Madrid, 20 oct (EFEverde).- A pocas semanas de la COP30, que se celebrará en el corazón de la Amazonía brasileña, el gobierno de Ecuador enfrenta denuncias de criminalización de defensores ambientales, según la organización Global Witness que denuncia que la Fiscalía ecuatoriana ha abierto investigaciones contra más de 60 personas, congelando cuentas bancarias de activistas, líderes indígenas y organizaciones de conservación como la Fundación Pachamama y la Alianza Cabeceras Sagradas de la Amazonía.
Global Witness ha analizado la lista de personas que están siendo investigadas y ha descubierto que se dirige abrumadoramente a defensores indígenas, ambientales y de derechos humanos, denuncian en un comunicado..
Entre los investigados figura la reconocida activista Belén Páez, quien calificó el proceso de “clara intimidación”. Estas acciones ocurren en medio de protestas contra las políticas del presidente Daniel Noboa, con saldo de tres manifestantes indígenas muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.
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Denuncias internacionales
Organizaciones como Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han alertado sobre un incremento preocupante de prácticas autoritarias.
Videos difundidos en redes sociales muestran presuntos abusos de las fuerzas militares durante las protestas, incluyendo el asesinato del líder indígena Efraín Fueres.
Recuerdan que también el abogado de derechos humanos David Fajardo ha denunciado un “abuso absoluto de poder”, mientras que el académico José Cueva ha advertido que: “Estamos al borde de una dictadura; es fundamental denunciar la persecución que se vive en Ecuador”.
La Amazonía, en riesgo por la expansión petrolera
Pese a que en 2023 Ecuador votó en referéndum detener la perforación petrolera en zonas protegidas, el gobierno anunció en agosto de 2025 una “hoja de ruta de hidrocarburos” para subastar bloques de exploración valorados en 47.000 millones de dólares.
Los pueblos indígenas denuncian que muchos de esos bloques invaden sus territorios sin consulta previa, en violación de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución ecuatoriana.
Por ello, la organización Global Witness advierte que este plan podría provocar una “mayor degradación de la Amazonía” y socavar la confianza internacional en la política ambiental ecuatoriana en vísperas de la COP30.
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Falta de inversión y amenazas estructurales
El caso ecuatoriano refleja una tendencia regional: los países de América Latina y el Caribe no están invirtiendo recursos suficientes para enfrentar la crisis climática.
Pese a ser una de las regiones más biodiversas del planeta, la inversión pública en adaptación y mitigación climática sigue siendo mínima, agravando la deforestación, la contaminación y la pérdida de ecosistemas críticos.
Mientras tanto, los defensores ambientales se enfrentan a un contexto de creciente violencia, criminalización y debilitamiento institucional, lo que pone en riesgo los compromisos globales de protección de la biodiversidad y derechos humanos.
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