Begoña Mollá
El pasado lunes, hace justo una semana, fue publicado en prensa digital que el Consejo General de Procuradores de España había sido sancionado con 2,4 millones de euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como resultado de prácticas abusivas relacionadas con la plataforma de subastas del Consejo. Esta multa ha generado gran preocupación en los colegios de procuradores de todo el país, particularmente en el Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia (ICPV), cuya decana, Begoña Mollá, ha manifestado su oposición a que Valencia asuma cualquier parte de esta sanción.
“Nosotros no hemos participado en esa plataforma”
“El Colegio de Valencia no ha participado en la plataforma de subastas. Ni bajo la decana anterior, Laura Oliver, ni ahora conmigo. No firmamos el convenio ni nos beneficiamos en ningún momento de esa plataforma. No debería afectarnos esta sanción”, afirma Mollá.
Según detalla Mollá, el Consejo General estableció la plataforma de subastas en 2016 exigiendo a los colegios interesados que firmaran convenios específicos para canalizar las subastas a través de los mismos, convirtiéndose así en entidades especializadas. Aunque la plataforma se vendió como una herramienta potencialmente beneficiosa, Mollá señala que unos cinco o seis colegios, de un total de 67, decidieron no firmar el convenio. “Más de 40 colegios firmaron y participaron en la plataforma, pero Valencia no fue uno de ellos. Sin embargo, ahora se espera que todos paguen una parte de esta sanción, lo que es profundamente injusto para nosotros”, afirma.
“Hay un problema de transparencia”
En relación a la sanción, Mollá subraya la falta de transparencia en el proceso. A pesar de la gravedad del asunto, asegura que ella y otros decanos no han tenido acceso a la resolución completa de la CNMC. “Nos han dicho que podemos acudir al Consejo para revisar la resolución, pero no se nos ha entregado copia. Es un problema de transparencia. Los decanos necesitamos saber exactamente de qué se nos acusa y cómo se han tomado las decisiones. Hasta ahora, el Consejo se ha escudado en una cláusula de confidencialidad con la CNMC para no proporcionar esta información. Nos hemos sentido ignorados y desinformados.”, explica Mollá.
Esta opacidad ha generado una gran preocupación entre los colegios. “La gente está muy preocupada. No sabemos cómo se va a pagar esta sanción ni cuáles serán los pasos a seguir. Según nos informaron, el Consejo tiene fondos para hacer frente a la sanción, pero ignoramos los detalles ni si esos fondos serán suficientes. Se ha provisionando fondos durante años para afrontar una posible sanción, pero no sabemos cuánto”, añade.
Una derrama sería injusta
Mollá también plantea el escenario en el que el Consejo General no tenga los fondos suficientes para cubrir la sanción. “Si hay que hacer una derrama, debería ser proporcional al beneficio que cada colegio haya obtenido de la plataforma. No sería justo que Valencia, el segundo colegio más grande de España, tenga que pagar en proporción a su tamaño cuando no se ha beneficiado en absoluto de esta plataforma”, afirma Mollá.
La decana también destaca que la creación de la plataforma de subastas no fue aprobada por el pleno del Consejo. “Fue presentada como una gran herramienta para el colectivo, pero muchos de nosotros no veíamos claro su funcionamiento y por eso no firmamos el convenio. Al final, parece que hemos tenido razón en nuestra cautela”, sostiene Mollá.
Es evidente que la gestión ha sido deficiente
A pesar de la gravedad, Mollá destaca que no está en contra de la plataforma de subastas, sino de su gestión. “Podría ser beneficiosa si se gestiona adecuadamente. Hoy en día, existen muchas empresas privadas que se dedican a la gestión de subastas, por lo que cuestiono si era realmente necesaria o si ha invadido un terreno bien cubierto por el sector privado”, señala.
En cuanto a la situación financiera del Consejo General, Mollá expresa su preocupación por la posible carga que esta sanción podría representar para los colegios que no participaron en la plataforma. “Estoy dispuesta a pelear para que Valencia no ponga ni un solo céntimo. Estoy dispuesta a llegar hasta donde sea necesario para defender a nuestro colegio. Si eso implica recurrir a los tribunales, lo haré”, advierte.
Una reunión para recibir información detallada
En medio de esta crisis, Mollá subraya la importancia de informar a los colegiados sobre la situación actual. “Nuestros colegiados merecen saber lo que está pasando. Pero, antes de eso, necesitamos saber qué nos dice el Consejo. Estamos pidiendo una reunión para recibir información detallada y tomar decisiones informadas”, dice Mollá.
De cara al futuro, la decana insiste en que Valencia no se quedará de brazos cruzados si se intenta imponer una derrama indiscriminada. “Creo firmemente que cada colegio debe pagar en proporción a su participación en la plataforma de subastas. No tiene sentido que el Colegio de Valencia, con más de 500 colegiados, tenga que cargar con una sanción por algo en lo que no hemos tenido nada que ver. Esa postura la tengo clarísima, y no voy a cambiarla”, concluye.
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