Un total de 117 fiscales de menores han reprochado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el cese de Francisco Manuel García Ingelmo como fiscal adjunto al fiscal de Sala de Menores, Eduardo Esteban Rincón.
En un escrito remitido a Delgado, destacan que este cese supone una «excepcional pérdida para la especialidad dentro de la Fiscalía General del Estado, no solo por la «excelencia en el desarrollo del trabajo que ha demostrado» García Ingelmo desde que fue designado, con diferentes fiscales de Sala y bajo el mandato de diferentes fiscales generales, sino, especialmente, «por sus cualidades humanas, por su completa disponibilidad y atención a todos los fiscales especialistas de menores y por su afabilidad, ampliamente demostrada durante tantos años».
«Ha conseguido que los especialistas en menores nos sintiéramos vinculados por un compañerismo que, gracias a su buen hacer, es algo más que participar de la misma especialidad», indican.
VIADA PIDE EXPLICACIONES
Por su parte, Salvador Viada Bardají, vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en el Consejo Fiscal, ha pedido que en la próxima sesión, prevista para mediados de septiembre, se incluya en el orden del día un punto sobre este cese.
Viada quiere que Delgado explique las razones por las cuales García Ingelmo, tras más de doce años de adscripción a la Fiscalía de Menores y «con un prestigio reconocido en la especialidad», ha sido cesado.
En concreto, quiere saber si la decisión de cesarlo proviene de ella o del fiscal jefe de la Sección de Menores, Eduardo Estaban Rincón.
Destaca que si el fiscal jefe no hubiera solicitado el cese siendo su superior directo, la decisión debe ser explicada, dado que «difícilmente puede obedecer a razones de índole profesional y de mejora del servicio». En este sentido, alude al escrito firmado por más de un centenar de fiscales de menores que lamentan el cese de García Ingelmo y ensalzan su competencia.
«Si la competencia del señor García Ingelmo parece reconocida por una mayoría de fiscales de menores, y si su fiscal jefe no hubiere solicitado el relevo, ¿cuáles son las razones de tal medida?», plantea Viada, que pide que las aclaraciones se proporcionen al Consejo Fiscal y pueda debatirse la cuestión en dicho órgano con intervención del conjunto de los vocales que soliciten la palabra.
«Los nombramientos y los ceses en la Fiscalía deben obedecer a razones y hay que explicarlas», subraya en declaraciones a Confilegal.
PETICIÓN DE PRESUPUESTO PROPIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Por otra parte, Viada solicita que el Consejo Fiscal se pronuncie en la próxima reunión sobre la necesidad de establecer una dotación prespuestaria diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado, como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional, cortando de esta manera el cordón umbilical con el Ministerio de Justicia.
Recuerda que, según el artículo 2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), la Fiscalía es «un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial«. En este sentido, indica que «al conferirle personalidad jurídica propia, el legislador establece que el Ministerio Fiscal tiene capacidad para poseer y administrar un patrimonio, para adquirir y poseer bienes de todo tipo, capacidad para contratar, y desde luego, capacidad para administrar su propio presupuesto».
Siendo esto así, manifiesta que «no hay obstáculo legal alguno para que el Ministerio Fiscal no pueda tener y administrar un presupuesto.
