Ginebra, 23 jul (EFE).- La organización medioambiental Greenpeace ha celebrado el dictamen emitido este miércoles por la Corte Internacional Justicia (CIJ) reconociendo la responsabilidad de los Estados en la lucha contra el cambio climático y ha manifestado su esperanza en que sirva para iniciar acciones ciudadanas como la que emprendieron en la última década mujeres mayores de Suiza contra su Gobierno.
«En un momento en que cada vez más comunidades de todo el mundo recurren a la justicia para proteger nuestro futuro, esta decisión dará un nuevo impulso a las iniciativas ciudadanas y fortalecerá la creciente ola de acciones legales para una acción climática más ambiciosa», ha asegurado en un comunicado el experto en clima de Greenpeace Suiza Georg Klinger.
El dictamen jurídico de este miércoles «es uno más de una serie de decisiones de los tribunales más importantes del mundo, todas las cuales han concluido que los gobiernos tienen la obligación legal de proteger a las personas de la crisis climática», ha agregado el experto de Greenpeace.
Klinger ha recordado en este sentido la pionera iniciativa que comenzó la asociación KlimaSeniorinnen Schweiz (Mujeres Mayores de Suiza por el Clima), que denunció al Gobierno de su país por no tomar medidas suficientes para frenar el calentamiento global, y que logró el pasado año una sentencia favorable a las denunciantes por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
La decisión del CIJ, en la línea de la del TEDH, «demuestra que Suiza está librando una batalla perdida», aseguró Klinger.
En España, la organización ha señalado que esta sentencia «marca un cambio de tendencia en el derecho internacional, que empieza a situar la protección del clima y los derechos humanos por encima de los intereses económicas de las empresas».
«Los Estados ya no pueden seguir eludiendo sus obligaciones climáticas, y los contaminadores deben pagar por los daños que han causado. A partir de este momento, los tribunales nacionales deben aplicar esta doctrina internacional, haciendo que tanto Gobiernos como empresas rindan cuentas”, ha afirmado la abogada de la institución, Lorena Ruiz-Huerta.
Los países, obligados a prevenir daños
La CIJ, con sede en La Haya (Países Bajos), determinó este miércoles que incumplir las obligaciones climáticas es «un acto internacionalmente ilícito» que puede dar lugar a «reparaciones» al país perjudicado, y consideró que los tratados sobre cambio climático establecen «obligaciones vinculantes» a los países firmantes de «prevenir daños significativos».
En su opinión consultiva, solicitada por la Asamblea General de la ONU en marzo de 2023, la Corte consideró que los países tienen «el deber de prevenir daños significativos» al medioambiente, y «deben utilizar todos los medios a su alcance para evitar que actividades dentro de su jurisdicción o bajo su control causen tales daños».
KlimaSeniorinnen Schweiz, asociación formada por más de 2.000 mujeres suizas de más de 65 años, denunció ante el TEDH al Estado suizo por no hacer lo suficiente para «cuidar de ellas» y dejarlas a expensas de las consecuencias del calentamiento del planeta, incluidas las olas de calor, que cada año causan la muerte de miles de personas de la tercera edad en regiones como la europea.
La sentencia del TEDH emitida el 9 de abril de 2024, favorable a las demandantes, abrió la puerta a que asociaciones de otros países lleven la inacción climática de sus Gobiernos ante distintas instancias judiciales y ya se han dado iniciativas en este sentido en lugares como Austria, Noruega, Finlandia o Alemania.
No obstante, a finales de agosto del pasado año el Gobierno suizo (Ejecutivo) desestimó la sentencia del tribunal de Estrasburgo, alegando que la instancia se había extralimitado en sus competencias y que en todo caso el país centroeuropeo cumplía las exigencias en materia de clima citadas en aquel dictamen. EFE
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