Por José Ramón Becerra, coportavoz de Verdes Equo y director general de Derechos de los Animales del Gobierno de España
El año 2025 ha irrumpido en nuestras vidas trayendo consigo numerosas incertidumbres y retos en el plano político y social. Era de esperar, a la vista de cómo terminó 2024, al que despedimos entre ataques a la democracia y a los derechos humanos en todo el planeta.
Nuestro país no es una excepción en este panorama generalizado de involución ética y política, y por supuesto tampoco está libre de amenazas aquello que nos ocupa en la Dirección General de Derechos de los Animales, que no es otra cosa que la protección animal y la consecución de unos niveles avanzados de bienestar para los animales que conviven con el ser humano.
Tras la entrada en vigor en 2023 de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, el año 2024 ha sido un año de transición en el que lo fundamental era recuperar el amplio consenso ciudadano en torno a la necesidad de proteger a los animales del abandono y del maltrato, dejando atrás la desinformación, los bulos y el ruido político que acompañaron a la Ley 7/2023 durante su tramitación. No sin dificultades, hemos terminado el año pudiendo debatir y acordar con distintos agentes sociales e institucionales en torno al desarrollo reglamentario de diversos aspectos de la ley que en su día se vieron rodeados de polémicas artificiales y estériles, como el curso para la tenencia responsable de perros o el control de la cría irregular de animales de compañía.
Plan de Acción Estatal contra el Abandono de Animales
Con todo, en el año recién terminado también hemos seguido avanzando en materia de protección animal. Así, en octubre el ministro Pablo Bustinduy anunció la elaboración del I Plan de Acción Estatal contra el Abandono de Animales. Apenas dos semanas después, la DANA que afectó a Valencia y a otras regiones españolas puso sobre la mesa la necesidad de coordinar actuaciones extraordinarias para socorrer a los animales afectados, una línea de trabajo que ha culminado en diciembre con la inclusión en los reales decretos urgentes de ayudas de emergencia por valor de casi 400.000 euros para la reconstrucción de las entidades protectoras sin ánimo de lucro que resultaron severamente afectadas por el desastre climático, una medida que nunca antes se había adoptado en nuestro país ante una emergencia de esa magnitud.
Consejo para la Protección Animal y colonias felinas
Superado ese primer año de legislatura, en el horizonte de 2025 se atisban diversos retos que marcarán el trabajo de la Dirección General. Por un lado, la culminación del desarrollo reglamentario de la Ley 7/2023, con la exposición pública y aprobación de al menos dos reales decretos.
Junto a ellos, la puesta en marcha del Consejo Estatal para la Protección Animal, la promulgación de nueva normativa reguladora del bienestar de perros de asistencia y de otra para los animales integrados en los núcleos zoológicos. Sin olvidar la necesidad de afianzar la gestión de las colonias felinas, a través de un plan de acción que asiente un esquema estable de colaboración interinstitucional y de financiación de las actuaciones necesarias para el control de las poblaciones de gatos comunitarios en nuestro país.
Tentaciones involucionistas
Entre tanto, la protección animal en España no es ajena a las tentaciones involucionistas que se aprecian en el panorama político internacional. La reforma de leyes autonómicas como las de Madrid o la Comunidad Valenciana son buena muestra de ello, al igual que los intentos de resucitar espectáculos y tradiciones taurinas en lugares donde nunca tuvieron arraigo o donde la población hace décadas que les dio la espalda. En este sentido, será fundamental conocer el devenir de la Iniciativa Legislativa Popular ‘No es mi cultura’, dirigida a derogar la consideración de la tauromaquia como “bien de interés cultural”, para poder recuperar la capacidad de decisión en esa materia por parte de las comunidades autónomas.
2025, año clave en protección animal
En efecto, el año 2025 va a ser un año crucial para la protección animal en todo el mundo. Así, en España será clave para conocer si es legal seguir desecando Doñana, y también para saber si prosperan decenas de proyectos de macrogranjas o de piscifactorías, contra el sentir de quienes habitan los territorios donde pretenden implantarse.
Por su parte, en Europa se dirimirá si retrocedemos en la protección del lobo, en la restauración de los ecosistemas o en los objetivos de lucha contra la emergencia climática.
Y qué decir de lo que sucederá a escala global, donde la internacional del bulo y el odio no descansa, y el ascenso al poder de personajes como Trump promete dar nuevas alas a fuerzas reaccionarias -cuando no abiertamente antidemocráticas- empeñadas en desmontar avances conquistados tras décadas de lucha e impulso ciudadano. Ahí se seguirá jugando la partida geoestratégica en torno a cuestiones cruciales para el futuro del planeta como el control de la ganadería como parte sustancial del problema de la emergencia climática, el abandono de las energías fósiles, la sobreexplotación de los mares o la deforestación de los bosques tropicales.
Sin perder de vista esos retos, en 2025 desde la Dirección General de Derechos de los Animales continuaremos trabajando para poner las bases de unas políticas públicas de protección animal que nos equiparen a los estándares europeos más elevados. Un año más, seguiremos empujando en favor de una sociedad más justa, más humana y empática con los animales, y lo haremos con la certeza de que la sociedad española, de forma mayoritaria, nos marca el camino por el que transitar: el del respeto y la protección de los animales con los que compartimos viaje y destino.
(*) José Ramón Becerra es coportavoz de Verdes Equo
y director general de Derechos de los Animales del Gobierno de España
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