Jeannette Bain, subdirectora de Políticas Públicas en ECODES
Introducir criterios medioambientales, sociales y económicos en la adjudicación de contratos públicos incentiva la resiliencia industrial, la cohesión social y la transición ecológica. Con la reforma de la Directiva de contratación pública, Europa tiene una oportunidad histórica para invertir en el futuro.
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El verano de 2025 nos está ofreciendo imágenes que deberían quedar grabadas en la retina de quienes toman decisiones políticas: incendios devastadores en el Mediterráneo, olas de calor que baten récords en toda Europa, sequías prolongadas que ponen en jaque al sector agrícola y fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. No se trata de episodios aislados, sino de la manifestación más visible de la crisis climática. Una emergencia que ya no admite más excusas ni dilaciones, y que exige cambios estructurales en la forma en que producimos, consumimos y gestionamos los recursos.
En este contexto, resulta llamativo que un instrumento tan poderoso como las contrataciones del Estado sigan ocupando un lugar secundario en el debate político, salvo cuando se trata de referencias a la corrupción. La contratación no es un tema técnico para especialistas en derecho administrativo: es una de las principales palancas económicas de las democracias modernas. Representa cerca del 15 % del PIB de la Unión Europea y, en el caso de España, alcanzó en 2023 el 11,55 % del PIB y casi una cuarta parte del gasto público. Estamos hablando de un volumen de recursos capaz de orientar sectores enteros hacia modelos productivos más sostenibles.
Sin embargo, hoy seguimos desaprovechando ese potencial. Según datos de la Comisión Europea, más de la mitad de los contratos públicos en la Unión se adjudican únicamente en función del precio más bajo. Esta práctica, que pudo tener sentido en épocas en las que la prioridad era el ahorro inmediato, se ha convertido en un obstáculo para la innovación, la resiliencia industrial y la transición ecológica. Lo barato sale caro cuando no se tienen en cuenta los costes ambientales, sociales y económicos a lo largo del ciclo de vida de un producto, servicio u obra.
Una reforma en marcha
La Unión Europea ha tomado en cuenta esta realidad. Tras diez años de aplicación del marco actual, la Comisión puso en marcha a finales de 2024 el proceso de revisión de las Directivas de contratación pública. El pasado 7 de julio, la Comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores del Parlamento Europeo aprobó, con enmiendas significativas, el proyecto de informe sobre esta reforma y el 8 de septiembre está prevista la votación final en el pleno del Parlamento Europeo, uno de los primeros hitos de un proceso que marcará el rumbo de la contratación en Europa durante la próxima década.
La disyuntiva es clara: o seguimos atrapados en la lógica actual, o damos un salto cualitativo para que la contratación pública se convierta en un motor de política climática, industrial y social. El debate no es meramente técnico sino de futuro. Porque la contratación pública tiene esa capacidad para moldear mercados: puede reducir las emisiones del propio sector público, generar una demanda temprana de tecnologías limpias, incentivar la resiliencia industrial, favorecer a las pymes y apoyar la creación de empleo local.
El Clean Industrial Deal ya ha situado a la contratación en el centro de la política industrial europea, al reconocer que es una de las pocas palancas capaces de crear mercados punteros en tecnologías limpias y sostenibles. También las Orientaciones políticas de la próxima Comisión (2024-2029) insistían en esta idea. No es un capricho ideológico: es la constatación de que, sin un uso inteligente de esta herramienta, Europa corre el riesgo de quedarse rezagada en la carrera global hacia la economía descarbonizada.
Qué debe cambiar
Para poder desplegar al máximo su potencial, la Directiva revisada debería desplazar la atención del coste más bajo hacia la mejor relación calidad-precio-sociedad, integrando criterios medioambientales, sociales y económicos; introducir estándares claros y armonizados que eviten la fragmentación y la inseguridad jurídica, tanto para compradores como para las empresas, especialmente para las pymes; reforzar la capacidad del sector público para impulsar decisiones capaces de apoyar infraestructuras, bienes y servicios sostenibles y duraderos, impulsar la innovación e incentivar industrias limpias sin necesidad de aumentar el gasto público.
No se trata de inventar la rueda, sino de actualizar el marco normativo para que apoye a quienes apuestan por la sostenibilidad y la innovación. Hoy, una administración que decide incorporar criterios sociales o ambientales corre el riesgo de impugnaciones o de incurrir en mayor complejidad burocrática. Eso debe cambiar: lo sostenible debería ser la regla, lo sencillo, lo natural y lo incentivado.
El debate no es abstracto
Según datos de la Comisión Europea, la adjudicación de contratos públicos basada exclusivamente en el precio —y no en la calidad— sigue siendo, en muchos casos, la norma. En términos generales, más de la mitad de los contratos en la UE se otorgan en función del precio más bajo, lo que reduce el potencial de la contratación como herramienta estratégica. Las cifras, además, muestran fuertes disparidades entre países: en algunos Estados miembros hasta el 93 % de los contratos se adjudican únicamente en función del precio, mientras que en otros esa proporción apenas alcanza el 8 %. En este contexto, España se sitúa entre los países con mejores resultados, con solo un 21 % de los contratos adjudicados por precio. No es un dato menor: en 2023 nuestro país gestionó más de 196.000 contratos públicos, por un importe superior a los 107.000 millones de euros, lo que demuestra la magnitud e importancia de la contratación pública.
Según datos de la propia Comisión Europea, la adjudicación basada únicamente en el precio, en vez de la calidad, sigue siendo en muchos casos la regla y en términos generales, más de la mitad de los contratos se han adjudicado en función del precio más bajo. España se encuentra en este escenario en una de las mejores posiciones, con solo un 21% de los contratos adjudicados en función del precio más bajo, lo cual no es un dato menor, ya que nuestro país gestionó en 2023 más de 196.000 contratos, por un importe superior a los 107.000 millones de euros.
La reforma europea debe ser la oportunidad para dar un giro estratégico: no se trata de gastar más, sino mejor. Una infraestructura más eficiente energéticamente, alimentos de mayor calidad en las escuelas y hospitales, un contrato de servicios que fomente la inclusión laboral. Todo ello genera valor añadido y ahorros a medio plazo. Lo contrario —premiar solo lo más barato— conduce a sobrecostes, ineficiencias y, lo que es peor, a seguir alimentando modelos productivos incompatibles con la situación en la que nos encontramos actualmente y de la que hemos visto las consecuencias de forma muy cercana.
Una decisión política
La votación del 8 de septiembre no es un trámite menor. Europa se enfrenta a una elección política de fondo y de futuro: ¿queremos que cada euro invertido con fondos públicos sea un catalizador de una industria fuerte, la descarbonización, la innovación y la cohesión social, o aceptamos que siga siendo un mero trámite administrativo?
La contratación pública puede ser una palanca de la transición ecológica o el lastre que impida avanzar al ritmo que exige la emergencia climática. Una de las grandes decisiones está ahora en Europa, pero sus consecuencias afectarán directamente a la vida cotidiana de millones de personas.
En un momento en el que la presión sobre el planeta alcanza niveles insostenibles, no basta con declaraciones solemnes ni con promesas de neutralidad climática a 2050. Hace falta actuar aquí y ahora, y la contratación pública —con su enorme capacidad de impulso económico e industrial— es uno de los instrumentos más poderosos para hacerlo. Ignorarla sería un error histórico.
La entrada Cada euro cuenta: el poder olvidado de la contratación pública en la política climática se publicó primero en EFEverde.
