El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valladolid ha dado la razón a los clientes que presentaron una demanda contra los fabricantes de coches por haber acordado precios que supusieron una subida en los costes de los vehículos para los clientes. La demanda ha sido presentada por el despacho BGI LAW en nombre de los clientes incorporados en la Asociación de Consumidores CUE-Galicia contra las diferentes marcas de vehículos que habrían participado de forma irregular en un cartel para evadir la competencia natural entre ellos. En concreto, las 12 demandas resultas actualmente condenan a Renault al pago de una cantidad media de 1200€ euros por vehículo, “en base a la comisión de una práctica anticompetitiva, más los intereses devengados desde la fecha de la adquisición del vehículo”.
¿Quiénes participaron en el cártel?
Como recuerdan desde el despacho, el denominado Cártel de los Fabricantes de Coches fue denunciado en 2.013 por la empresa automovilística SEAT, que fue la encargada de destapar toda una red de intercambio de información sensible de aspecto comercial por parte de 26 grupos empresariales del sector del automóvil “con la intención de no hacerse competencia entre ellos y mantener unos precios elevados”, destaca Antonio Heredero, socio de BGI LAW.
Entre las compañías infractoras estarían empresas como Toyota, Hyundai, Peugeot, o Ford, así como el resto de marcas generalistas y algunas de las consideradas como de lujo.
Tras las investigaciones técnicas realizadas en las distintas sedes de las marcas y distribuidoras comerciales acusadas, se percibió que esos intercambios de información podían suponer un sobrecoste impuesto en los procesos de ventas de vehículo, así como de los servicios de postventa.
Una indemnización de hasta 1.500€
Las posibilidades de afección por lo tanto son múltiples, ya que el Cártel de Fabricantes de Automóviles denunciado está compuesto tanto por concesionarios, como por distribuidores comerciales y los propios fabricantes.
En definitiva, los afectados por este cártel son aquellas personas que hayan tenido transacción comercial con las marcas sentenciadas durante su periodo de actividad, esto es, hayan adquirido un vehículo de estas marcas o hayan hecho uso del servicio postventa ofrecido desde 2006 a 2013.
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