Alfonso Peralta Gutiérrez, Juez Titular y co-director del Máster en Digital Law and Business Tech; Álvaro Perea González, letrado de la Administración de Justicia y Sonia Benito Elices, abogada Legal Operations Manager de Atlante, legaltech referente en el sector de recuperación de deuda, han participado en la webinar ‘Proyecto de Ley de Eficiencia Digital: impulsando una Justicia ágil, efectiva y digital’ organizado por Global LegalTech Hub (GLTH) en colaboración con Atlante, para debatir sobre la importancia del proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, actualmente en tramitación parlamentaria.
En este encuentro telemático, expertos han coincidido en la importancia de los Fondos Europeos Next Generation para la transformación digital de la Administración de justicia y el cumplimiento del Plan de Justicia 2030. Alfonso Peralta ha señalado que nos encontramos en un contexto en el que, a nivel europeo, todo va a girar hacia una estrategia digital clara y con una serie de reformas. Razón que explica el propósito de los fondos y la ambición de Europa “por ser una soberanía digital, con una comunidad inteligente y conectada”.
En este contexto, Peralta ha explicado que “el actual proyecto de ley, aunque debió haberse hecho desde hace décadas, hoy sigue siendo un avance que debemos reconocer, porque propone mejorar, contribuir y abordar problemas como la interoperabilidad, la cual no debe verse solo a nivel nacional, sino también europeo. Es decir, en el que los sistemas de Granada y Croacia sean capaces de intercambiar información y procedimientos con facilidad”.
En esta línea, el juez titular ha asegurado que el proyecto de ley español no aborda este tipo de plataformas de interconexión que permita el intercambio de documentos o expedientes electrónicos entre países, como sí se hace a nivel europeo a través de Códex o sistemas alternativos de solución de conflictos. “Estos sistemas digitales si bien son indispensables, también lo es el que los juzgados tengan puntos de acceso seguros, fiables, sin cajas negras y bajo supervisión humana y auditables, además de ser accesible para personas con discapacidad”, agregó.
Por su parte, Álvaro Perea ha hecho hincapié en la necesidad de una justicia ambiciosa, con visión europea y orientada al dato. “La administración pública de justicia debe aspirar a ser una administración europea y con legisladores comprometidos a cumplir los compromisos, pero que, además, centrándose en una cuestión decisiva en los próximos años: la tramitación electrónica orientada al dato, la cual consiste en navegar en una mar de datos de forma interconectada, coordinada e inteligente. Hoy la justicia maneja una verdadera industria del dígito, por lo que es posible realizar tramitaciones que permitan reservar al juez para aquellas cuestiones complejas y controvertidas que requieran una interpretación de la norma. Mientras que, aquellas cuestiones de naturaleza meramente burocrática deben ser automatizadas a través de herramientas informáticas”, explicó.
Sonia Benito ha recalcado que “invertir en justicia ayuda a crear un país mucho más competitivo, tener mucha más seguridad jurídica y atraer potenciales inversores”. Además, es una gran defensora de la interoperabilidad en la justicia, un hito presente de modo transversal en todo el texto del proyecto de Ley de eficiencia digital. Esta interoperabilidad entre las plataformas de los juzgados ayudaría a crear un registro electrónico común, capaz de contrarrestar las dificultades que se generan al interactuar con las plataformas de las diferentes administraciones de justicia, que muchas veces van a distintas velocidades. No obstante, aseguró que para “la homologación de los sistemas se necesita de la voluntad del Ministerio de Justicia como de las Comunidades Autónomas. Solo así se trazaría un dato más limpio, del que se pueda obtener estadísticas y metodologías para que la justicia sea mucho más eficiente”.
La tecnología de la justicia
Los expertos coinciden en que la ambición tecnológica en el sector de la justicia es una necesidad porque el actual sistema lleva años de retraso. Por lo tanto, para recuperarla y mirar al futuro necesita implementarse de la última tecnología: son e-codex, EDES, Icodex y eEdes, la inserción de la firma electrónica, la doble autentificación, sistemas biométricos dinámicos.
A nivel europeo, Alfonso Peralta ha señalado que, tanto la justicia digital como la eficiencia digital, están entre las prioridades de los Fondos Europeos. “Europa está diseñando una estrategia digital soberana, inteligente y conectada, ya que la falta de eficiencia digital supone a la justicia una pérdida de cerca de 11.000 millones de euros anuales”, recalcó.
En la misma línea, Álvaro Perea ha pedido que “se entienda la justicia como un elemento de competitividad a efecto de mercado, que va a viabilizar a que haya inversión privada o no”. Por lo tanto, es un error “instalarlo en el acervo político español como algo deficitario, lento, sin coste. Actualmente, hay consignado en cuentas, en los juzgados españoles, más de 4.000 millones de euros paralizados, bloqueados”. Un importe con un impacto importante en la economía nacional. “Espero que se pongan en marcha iniciativas que no solo mejoren el servicio público de justicia, sino que también signifiquen un importante ahorro económico, haciendo de España una potencia que permita competir con otras en el marco comunitario y en el internacional”.
Bajo ese mismo contexto, Sonia Benito ha acentuado la importancia del proyecto de Ley para evitar la pérdida de valor, y ha recalcado la homogeneización del dato como uno de los aspectos que se tienen en cuenta en este proyecto, pues ayudará a analizar las necesidades de las administraciones, la carga de trabajo de los juzgados y establecer dónde se pueden aplicar mayores recursos tanto humanos como tecnológicos. De tal modo que, con él, “evitamos la pérdida de valor, funcionamos de forma efectiva y ponemos a la tecnología a nuestra disposición”, señaló.
Los expertos jurídicos finalizaron su intervención valorando los tiempos de aprobación y puesta en marcha del proyecto de Ley de Eficiencia Digital. Por un lado, Álvaro Perea señaló que las prioridades legislativas y la coyuntura política retrasarán su aprobación, cuando deberían haber empezado ya con pruebas piloto. Alfonso Peralta añadió que mantiene la esperanza de su pronta aprobación, aunque señaló el factor económico como una de las principales razones de su retraso. Mientras, Sonia finalizó el encuentro siendo más optimista: “ya se están poniendo los cimientos y ejecutando, de hecho, ya se está trabajando en la interoperabilidad y en el dato, gracias a los Fondos Next Generation. Vamos avanzando en la eficiencia de la justicia”.
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