Estabilidad
En concreto, Bruselas quiere ahora poner fin al actual mecanismo por el que se invalidan automáticamente todos los derechos almacenados en la reserva por encima de 400 millones, de forma que puedan mantenerse como colchón para responder a futuras tensiones del mercado.
A cierre de 2024, la MSR había invalidado ya unos 3.200 millones de derechos de emisión.
La Comisión subraya que el ETS ha dado «grandes resultados», pues las emisiones de las instalaciones cubiertas han reducido casi un 50 % desde 2005.
Sólo en 2024, las emisiones del sector eléctrico cayeron cerca de un 11 %, impulsadas por el auge de las renovables y la menor dependencia del carbón y del gas, mientras que las emisiones de la generación eléctrica y el calor bajaron un 10,7 %.
En la industria, la reducción ha sido más moderada, con descensos del 7 % en 2023 y del 0,8 % en 2024, aunque el coste del carbono representa en torno al 11 % de la factura energética de las instalaciones afectadas.
Para evitar deslocalizaciones, los sectores expuestos a la llamada «fuga de carbono» tienen cubiertas de media alrededor del 85 % de sus emisiones mediante derechos gratuitos.
Diplomacia y ETS 2
Tras años de pedagogía y presión diplomática de Bruselas, la tarificación del carbono se extiende progresivamente en el mundo, con unos 80 sistemas similares en más de 50 países, entre ellos -China, Japón, Turquía o Brasil- que cubren cerca del 20 % de las emisiones globales, según datos del Banco Mundial.
Esa expansión es un objetivo declarado de la Comisión, que como barrera proteccionista verde creó el llamado Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) para gravar las importaciones de sectores como el acero o el aluminio, cubiertos por ETS en la UE pero libres de impuestos climáticos en otros países.
Además, está previsto que la UE introduzca en 2028 el ETS 2, un mecanismo espejo que gravará las emisiones de los combustibles usados en el transporte por carretera y en los edificios que estará vinculado a un tercer mecanismo de redistribución, el Fondo Social del Clima, que buscará aliviar a los hogares vulnerables. EFEverde
jaf/mb/cc
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