Las ciudades europeas se enfrentan a un dilema cada vez más evidente: cómo gestionar sistemas vivos complejos —como el arbolado urbano maduro— dentro de estructuras administrativas diseñadas para lo previsible, lo lineal y lo fácilmente controlable. En ese choque entre complejidad biológica y simplificación administrativa se están tomando decisiones irreversibles que merecen una reflexión profunda.
Wangari Maathai nunca habló de árboles como simples organismos aislados. Para ella, los sistemas vivos —bosques, suelos, ríos— eran expresiones materiales de la relación entre poder, conocimiento y ciudadanía. Allí donde se talaba sin diálogo, donde se decidía sin explicar, algo más profundo se estaba erosionando. Esa lectura, forjada en contextos rurales y políticos complejos, resulta hoy sorprendentemente pertinente para las ciudades europeas.
La gestión del arbolado urbano se ha convertido en uno de los espacios donde esta tensión se manifiesta con mayor claridad. Bajo el argumento de la seguridad o del riesgo, se adoptan decisiones irreversibles que afectan a árboles maduros, muchas veces sin procesos de contraste técnico independiente, sin acceso completo a la información ambiental y sin explorar de forma realista alternativas de gestión adaptativa. Es un problema de método.
Desde la arboricultura moderna, el riesgo no se entiende como una condición binaria, sino como la combinación de probabilidad y consecuencias en un contexto determinado. Un árbol no “es peligroso” en abstracto; lo es —o no— en función de su arquitectura, su estado fisiológico, su entorno, los usos del espacio y las posibilidades de mitigación. La eliminación debería ser siempre la última opción, no la herramienta por defecto ante la incertidumbre.
Esta lógica conecta con otra figura clave del pensamiento urbano: Jane Jacobs. Mucho antes de que se hablara de infraestructura verde, Jacobs defendía que las ciudades funcionan como sistemas complejos, donde la diversidad, la interacción y la adaptación continua son la base de su resiliencia. Aplicado al arbolado, su planteamiento es claro: simplificar el sistema eliminando elementos vivos consolidados puede generar una ilusión de control a corto plazo, pero empobrece la ciudad a medio y largo plazo.
En los últimos años, distintos episodios en España han evidenciado esta dificultad para integrar el arbolado como infraestructura estructural (y no ornamental). Entre ellos, las talas sucesivas de árboles urbanos maduros en la plaza Llorenç Villalonga de Palma —en enero de 2024 (5 ejemplares) y nuevamente a finales de 2025 (17 ejemplares)— se han convertido en un ejemplo paradigmático. Más allá del caso concreto, lo relevante desde una perspectiva técnica es la repetición del patrón: actuaciones de alto impacto sin análisis post-intervención, sin revisión pública de los diagnósticos y sin aprendizaje institucional documentado.
Aquí aparece otra referencia fundamental: Elinor Ostrom. Su trabajo sobre la gestión de los bienes comunes demostró que los sistemas compartidos se gestionan mejor cuando existen reglas claras, transparencia, participación y mecanismos de revisión. El arbolado urbano es, en esencia, un bien común. Cuando su gestión se concentra en decisiones cerradas, no revisables y sin rendición de cuentas, como ha pasado en Palma, se debilitan precisamente los mecanismos que permiten una gestión sostenible en el tiempo.
Desde el punto de vista climático, la cuestión es aún más relevante. El arbolado urbano maduro no es reemplazable en el corto plazo. Su capacidad de sombreo, regulación térmica, secuestro de carbono, soporte de biodiversidad y mejora del bienestar no puede equipararse a plantaciones jóvenes durante décadas. Tratar su eliminación como un simple “mantenimiento” contradice la evidencia científica y los compromisos climáticos asumidos por las administraciones públicas.
La paradoja es evidente: mientras las ciudades se comprometen a renaturalizar el espacio urbano y a adaptarse al cambio climático, se toman decisiones que reducen la cobertura arbórea consolidada. Se trata de una fractura entre el discurso estratégico y la gestión cotidiana del territorio.
El debate, por tanto, no debería centrarse únicamente en si un árbol concreto debía o no ser talado. La pregunta más relevante es otra: qué modelo de gobernanza del verde urbano estamos construyendo. ¿Uno basado en la eliminación preventiva y la opacidad, o uno apoyado en ciencia, proporcionalidad, aprendizaje y participación?
Como recordaba Wangari Maathai, “no podemos proteger aquello que la gente no comprende ni siente como propio”. La gestión del arbolado urbano necesita procesos comprensibles, accesibles y abiertos. Lejos de generar conflicto, estos procesos fortalecen la legitimidad técnica y social de las decisiones y reducen la desconfianza.
España aún tiene margen para avanzar hacia un modelo más maduro: ordenanzas de arbolado ambiciosas, protocolos de evaluación del riesgo (y ejecución de éstos) basados en ciencia y no en percepciones, análisis post-intervención obligatorios, comisiones técnicas independientes y una participación ciudadana real, y no meramente formal. Integrar estos elementos no ralentiza la gestión: la mejora.
Porque la tala de un árbol es casi siempre irreversible. Pero el modelo de decisión que la sostiene no lo es. Y transformar ese modelo —hacia uno más riguroso, transparente y democrático— es una de las tareas clave de la ciudad contemporánea si quiere ser, a la vez, habitable, resiliente y justa.»
Olivia Cerdeiriña – Bióloga especializada en regeneración agraria y consultoría medioambiental
Imagen de archivo: Protesta de vecinos y ecologistas por la tala de árboles en el parque de Arganzuela en 2023 para la ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid.EFE/ Aitor Martín
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde.
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La entrada Arbolado urbano, gestión del riesgo y gobernanza. Por Olivia Cerdeiriña, bióloga. se publicó primero en EFEverde.
