Women in a Legal World ha organizado la segunda edición del Foro Legal DigComp, una iniciativa de las Woman in a Legal World. ¿Cuáles han sido los avances de los agentes que aplican el Marco Europeo de DigComp para promover la adquisición de competencias digitales en la Administración Pública, el sector privado y la ciudadanía?
Tras la bienvenida de María Pardo de Vera, miembro de la Junta Directiva de WLW y responsable de la Comisión Tech, y de María Rico, responsable del Programa Legal DigComp; Rafael Fernández de Paiz, Fiscal y ex jefe de sección del servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial, ha contextualizado las dificultades de la aplicación del Marco DigComp desde el punto de vista de los jueces:
Aunque “el Consejo General del Poder Judicial destina 4 millones de euros de presupuesto a su formación”, sigue sin haber avances aparentes en materia de tecnología. Además, parece que hay una falta de “voluntad” entre los magistrados, hasta el punto de que, “de 5.000 jueces, solo 3.000 están interesados en adquirir formación nueva, y de esos 3.000, solo 300 o 400 están dispuestos a aprender más sobre IA”. Se presume que el perfil de magistrado suele ser de persona entre 50 a 60 años, habitualmente más reticente al uso de tecnología.
La pandemia impulsó su aprendizaje de tecnologías mediante “webinars, teams y zooms” y obligó al empleo de firmas digitales y otras tecnologías que han allanado el camino en su adquisición de competencias.
Rafael ha narrado que en los cursos impartidos por la Formación Continua de la Escuela Judicial se crean grupos de trabajo que trabajan en materias como las sentencias automatizadas. Estas suelen referir “clausulas suelo” y “delitos leves” que, con una correcta automatización, podrían aliviar la congestión actual de los tribunales.
El paulatino éxito de estos cursos es posible gracias a la colaboración del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, cuya presencia “presiona” a los jueces y les obliga a tomárselo más en serio.
Rafael concluye que ya hay muchas “barreras rotas” y que “ya se tienen los medios”. A partir de este momento, hay que aprender de errores como la “falta de globalización o de aplicación en otros sectores” y, así, “desatascar la Justicia”.
En la mesa redonda que tuvo lugar a continuación, moderada por María Rico, Teresa Muñoz-Reja, subdirectora general y jefa de estudios del Centro de Estudios Jurídicos, puso en perspectiva las palabras de Rafael, y se adentró en el programa de formación que el CEJ ha estado desarrollando desde su constitución en junio de 2023.
Desde el CEJ, han identificado 23 tipos de competencias (partiendo de las 21 impulsadas por el Marco DigComp) agrupadas en las siguientes cinco áreas:
Derechos y Deberes Digitales
Accesibilidad y Atención al ciudadano
Entorno Digital de Justicia
Gestión del cambio
Seguridad y Sostenibilidad
A estas áreas se suma la especificación de cuatro niveles de dificultad: básico, medio, avanzado y experto.
Como Teresa informa, CEJ ha avanzado en la estructuración de las Competencias Digitales, que han requerido la formación de un grupo multidisciplinar conformado por un fiscal, una letrada de la Administración, perfiles pedagógicos y personal técnico. Para el desarrollo de contenidos, han optado por “virtualizarlos” para que sean “auto consumibles” y los jueces puedan acceder a ellos de manera flexible. Igual pasa con la evaluación, que incluirá test del mismo modo “auto consumibles” con una certificación otorgada a posteriori.
CEJ también está implicado en uno de los grupos de trabajo de la Red Europea de Formación Digital, fomentando el intercambio de conocimientos a nivel internacional desde un grupo de digitalización conformado por más de 15 países. Sus objetivos son participar en la creación de una cultura digital común; fomentar el uso de herramientas tecnológicas (haciendo hincapié en la IA); y contribuir a incrementar la accesibilidad y la transparencia.
Próximamente, lanzarán actividades de gran interés. La más cercana será en junio, que contará con la colaboración de la UNESCO y estará centrada en la adquisición de competencias en IA.
El estado de formación en el sector privado
Boris Ruppman, consultor de SEIDOR, también ha estado en la mesa, y ha afirmado que “la transformación digital se centra en las personas y en la asimilación de herramientas”. En los entornos de trabajo, “la convivencia de perfiles de nuevas generaciones y boomers” es de gran relevancia.
Mientras que las empresas grandes están encabezando la adquisición de competencias, las empresas más pequeñas y los autónomos necesitan ayuda para enfrentar las dificultades. En cualquiera de los casos, el proceso de “particularización” o el employee journey es esencial: hay que hacer un estudio de la compañía incidiendo sobre “qué se tiene, a dónde se quiere llegar y dónde” se debe poner el foco en la formación.
Este proceso de digitalización de empresas y despachos modifica los riesgos de las compañías, al vulnerar los datos y la privacidad. Por ello, Ramón Arnó, representante de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), también presente en la mesa, considera que se ha de coordinar la formación en competencias digitales con la protección de los datos y, así, evitar usos negativos de tecnologías que provoquen problemas de seguridad fruto del desconocimiento. A tales efectos, es imprescindible “segmentar el tipo de formación” o, como María Rico añade, “graduar las competencias”.
Con todo lo visto, uno de los mayores desafíos asociados a la transformación digital es el miedo al cambio, un proceso en el que, en términos de los ponentes y en consideración de todo lo visto, la formación, las soluciones hábiles, la voluntad hacia el cambio cultural y la convivencia de los perfiles, entre otros factores de igual importancia, son clave.
