Carlos Capa
Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), expresó en el marco de las IX Jornadas de Juntas de Gobierno del Consejo General de la Abogacía Española que se celebran esta semana en Jerez de la Frontera (Cádiz), su profunda preocupación por la proliferación de plataformas de dudosa solvencia profesional que ofrecen servicios en asuntos como la segunda oportunidad, poniendo en riesgo la reputación de la abogacía y la protección del consumidor. Para el presidente del CGAE, la situación que es alarmante y considera “crucial” abordar este fenómeno de intrusismo profesional con seriedad.
González enfatizó la necesidad de combatir este fenómeno poniendo en valor la formación y el prestigio de los abogados. Subrayó que los profesionales jurídicos tienen un proceso de formación muy riguroso que incluye filtros académicos y exámenes nacionales. «Es vital que podamos demostrar al ciudadano que somos merecedores de su confianza», afirmó, destacando que ésta debe generarse a partir de la competencia y formación continua en áreas como la negociación y las tecnologías actuales.
El presidente del CGAE se centró específicamente en las preocupaciones que surgen en torno a las plataformas de servicios jurídicos, que, según él, en muchas ocasiones no tienen detrás a profesionales capacitados, “a veces ni abogados”. González explicó que estas ofertas digitales prometen soluciones rápidas y sencillas a problemas complejos, pero a menudo terminan por decepcionar a los clientes, quienes se sienten engañados después de realizar un esfuerzo económico y emocional. «Estamos recibiendo numerosas quejas de ciudadanos que han confiado en estas plataformas y han quedado insatisfechos con los resultados», comentó, refiriéndose a la dificultad que enfrentan aquellos que buscan asistencia en situaciones de vulnerabilidad económica.
El fenómeno de las plataformas que no emplean abogados, o lo hacen de una manera muy lateral, ha generado un aumento en la desconfianza hacia los profesionales jurídicos. «Las personas que acuden a estas empresas lo hacen en un estado de desesperación. No es raro que se encuentren con promesas de soluciones milagrosas que, al final, derivan en más problemas», agregó González. Esta situación es particularmente preocupante en el contexto de la Ley de Segunda Oportunidad, donde muchos ciudadanos ven en estas plataformas una salida a su desesperación financiera.
González también señaló que, a pesar de que existen colegios de abogados que ofrecen turnos de oficio específicos de concursal, pero que es imperativo que aumente la concienciación sobre el derecho a la defensa legal. «Los clientes no siempre tienen recursos para pagar un abogado, y es necesario que trabajemos para asegurar que cada persona, independientemente de su situación económica, tenga acceso a asesoramiento legal competente», aseguró.
Salvador González explicó que el intrusismo no solo viola normativas profesionales, sino que también crea falsas expectativas en los usuarios. La publicidad engañosa de muchas plataformas digitales dificulta la identificación de profesionales realmente cualificados. «La publicidad en este ámbito requiere una atención minuciosa y urgente», resaltó, refiriéndose a la necesidad de establecer un marco legal que proteja tanto a los consumidores como a los letrados.
«Estamos lidiando con un entorno complejo donde las plataformas cambian rápidamente y, en muchos casos, el usuario queda atrapado en un ciclo de promesas incumplidas», argumentó González. Este ciclo no solo afecta a los profesionales del Derecho, sino que provoca un impacto negativo en la percepción de la abogacía”
El presidente señaló que cada vez es más evidente que las plataformas que operan en este ámbito no están sujetas a las mismas regulaciones que los abogados. «No solo estamos luchando contra el intrusismo, sino también contra la falta de un marco regulador que garantice que las personas vulnerables reciban la protección y el asesoramiento que merecen», enfatizó.
Por último, González concluyó exposición ante la prensa acreditada en las Jornadas instando a los ciudadanos a ser cautelosos al elegir servicios legales externos y realizó un llamamiento a fortalecer el prestigio de la abogacía a través de la educación en el consumo y la regulación. «Debemos unir fuerzas para reafirmar la importancia del abogado como garante de derechos y defender el derecho de los ciudadanos a recibir un asesoramiento adecuado».
En un entorno donde la desinformación puede propagar problemas mayores a los ya existentes, la abogacía se posiciona, en opinión del presidente del CGAE, como un bastión de protección para quienes más lo necesitan. La abogacía, concluyó, “debe unirse para preservar la confianza de sus clientes, enfrentándose al desafío del intrusismo con determinación y profesionalidad”.
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