Madrid, 8 oct (EFE).- La Ley de Movilidad Sostenible que se vota este miércoles en el pleno del Congreso busca descarbonizar el transporte, digitalizar el sector, reconocer la movilidad como derecho ciudadano y aumentar la eficiencia del gasto público.
Para ello crea un nuevo sistema de cogobernanza, obliga a las empresas de más de 200 trabajadores a tener planes de movilidad sostenible, impulsa la electrificación de trenes y también de puertos y aeropuertos, la supresión de vuelos cortos, la recuperación de trenes nocturnos, la reordenación de las rutas de transporte público por carretera y un mecanismo de financiación estable para el transporte público urbano.
También apuesta por sustituir el transporte de mercancías por carretera por el ferroviario, insta a la Dirección General de Tráfico a modificar las etiquetas ambientales y prevé el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.
Estas son las principales medidas que recoge la ley en diez claves:
1. Cogobernanza
– Se crea el Sistema General de Movilidad Sostenible, inspirado en otros sistemas nacionales, como el Sistema Nacional de Salud.
Contará con nuevos instrumentos como el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) -para compartir y analizar datos-, el Foro Territorial de Movilidad Sostenible -con representación de comunidades autónomas y entidades locales- y el Consejo Superior de Movilidad Sostenible, como órgano consultivo.
– Se regula el Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS), como marco para la planificación y gestión sostenible del transporte y la movilidad sobre la base de colaboración y cooperación de todas las administraciones públicas.
El Gobierno tiene 18 meses para aprobar el primer Domos tras la entrad en vigor de la ley.
2. Planes de movilidad
– A las empresas privadas y públicas de más de 200 trabajadores o 100 por turno se les da dos años para disponer de plan de movilidad sostenible.
– Los grandes centros de actividad (polígonos industriales y empresariales) también deberán aprobar el correspondiente plan de movilidad sostenible, que deberá revisarse, al menos, cada cinco años.
– Se da un año de plazo a los municipios de más de 20.000 habitantes y menos de 50.000 para dotarse de un plan de movilidad sostenible para sis años.
3. Transporte urbano
– La Administración General del Estado, a través de un Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO), participará en la financiación de los servicios del transporte público colectivo urbano de viajeros reservado a las entidades locales.
– El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible podrá efectuar pagos anticipados a cuenta de la liquidación durante el ejercicio de prestación del servicio, que se regularizarán en la liquidación anual.
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– La ley obliga a las ciudades a fomentar la movilidad activa (a pie, bicicleta o ciclo), la movilidad en transporte público, la intermodalidad, los vehículos cero emisiones, la ciclologística y las soluciones de optimización de los repartos.
– También prevé la regulación y promoción de la introducción progresiva de los vehículos automatizados en el sistema de transportes.
4. Electromovilidad
– Para desarrollar la electromovilidad, especialmente en larga distancia y transporte de mercancías, se prevé el establecimiento de puntos de recarga eléctricos en carreteras (gasolinaeras) y el de estaciones de recarga eléctrica rápida y ultrarrápida (electrolineras) suficientes y necesarios.
– A más tardar el 31 de diciembre de 2029, los aeropuertos deberán implantar una infraestructura que suministre electricidad a las aeronaves estacionadas en remoto y utilizadas en operaciones de transporte aéreo comercial para embarcar o desembarcar pasajeros o cargar o descargar mercancías.
– El Consejo de Ministros aprobará un plan estratégico para la sostenibilidad del transporte aéreo en España.
– También antes de 2030 los puertos asegurarán el suministro de energía eléctrica a buques y embarcaciones atracados, así como a maquinaria portuaria, flotas de vehículos pesados y parque móvil.
– Asimismo, el gestor aeroportuario y las autoridades portuarias publicarán anualmente la huella de carbono de la actividad aeronáutica y portuaria y se dotarán de un plan de reducción que podrá incorporar medidas de compensación.
5.- Transporte en autobús por carretera
– En el plazo de dos años a contar desde la aprobación del nuevo mapa concesional, deberán estar licitados los contratos de concesión de servicios de todas las concesiones estatales.
– En la transición al nuevo mapa concesioneal de transporte por autobús de competencia estatal se garantiza una compensación a las comunidades autónomas, si estas asumen paradas que antes estaban dentro de las concesiones estatales.
– Ante episodios de alta contaminación, los gestores de las infraestructuras y las autoridades estatales pueden decidir el cierre de la circulación de carreteras o tramos de ellas o restringir el acceso de determinados vehículos por motivos medioambientales.
6.- Transporte de mercancías
– Se impulsará la implantación de autopistas ferroviarias en corredores estratégicos del territorio español. Para ello, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible elaborará un plan o programa de autopistas ferroviarias en aquellos corredores donde sea viable y exista interés empresarial para su desarrollo.
– Se creará un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios para el tráfico de mercancías con el objeto de impulsar el cambio modal de la carretera al ferrocarril.
– Se fomentar la competitividad del transporte ferroviario de mercancías y se mejorará su eficiencia energética y su modernización e innovación. Para ello el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible implementará un nuevo programa de apoyo al sector del transporte ferroviario de mercancías.
– En el plazo de 1 año desde la entrada en vigor esta Ley, el Gobierno aprobará los objetivos estimados de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) hasta 2030 de acuerdo con el incremento estimado del uso del transporte ferroviario de mercancías previsto en «Mercancías 30».
7.- Etiquetas de la DGT
– En el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno presentará un estudio para actualizar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO2 como criterio adicional.
8.- Reducción de vuelos cortos
– El Ministerio de Transportes impulsará la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales.
9.- Recuperación de trenes nocturnos
– También presentará un estudio para la recuperación de trenes nocturnos.
10.- Descarbonización del sector
– En un plazo no superior a tres meses, el Gobierno propondrá las disposiciones necesarias para incorporar objetivos vinculantes de incremento de las energías renovables y reducción de la intensidad de gases de efecto invernadero en el sector del transporte.
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