A raíz de la nota de prensa publicada por el Consejo General de la Abogacía Española, en la que afirman que el “Parlamento Europeo exhorta al Gobierno español a que encuentre soluciones para los mutualistas que se ajusten a las leyes de la UE”, desde Mutualistas x el Futuro queremos expresar que esta afirmación es errónea. No es correcto que el Parlamento Europeo exhorte al Gobierno español a encontrar soluciones para los mutualistas que se ajusten a las leyes de la UE, tal como comunica el CGAE.
Queremos defender que la mención de la nota de prensa a que “La Comisión exhorta a proseguir con un diálogo constructivo orientado a soluciones que se ajusten plenamente a la legislación, las políticas y las recomendaciones de la Unión Europea» es una interpretación descontextualizada de la evaluación que realizó la Comisión Europea ante la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo, que es la encargada de canalizar las reclamaciones ciudadanas ante las instituciones europeas. De hecho, el CGAE atribuye erróneamente las declaraciones del Ejecutivo comunitario a la Comisión PETI.
A modo de contexto, el pasado 17 de julio, la Comisión PETI abordó la situación de los mutualistas españoles en una sesión que contó con la participación de la Comisión Europea. En concreto, el Ejecutivo comunitario afirmó que no apreciaba infracciones del derecho europeo en relación con la situación de los mutualistas españoles y recordó que la regulación de las mutualidades alternativas es una responsabilidad de las instituciones españolas y no de la Unión Europea. Posteriormente, reafirmó estas declaraciones en su evaluación final, la cual fue recogida por escrito en un documento de la Comisión PETI.
De esta manera, y para quienes defendemos un mutualismo fuerte, transparente y abierto a la participación, este posicionamiento de las instituciones europeas resulta especialmente relevante. Refuerza la idea de que el modelo alternativo puede seguir siendo una opción válida y regulada dentro del marco nacional, y que su evolución debe abordarse con garantías, diálogo y respeto por los derechos adquiridos.
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