Madrid.- La Guardia Civil ha detectado 941 infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua, el 60 % pozos (565), en una operación desarrollada en toda España en la que han sido investigadas 31 personas por delitos relacionados con la distracción de aguas y daños al medio ambiente que habrían causado daños por valor de 270 millones de euros.
El golpe a los «ladrones de agua» se ha llevado a cabo en el marco de la operación «Zahorí» llevada a cabo por la Guardia Civil, con la participación de unidades del SEPRONA (servicio de protección a la naturaleza) y de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de proteger el Dominio Público Hidráulico y el medio ambiente.
Durante el operativo, se llevaron a cabo actuaciones de inspección y control de aprovechamientos de recursos hídricos, tanto de aguas superficiales como subterráneas, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, que permitieron detectar 941 infraestructuras ilegales asociadas a la captación de agua.
Del total de infraestructuras ilegales halladas, el 60 % eran pozos, el 24 % sondeos y el 4 % balsas, mientras que el 12 % restante correspondía a otras modalidades de captación ilegal, como derivaciones o trasvases artificiales.
La operación ha permitido detectar un total de 29 infracciones penales, entre las que destacan los delitos de distracción de aguas de uso público (59 %), contra los recursos naturales y el medio ambiente (28 %) y contra la ordenación del territorio (7 %).
Asimismo, se han tramitado 1.684 infracciones administrativas, el 77 % de ellas vulneraciones de la normativa en materia de aguas.
Daños por valor de 270 millones
Los informes periciales elaborados por el SEPRONA cuantifican económicamente los daños y perjuicios ocasionados al Dominio Público Hidráulico, así como el impacto medioambiental sufrido por el resto de recursos naturales —especialmente la flora y la fauna— en las zonas afectadas, ha explicado la Guardia Civil en un comunicado.
Esta peritación, añade la misma fuente, es determinante para acreditar no solo la existencia de los delitos investigados, sino también para valorar la entidad y gravedad de los hechos, permitiendo su correcta calificación jurídica conforme a la normativa penal vigente.
Los informes elaborados durante la operación «Zahorí» valoran en más de 270 millones de euros los daños ocasionados al Dominio Público Hidráulico, derivados de actuaciones realizadas en distintas provincias del territorio nacional.
La operación se enmarca en el compromiso permanente de la Guardia Civil con la protección del medio ambiente, la defensa del uso sostenible del agua y la lucha contra el expolio de los recursos naturales, especialmente relevante en un contexto de escasez hídrica y sequía recurrente.
Ejemplos
A lo largo de la operción, los agentes localizaron en Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana y su corona forestal, diversas infraestructuras. Como resultado, fueron investigadas ocho personas físicas y cinco jurídicas y se esclarcieron tres delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y dos delitos contra la ordenación del territorio.
En la localidad madrileña de Las Rozas, localizaron un sondeo no autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo y otro legal que contaba con un sistema de bypass instalado de forma fraudulenta antes del contador volumétrico, evitando así el registro del caudal extraído.
Los informes periciales estiman que el valor del agua aprovechada ilícitamente desde 2002 podría ascender a más de 1,6 millones. Hasta el momento, se ha investigado a dos personas físicas por su presunta implicación en delitos de usurpación de aguas, defraudación y estafa agravada, así como por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, encontrándose la investigación aún abierta.
En el municipio de Mazarrón (Murcia), se investigó a dos personas por la puesta en regadío de más de 47 hectáreas de terreno catalogadas como de secano. La valoración pericial cifra el daño medioambiental ecosistémico ocasionado en más de 2,9 millones de euros, imputándoseles un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
En Córdoba, en una inspección conjunta con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se descubrieron dos pozos clandestinos destinados al regadío, así como captaciones legales manipuladas mediante un sistema de bypass instalado de forma fraudulenta antes del contador volumétrico, evitando así el registro del caudal extraído. EFEverde
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