La contaminación atmosférica, la pérdida de biodiversidad, todos los fenómenos asociados en general al cambio climático, unidos al abandono progresivo de amplias zonas rurales, obligan a repensar las herramientas jurídicas, sociales y económicas con las que afrontamos la protección de nuestro patrimonio natural.
La conservación del territorio, en este contexto, es mucho más que un desafío medioambiental: es un reto global que obliga a conciliar intereses ambientales, productivos y sociales desde una lógica de corresponsabilidad y cooperación. Y es a este fin al que se dirige la custodia del territorio.
La custodia del territorio no es una figura abstracta ni una mera declaración de intenciones. Se trata de un conjunto de acuerdos voluntarios mediante los cuales propietarios y usuarios del suelo se comprometen, junto con entidades especializadas, a gestionar fincas y espacios naturales de forma compatible con su conservación.
El papel del Notariado en la custodia
Esta aproximación parte de una premisa esencial: la protección efectiva del territorio no puede lograrse únicamente desde la imposición normativa o la mera supervisión administrativa, sino que requiere implicación directa de los usuarios, compromisos a largo plazo y seguridad jurídica que otorgue fiabilidad y amparo a todas las partes implicadas.
Precisamente en ese punto adquiere especial relevancia el papel del Notariado. Los notarios somos garantes de la legalidad y claridad de los acuerdos y de que estos son una fidedigna expresión de la voluntad de las partes.
En la custodia del territorio, este papel se traduce en algo fundamental: dotar de confianza y estabilidad a unos compromisos que, por su propia naturaleza, exigen no solo una comprensión profunda de sus repercusiones, sino una colaboración y dedicación activa para llevarlos a buen término.
El notario actúa como un facilitador imparcial, capaz de traducir objetivos ambientales en compromisos jurídicamente sólidos, comprensibles y ajustados a la legalidad vigente. Su intervención mejora la calidad de los acuerdos y la asunción de sus obligaciones, al tiempo que reduce la desconfianza y las barreras de acceso a esta figura.
La colaboración entre el Consejo General del Notariado y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico responde precisamente a esta necesidad. A través del trabajo conjunto desarrollado por ambas instituciones, se están analizando los instrumentos jurídicos existentes, detectando carencias normativas y proponiendo mejoras que refuercen la seguridad de los acuerdos de custodia.
Todo ello con el objetivo de consolidar la custodia del territorio como una herramienta plenamente integrada en nuestro ordenamiento jurídico y en las políticas públicas de sostenibilidad.
Extremadura y la custodia del territorio
Desde Extremadura, una comunidad profundamente ligada a su entorno natural y rural, esta cuestión resulta especialmente significativa. Nuestro territorio alberga una enorme riqueza ambiental, buena parte de ella situada en terrenos de titularidad privada. Pretender proteger estos espacios sin contar con quienes los habitan, trabajan y mantienen sería no solo ineficaz, sino profundamente injusto.
La custodia del territorio permite precisamente ese equilibrio: conservar y proteger, promoviendo la colaboración público-privada y la cooperación entre entidades privadas y entidades de interés social. El interés general no sólo se defiende desde lo público. Se defiende también, y más eficazmente, desde la cooperación común al interés general.
La custodia del territorio ayuda además a desterrar definitivamente la idea de que la conservación es incompatible con las actividades tradicionales.
Agricultura, ganadería, aprovechamientos forestales o caza regulada no son necesariamente amenazas para el medio natural; en muchos casos han sido históricamente sus mejores aliadas.
La clave reside en cómo se desarrollan esas actividades y bajo qué compromisos. Con esta figura se ofrece un marco flexible para adaptar los usos productivos a objetivos ambientales compartidos, garantizando al mismo tiempo la viabilidad económica de quienes viven del territorio.
Desde una perspectiva más global, la custodia representa también una evolución cultural. Supone pasar de una relación vertical entre administración y ciudadano a una relación horizontal basada en acuerdos, responsabilidad y confianza mutua. Tiene además una vertiente educativa y de concienciación indudable, lo que en el mundo actual, en el que la comunicación juega un papel esencial, no es nada desdeñable.
Pues cada acuerdo firmado es, en realidad, una oportunidad para generar conciencia social sobre el valor del entorno, para transmitir conocimiento intergeneracional, para reforzar el vínculo emocional entre las personas y el paisaje que las rodea y sobre todo para dar un mensaje claro: conservación territorial y progreso y bienestar social son compatibles, como también la conciliación de los intereses públicos y privados.
Desde el Notariado, y muy especialmente desde territorios como Extremadura, tenemos la responsabilidad y la oportunidad de contribuir a este cambio, aportando seguridad jurídica, visión de largo plazo y un compromiso firme con el interés general capaz de conciliar los desafíos ambientales, sociales, económicos y demográficos.
Ignacio Ferrer es decano del Colegio Notarial de Extremadura.
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde.
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Este blog de «influencers verdes» fue creado por Arturo Larena y ha sido finalista en los Premios Orange de Periodismo y Sostenibilidad 2023 en la categoría de «nuevos formatos».
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