Madrid, 24 jul (EFE).- El Gobierno considera que el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que reconoce la obligación de los Estados de tomar medidas contra el cambio climático, «marca el camino», mientras que la Unión Europa toma nota y estudia las implicaciones legales en un momento en el que todavía está por ver su impacto real.
«La justicia climática implica responsabilidades y derechos compartidos. El fallo de la Corte Internacional de Justicia, aunque no vinculante, marca el camino: cooperación multilateral guiada por la ciencia y los derechos humanos», ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, este miércoles en su cuenta de Bluesky.
La titular de Transición Ecológica ha compartido también un vídeo sobre la opinión consultiva no vinculante que emitió ayer la CIJ, con sede en La Haya (Países Bajos) tras la solicitud de la Asamblea General de la ONU en marzo de 2023.
La justicia climática implica responsabilidades y derechos compartidos.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia, aunque no vinculante, marca el camino: cooperación multilateral guiada por la ciencia y los derechos humanos.
— Sara Aagesen (@saraaagesen.bsky.social) 24 de julio de 2025, 12:35
En ella, el tribunal determinó por unanimidad que los Estados firmantes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tienen «la obligación de adoptar medidas para contribuir» a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la adopción climática.
Incumplir estas «obligaciones vinculantes» es «un acto internacionalmente ilícito que implica su responsabilidad» y puede dar lugar a «reparaciones» al país perjudicado en forma de restauración, compensación o satisfacción, según el tribunal.
Además, la CIJ defendió que el derecho humano «a un medioambiente limpio, saludable y sostenible» es «inherente al ejercicio de otros derechos fundamentales», en un momento en el que las consecuencias del cambio climático son «graves y de gran alcance».
Bruselas estudia las implicaciones
Tras el fallo, la reacción tampoco se ha hecho esperar en Bruselas, donde los servicios jurídicos de la Comisión Europea (CE) están evaluando las implicaciones que tendrá para el bloque esta opinión consultiva.
«Por el momento, tomamos nota. Nuestros abogados y equipos están estudiando la opinión para ver exactamente qué supone y las implicaciones para la UE», ha afirmado en una rueda de prensa este jueves la portavoz de Clima del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen.
Precisamente, la duda ahora es el impacto efectivo que tendrá esta decisión, ya que se trata de un dictamen que no es vinculante y en el que, además, la CIJ no determina responsabilidades concretas en esta fase consultiva, según señalan desde Ecologistas en Acción.
China y Colombia, satisfechos
Por el momento, eso sí, las primeras reacciones que se han conocido a la sentencia han sido positiva, tanto por parte de algunos países, como, especialmente, por parte de las organizaciones ambientales.
En el caso de los países, el Gobierno chino ha mostrado su respaldo al dictamen, que «subraya la obligación de todos los países de reforzar la cooperación internacional» y refleja «las posiciones y propuestas sostenidas desde hace tiempo por China y otros países en desarrollo».
Por su parte, el Gobierno colombiano también ha celebrado el dictamen, el cual consolida «un marco jurídico global más coherente y firme en la materia, en medio de las crecientes demandas de países del sur global que buscan un mayor compromiso y cooperación internacional para fortalecer su posición y resiliencia frente a los efectos negativos del cambio climático».
«Decisión histórica» para las organizaciones
Aunque sin duda, las celebraciones más contundentes han llegado desde las organizaciones ambientales, como es el caso de la directora nacional en el archipiélago de Vanuatu de la Federación ActionAid, Flora Vano, quien ha hablado de «decisión histórica» y «poderosa herramienta» para enfrentar «a los contaminadores que no parece importarles que sus acciones estén destruyendo países» como el suyo en el Pacífico sur y «exigir que rindan cuentas».
Otras como World’s Youth for Climate Justice y Pacific Islands Students Fighting Climate Change han calificado la decisión de la CIJ como «punto de inflexión para las comunidades más afectadas en todo el mundo», porque «la justicia climática ya no es opcional: los países contaminantes están legalmente obligados a reducir sus emisiones y a compensar a quienes ya están sufriendo las consecuencias».
En España, desde Greenpeace han hablado de una «histórica resolución», que marca «un cambio de tendencia en el derecho internacional, que empieza a situar la protección del clima y los derechos humanos por encima de los intereses económicos de las empresas».
Por su parte, desde Ecologistas en Acción han considerado que no se trata solo de una llamada a la acción, sino que «es un mandato» que utilizarán como sociedad civil.
Lucha en los tribunales
Precisamente, los abogados de las organizaciones medioambientales han puesto el foco en cómo puede afectar este dictamen a los procesos judiciales que están actualmente en marcha, como es el caso del conocido como Juicio contra el clima.
«El Tribunal Constitucional tiene ahora en sus manos el Juicio por el Clima y es vital que lo interpreten de acuerdo con este precedente histórico, para estar a la altura de la emergencia que vivimos», ha señalado el coordinador del Área Jurídica de Ecologistas en Acción.
A nivel internacional, la asociación suiza KlimaSeniorinnen Schweiz (Mujeres Mayores de Suiza por el Clima) denunció al Gobierno de su país por no tomar medidas suficientes contra el cambio climático y logró en abril de 2024 una sentencia favorable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sin embargo, cuatro meses después de la sentencia europea, el Gobierno de Suiza la desestimó alegando que el tribunal se había «extralimitado en sus competencias» y que «en todo caso» cumplía las exigencias en materia de clima.
Ahora, desde Greenpeace han asegurado que la decisión del CIJ, en la línea de la del TEDH, «demuestra que Suiza está librando una batalla perdida».
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