Madrid.- El Defensor del Pueblo ha pedido que se ponga en marcha «un modelo de gestión eficaz» del lobo en el que, en lugar de la eliminación física de los ejemplarse, se priorice la prevención e indemnización de los daños que causan en las explotaciones ganaderas extensivas.
El informe anual 2025, que ha presentado el Defensor del Pueblo el Defensor del Pueblo, insiste en que, a juicios de la institución, es necesario adoptar «una perspectiva distinta» a la que enfrenta al sector productivo ganadero y la pervivencia del lobo en el país «como si no fuera posible apreciar y defender ambos de manera simultánea».
«En respuesta a la incidencia que dicha especie produce en las explotaciones ganaderas extensivas, resulta posible el establecimiento de un modelo de gestión eficaz que atienda debidamente a los intereses de dichas explotaciones a través de la priorización de la prevención e indemnización de los daños que causan, en lugar de la eliminación física de sus ejemplares», recoge el informe.
Para que este modelo sea eficaz, la institución considera que debe satisfacer «de modo integral los daños producidos» a través de «compensaciones justas y rápidas».
«Así, las cantidades deben de llegar a los afectados de manera ágil (sin incurrir en los plazos de hoy en día y que no son admisibles) y cubrir la suma de los gastos generados por los ataques, y no solo el mero valor del animal muerto o herido», asegura.
Asimismo, pide regular debidamente la valoración económica de los animales, así como reducir la complejidad del proceso de verificación de ataques, y aumentar su eficiencia.
También considera necesario que se cuente con un sistema de apoyo en la financiación de las medidas de los ataques, «sea a través de la utilización efectiva de los fondos ya existentes, sea con la adición de nuevos recursos para ello».
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Una seña de identidad
El organismo presidido por Ángel Gabilondo cree que el lobo es «una de las mayores señas de identidad de la naturaleza ibérica», uno de los pocos grandes depredadores que existen en los ecosistemas de la península ibérica, «en donde desempeña un papel ecológico clave para regularlos».
«Como depredador cumple una función insustituible, reguladora del equilibrio natural, al controlar las poblaciones de sus presas, evitando la sobrepoblación de herbívoros y salvaguardando el equilibrio y la existencia de la cubierta vegetal. Y de la salud de los ecosistemas depende, al fin y al cabo, la existencia de la vida en la Tierra, también la de los seres humanos y la de los animales domesticados que constituyen la cabaña ganadera», recuerda la institución.
Recurso ante el Tribunal Constitucional
El Defensor del Pueblo presentó en julio ante el Tribunal Constitucional un recurso contra varias disposiciones de la Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, por considerar que podrían vulnerar la Constitución al modificar el régimen de protección que recibía hasta entonces el lobo como animal silvestre en España.
Según el informe, la institución recibió 279 solicitudes para que lo hiciera y, además, también recibió quejas contra las resoluciones adoptadas por distintas comunidades autónomas -como las de Asturias, Cantabria o Galicia- que, en consonancia con este cambio legislativo, «establecieron un cupo de caza y muerte de ejemplares de lobo, o un programa anual de actuaciones d control del lobo, y procedieron a ejecutarlo».
Sobre el recurso, el Defensor del Pueblo ha explicado que no supone una toma de posición de la institución sobre el estatuto de protección que debe de recibir el lobo en España, ya que esto debe basarse en criterios científicos y en la legislación ambiental vigente.
Como fundamento, la institución sostiene que algunos de los cambios legales en la nueva norma no equilibran adecuadamente la actividad económica -en este caso, la ganadería- con la protección del medio ambiente, como exige la Constitución.
Además, considera que una de las disposiciones de la norma recurrida actúa como una ley singular, diseñada para aplicarse directamente a un caso concreto y eso cuestionaría la jurisprudencia. EFEverde
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