Madrid/ Tegucigalpa.- Han pasado 10 años desde el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres. Fue durante la madrugada del 2 de marzo de 2016 cuando dos hombres entraron en su vivienda en la ciudad de La Esperanza y le dispararon. Y todo, por luchar por el río Gualcarque, donde la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
Cáceres, quien era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la rechazó por considerar que causaba daños al medio ambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca a la que pertenecía y terminó pagándolo con su vida. Un asesinato que conmocionó al mundo y para el que, una década después, se sigue pidiendo llegar hasta el final.
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Verdad, justicia y reparación
Representantes de organizaciones de la Red de Defensores de Derechos Humanos en España se han concentrado este lunes frente a la embajada de Honduras en Madrid para denunciar la «persistente impunidad y la falta de responsabilidades» contra los autores intelectuales, políticos y empresariales que hicieron «posible el asesinato» pese a las condenas dictadas contra algunos responsables materiales, según han informado en un comunicado.
Durante la concentración, las organizaciones han hecho entrega de una carta dirigida al embajador y firmada por 170 organizaciones en la que exigen «verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición» para la familia de Cáceres y el COPINH.
Según ha explicado el miembro de la Comisión Internacional de Ecologistas en Acción Tom Kucharz, aunque los autores materiales del asesinato de Cáceres han sido condenados, quienes dieron las órdenes para ello siguen en la impunidad.
En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó las sentencias contra siete condenados por el asesinato de Cáceres y el intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien fue el único testigo, ya que era huésped de la líder indígena ese día.
No obstante, Kucharz ha destacado que el informe publicado el pasado enero del Comité interdisciplinario de expertas y expertos, convocado bajo los auspicios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «es muy claro» y señala que «el asesinato de Berta Cáceres fue planificado, con una involucración de los poderes políticos y económicos nacionales, pero también internacionales».
Ha recordado también que «se sabía que podría haber amenazas de asesinato y, aun así, el Estado hondureño no le brindó todas los medidas de seguridad».
«Muchos autores intelectuales, que pueden estar vinculados a la familia Atala, incluso al establishment del propio Estado hondureño en su momento, siguen en libertad», ha aseverado para agregar que «no se ha ni investigado ni condenado a los autores intelectuales».
La ONU pide investigaciones exhaustivas
En esta línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha abogado este domingo por que se mantenga «un compromiso firme para garantizar investigaciones exhaustivas, diligentes e independientes, incluyendo aquellas de carácter financiero» sobre el asesinato de Cáceres.
«La Oficina también destaca la importancia de que todas las instituciones responsables cooperen plenamente con los procesos de investigación, incluyendo el acceso a la información relevante y la desclasificación», ha indicado en un comunicado.
En línea con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OACNUDH también considera fundamental avanzar hacia un plan de reparación integral por los impactos que el proyecto hidroeléctrico, al que se oponía Cáceres en el oeste del país, tuvo en la comunidad indígena lenca de Río Blanco, incluidos los daños a su territorio ancestral y a sus prácticas culturales y espirituales.
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«En particular, resulta esencial adelantar acciones relacionadas con las medidas relativas al saneamiento del territorio ancestral y la plena garantía del derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos», subrayó el organismo de las Naciones Unidas en Tegucigalpa.
El representante de la OACNUDH en Honduras, Juan Carlos Monge, ha expresado que «en este décimo aniversario, es esencial recordar que la justicia no sólo implica garantizar investigaciones serias y eficaces, sino también prevenir nuevos ataques y proteger a quienes defienden los derechos humanos, en particular a las personas y comunidades que resguardan el medio ambiente».
Más vigente que nunca
El décimo aniversario del asesinato de la ambientalista será recordado en La Esperanza y otras ciudades de Honduras, pero también en España, con concentraciones en Gijón, Oviedo, Palma, Barcelona, Zaragoza o Sevilla, además de la anteriormente mencionada de Madrid, porque, según ha asegurado Kucharz, «Berta Cáceres es un símbolo».
Las palabras de Berta Cáceres y su defensa del territorio y por la justicia social y ambiental, ha concluido, hoy están más vigentes que nunca; por eso, es tan importante «cuidar su memoria y también seguir exigiendo justicia».
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Artículo de Mari Navas publicado en https://efeverde.com/diez-anos-asesinato-berta-caceres/
