Madrid, 31 oct (EFEverde).- Organizaciones ambientales y de derechos humanos han denunciado que la votación de la Directiva Ómnibus I, prevista para el 13 de noviembre en el Parlamento Europeo, busca “descafeinar” la directiva de diligencia debida adoptada en 2024, un marco legal que obliga a las empresas que operan en la UE a respetar los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de suministro.
Según estas organizaciones, la reforma que se va a votar supone el primer paso hacia una desregulación masiva que “podría desmontar décadas de avances democráticos y ambientales” logrados con el Pacto Verde Europeo, segun un comunicado de la ONG Bloom.
“Lo llaman simplificación, pero es un recorte de garantías que favorece a los grandes lobbies industriales”, afirman fuentes de la sociedad civil consultadas por las oeneges.
Una nueva ley europea responsabiliza a las grandes empresas de su impacto ambiental y social
Presiones externas y chantaje político
La Directiva Ómnibus I forma parte de un paquete impulsado por la Comisión Europea para “reducir cargas administrativas”. Sin embargo, las ONG advierten que en realidad responde a presiones externas y diplomáticas, especialmente de Estados Unidos y Qatar, preocupados por el impacto regulatorio en sus sectores fósiles.
Además, según el comunicado que cita fuentes parlamentarias, la votación se ha convertido en un pulso político dentro de la Eurocámara, donde el Partido Popular Europeo estaría utilizando su peso para condicionar la posición de liberales, socialdemócratas y verdes.
En ese contexto, la amenaza del PPE es clara: o los grupos progresistas aceptan una versión debilitada de la directiva de diligencia debida, o se buscará una alianza con la extrema derecha para aplicar una reforma más radical.
“Es un chantaje inaceptable que pone en cuestión la autonomía del Parlamento y el equilibrio democrático en Europa”, denuncian desde el sector ambiental.
Riesgo de retroceso global
La directiva de diligencia debida, aprobada en mayo de 2024, se convirtió en referente internacional para exigir responsabilidades a las multinacionales por impactos socioambientales en terceros países.
Su debilitamiento supondría, según las ONG:
- Reducir las obligaciones de vigilancia en las cadenas de suministro
- Limitar la responsabilidad por daños ambientales y laborales
- Relajar controles sobre productos vinculados a deforestación o abusos
- Esto, advierten, abriría la puerta a prácticas de explotación y destrucción ambiental sin sanción en países proveedores.
Lucha por el liderazgo europeo
El resultado de la votación será, para muchos actores, una prueba de la resistencia del Parlamento Europeo a las presiones económicas y geopolíticas.
Las organizaciones firmantes piden rechazar la Directiva Ómnibus I y mantener intacto el “legado del Pacto Verde”, defendiendo la credibilidad de la UE como líder climático y social.
Aseguran que el voto del 13 de noviembre definirá si Europa mantiene su liderazgo moral o cede ante intereses económicos a corto plazo. EFEverde
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