Bogotá (EFEverde).- Al menos 146 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados o desaparecieron* en todo el mundo el año pasado defendiendo sus tierras, sus comunidades o el medio ambiente y Colombia fue en 2024 el país con más asesinatos de activistas medioambientales en el mundo por tercer año consecutivo, al registrar 48 casos, «un tercio de todos los ataques letales documentados», informó este martes la ONG Global Witness.
Global Witness documentó 117 asesinatos de defensores el año pasado (82%) en América Latina, de los cuales 48 se registraron en Colombia, que registró el mayor número de asesinatos a nivel mundial por tercer año consecutivo. Le sigue Guatemala, donde 20 defensores fueron asesinados en 2024, frente a los cuatro de 2023.
Aunque el informe anual reportó «una disminución de las represalias contra las personas defensoras» frente a los 79 asesinatos registrados en 2023 en el país, la organización advirtió que esta reducción «no equivale a una disminución general de la violencia».
De los 48 homicidios registrados el año pasado, al menos 20 fueron campesinos y 19 personas pertenecientes a comunidades indígenas, incluidos 13 miembros de la comunidad indígena Nasa en el departamento del Cauca (suroeste), según precisó el reporte.
Impunidad ante la violencia
Global Witness destacó que, en Colombia, solo el 5,2 % de los casos registrados desde 2002 «se han resuelto en los tribunales», una tendencia global que, según la organización, se debe a la «falta de sistemas judiciales que funcionen».
«Las familias de las personas defensoras asesinadas o desaparecidas rara vez ven a sus atacantes ante la justicia. Si tienen suerte, el autor directo, normalmente un asesino a sueldo contratado, será detenido y juzgado. Pero los autores intelectuales, aquellos que planifican y pagan el ataque, rara vez son condenados», sostuvo el informe.
La organización señaló a la producción de cultivos ilegales y el tráfico de drogas como «una causa principal de la violencia» y resaltó la «cultura del silencio» que, por miedo, lleva a pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes a no denunciar los «daños ambientales infligidos por las industrias extractivas», especialmente en zonas de conflicto y con presencia de grupos armados.
Falta de protección
De los 48 líderes ambientales asesinados el año pasado en Colombia, al menos cinco solicitaron o recibieron protección.
«Queda mucho por hacer para garantizar que las medidas de protección atiendan efectivamente las necesidades de las personas defensoras», afirmó en el reporte la lideresa social Jani Silva, de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA).
Silva señaló que a principios de este año tuvo conocimiento de que la Unidad Nacional de Protección de Colombia (UNP) quería retirarle las medidas porque, según la entidad estatal, «no se habían producido hechos victimizantes recientes».
«A menudo no denuncio cada uno de los incidentes de seguridad porque me supone ponerme en contacto con la Fiscalía General del Estado y hacer muchas declaraciones que rara vez sirven para algo», afirmó.
La activista explicó que finalmente le mantuvieron la protección «porque alguien de las Naciones Unidas aportó documentación sobre un incidente reciente».
México, Brasil, Filipinas…
Al menos 18 defensores fueron asesinados en México y al menos 12 en Brasil. Filipinas registró siete asesinatos, mientras que Honduras e Indonesia registraron cinco cada uno.
Un total de cuatro defensores desaparecieron en 2024 y no han sido encontrados: uno en Chile, uno en Honduras, uno en México y uno en Filipinas.
Una vez más, los pueblos indígenas fueron víctimas de alrededor de un tercio de los ataques letales, a pesar de representar alrededor del 6% de la población mundial.
EFEverde
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