Karina Godoy
Madrid, (EFEverde).- El desperdicio de alimentos genera un impacto en el ambiente que representa entre el 8 % y el 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, según Naciones Unidas. En España, desde algunas de las entidades sociales expresan que la nueva ley para prevenir las pérdidas alimentarias deja un “gusto agridulce”, pues consideran que debería contemplar la recopilación y difusión de datos sobre volúmenes, además del aspecto presupuestario.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) conmemora cada 29 de septiembre el «Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos». Este año, justamente destaca la importancia de utilizar datos precisos para prevenir el desperdicio alimentario.
En España, el desperdicio en 2020 alcanzó aproximadamente 25 millones de kilogramos a la semana, lo que equivale a casi 1,4 kilogramos por hogar, según el último dato oficial que recoge el texto de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Mientras que en 2023 se tiraron a la basura sin consumir 1.183 millones de kilos de alimentos, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Productos sin utilizar o deteriorados
A nivel nacional, más del 80 % del desperdicio corresponde a productos sin utilizar, desechados por deterioro, como frutas, hortalizas y lácteos. En el grupo de recetas se incluyen legumbres, cocidos, sopas y purés, según el texto de la ley en el BOE.
La directora de proyectos de la fundación Espigoladors, Raquel Díaz, valora positivamente que se haya concretado una norma pionera en Europa y transversal, enfocada en la prevención desde el campo hasta la mesa, pero expresa que deja un “gusto agridulce”.
“Todas las entidades sociales que hemos trabajado para que esta ley fuera mucho más ambiciosa creemos que podría haber sido mucho más exigente en las obligaciones de las administraciones públicas de recopilar, reportar datos y contribuir a la generación de conocimiento de qué está pasando”, señala Díaz.
Considera además que: «aún falta mucho conocimiento de cuántos son los volúmenes. Y dar herramientas para que se pueda prevenir; nos hubiera gustado que hubiera una dotación presupuestaria en la ley«.
La fundación Espigoladors se encarga de recuperar la práctica tradicional del campo del “espigueo”, recogiendo el excedente agrícola aún en buen estado tras la cosecha. Esta actividad, detalla Díaz, la realizan en colaboración con una red de voluntarios y lo entregan a entidades sociales que distribuyen los alimentos a personas en situación de vulnerabilidad.
Alcance de la ley
La Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, en vigor desde el 2 de abril de 2025, busca reducir el desperdicio a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo en hogares, bares y restaurantes.
La medida obliga a los agentes del sector a contar con un plan de prevención y a establecer acuerdos con entidades sociales y bancos de alimentos para facilitar la donación. Quedan excluidos de esta medida los pequeños establecimientos de menos de 1.300 m², como tiendas de barrio.
Retos de su aplicación
Díaz considera que se debería acompañar voluntariamente a estos establecimientos que quedan exentos, ya que no deberían quedar fuera todo ese volumen. “Si no, quedará mucho del sistema alimentario fuera del cumplimiento de la ley”, señala.
La norma establece una jerarquía de usos: primero el consumo humano, mediante donación o transformación en productos como zumos o mermeladas; en segundo lugar, la alimentación animal o la elaboración de subproductos; y, en última instancia, el reciclado como compost, biogás o combustibles.
En cuanto a sanciones, las infracciones leves —como no aplicar la jerarquía— van desde un apercibimiento hasta 2.000 euros; las graves, de 2.001 a 60.000 euros; y las muy graves pueden alcanzar los 500.000 euros.
Al respecto, la respresentante de la fundación añade que se debe contar con las organizaciones sociales y crear plataformas de actores que aseguren el cumplimiento de la ley.
«Estamos a las expectativas a ver cómo es el desarrollo reglamentario y la implementación. Creemos que no nos podemos conformar con que se haya aprobado la ley. Se deben crear todos los organismos y mecanismos para asegurar su cumplimiento».
A nivel global
Según datos de Naciones Unidas, aproximadamente el 13 % de los alimentos producidos se pierde entre la cosecha y la venta minorista, y el 19 % de la producción total se desperdicia en hogares, restauración y comercio al por menor.
Las mayores pérdidas se producen en África subsahariana, con un 23 %, mientras que América del Norte y Europa registran las menores pérdidas, con un 10 %. A nivel mundial, las frutas y verduras presentan la tasa de pérdida más alta con el 25,4 %, seguidas de la carne y los productos animales con el 14 %.
«Cuando se pierden o desperdician alimentos, todos los recursos que se utilizaron para su producción -como el agua, la tierra, la energía, la mano de obra y el capital- se desaprovechan. Además, la eliminación de los alimentos perdidos o desperdiciados en vertederos genera emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lo que contribuye al cambio climático. La pérdida y el desperdicio de alimentos también pueden tener repercusiones negativas en la seguridad alimentaria y la disponibilidad de alimentos, y contribuir a aumentar el costo de la alimentación», declara Naciones Unidas. EFEverde
Para saber más
Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
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