Bruselas.- La Comisión Europea (CE) propuso este martes que las autorizaciones para el uso de gran parte de los pesticidas dejen de tener fechas límites tras las que vencen y es necesario renovarlas, y planteó que esas reevaluaciones solo se lleven a cabo cuando haya «razones científicas» para hacerlas.
Lo hizo en un paquete de medidas con las que pretende «simplificar» la legislación de la Unión Europea sobre seguridad alimentaria.
En la actualidad, las autorizaciones para usar pesticidas en el club comunitario tienen una fecha límite y cuando se aproxima esa fecha, se debe revisar el permiso concedido y decidir si se prolonga.
Sin embargo, la propuesta aprobada este martes en la reunión semanal de los comisarios europeos plantea que esas renovaciones y prolongaciones dejen de hacerse de manera sistemática.
Renovaciones solo por razones científicas
Bruselas indicó en un comunicado que su iniciativa hace que el sistema de aprobaciones sea «más ágil y reactivo al eliminar el requisito de la renovación sistemática de muchas aprobaciones de sustancias activas en función del tiempo (excluyendo las más peligrosas)».
Añadió que las renovaciones y reevaluaciones específicas solo se llevarían a cabo en el caso de sustancias sobre las que existan «razones científicas» para hacerlas.
La CE afirmó que su propuesta también promueve la adopción y el desarrollo de pesticidas más sostenibles mediante el establecimiento de un procedimiento «más simple para identificar sustancias activas de bajo riesgo».
Según Bruselas, del mismo modo, se permite a los agricultores tener una mayor variedad de productos fitosanitarios «mediante procedimientos más sencillos para las sustancias básicas (vinagre, polvo de semilla de mostaza, levadura química) y acelerando la autorización de productos que contienen sustancias para tratar plagas especialmente dañinas».
Igualmente, se aspira a facilitar la autorización de pesticidas de bajo riesgo en varios Estados miembros, para lograr «una disponibilidad más equitativa de esos productos para los agricultores», de acuerdo con el Ejecutivo comunitario.
Además, se establece cómo la Comisión Europea identificará ciertos tipos de drones para la pulverización de pesticidas, «con el potencial de reducir la exposición de las personas y el medioambiente» a esas sustancias, frente a la pulverización terrestre.
Prioridad para la evaluación de biopesticidas
Sobre los biopesticidas, agentes de control de plagas derivados de microorganismos, plantas o animales, la propuesta adoptada este martes busca acelerar su evaluación y autorización.
En ese sentido, se incluye la obligación de que los Estados miembros prioricen las solicitudes para estos productos y la posibilidad de conceder autorizaciones provisionales mientras los procedimientos de evaluación estén en curso.
También se plantean disposiciones reforzadas de reconocimiento mutuo y la opción de elegir a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para la evaluación inicial de seguridad de una sustancia activa, en lugar de a un Estado miembro.
La CE aseguró que, del mismo modo, se plantea trabajar hacia el alineamiento de los estándares de producción para las importaciones en materia de residuos de pesticidas «con base en los resultados del análisis de impacto en curso, para asegurar la igualdad de condiciones».
El paquete de medidas, igualmente, propone flexibilizar la obligación de renovar las autorizaciones de aditivos para piensos y digitalizar el etiquetado de dichos aditivos, así como facilitar el acceso al mercado de los productos de fermentación y simplificar las normas de acreditación de los laboratorios oficiales.
Bruselas, además, apuesta por aplicar «un enfoque más pragmático» a los controles fronterizos de productos vegetales y por «adaptar» los requisitos de vigilancia y mitigación de riesgos, de acuerdo con la ciencia, para la enfermedad de las vacas locas.
La propuesta se enviará ahora al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE (los Estados miembros), colegisladores de la Unión Europea.
La CE aseguró que su iniciativa reducirá los costes y las cargas administrativas, «al tiempo que mantiene los muy estrictos requisitos de la UE sobre seguridad alimentaria y de piensos, salud y protección medioambiental».
Según el Ejecutivo comunitario, su propuesta podría suponer un ahorro de 1.000 millones de euros en costes de cumplimiento, incluidos 428 millones anuales para las empresas y 661 millones para las administraciones nacionales. EFEverde
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