Begoña Mollá
El apagón eléctrico que afectó el pasado día 28 al sistema judicial español ha puesto de manifiesto una grave carencia organizativa: la inexistencia de un protocolo claro para actuar ante fallos técnicos generalizados. A pesar de que el Ministerio de Justicia anuncio el martes de que el sistema funcionaba con normalidad, lo cierto es que el mismo seguía sin funcionar y muchos procuradores seguían sin poder acceder a las plataformas digitales, lo que impidió el desarrollo ordinario de su trabajo y pudo afectar a los derechos procesales de los ciudadanos.
“El apagón nos dejó completamente a oscuras. Mientras se comunicaba oficialmente a última hora del martes que todo funcionaba, la realidad era que muchos compañeros seguían sin acceso a internet, sin poder descargarse las notificaciones y los traslados, sin poder firmar electrónicamente ni presentar escritos. Para muchos, el bloqueo duró más de dos días”, denuncia Begoña Mollá, decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia.
No se comprobó el correcto funcionamiento de los servicios recuperados
El problema, explican desde el colegio, no se limita a un fallo puntual, sino a la falta de previsión estructural. Desde el lunes, día festivo en Valencia capital pero laborable en el resto del país, la caída del suministro eléctrico desestabilizó las plataformas judiciales. Aunque el CGPJ actuó con rapidez suspendiendo los plazos procesales lunes y martes, el miércoles se reanudó la actividad sin comprobar previamente que todos los operadores jurídicos pudieran trabajar con normalidad.
“Hubo zonas donde no había ni luz ni conexión a internet, pero se dio por hecho que todo estaba resuelto. Es inaceptable”, subraya Mollá. Durante dos días, numerosos procuradores no pudieron acceder a los sistemas que garantizan su trabajo diario: notificaciones, presentación de escritos o firma digital, entre otros. “No se trata solo de que no podíamos trabajar. Es que no estaban garantizados los derechos de los ciudadanos que representamos. ¿Cómo se defiende a alguien si no puedes ni siquiera presentar su escrito en plazo?”, se pregunta la decana.
Elaboración urgente de un protocolo nacional
Desde el Colegio de Procuradores de Valencia reclaman la elaboración urgente de un protocolo nacional que permita una respuesta coordinada, ágil y garantista en este tipo de situaciones. “Necesitamos un mecanismo claro que indique qué hacer y cómo actuar ante apagones, caídas del sistema o cualquier otra circunstancia de fuerza mayor. No puede ser que cada vez improvisemos. Esta vez fue la luz. ¿La próxima qué será?”, se pregunta Mollá.
Además, consideran imprescindible que el CGPJ tenga la facultad directa de interesar la declaración de días inhábiles de forma automática en situaciones en las que no se pueda garantizar el funcionamiento pleno del sistema. “Suspender plazos y reanudarlos no sirve si no se comprueba que todos los profesionales pueden continuar trabajando. Si en una zona sí hay servicio y en otra no, no estamos en igualdad de condiciones. Y eso rompe la equidad del sistema judicial”, afirma la decana.
Un aviso que debería de servir para activar los mecanismos necesarios
Aunque Mollá reconoce y valora la rápida reacción del CGPJ y la coordinación con los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, insiste en que el problema reside en la falta de previsión por parte del Ministerio. “Se anunció que todo funcionaba sin preguntar a los profesionales. Y no era cierto. Muchos sistemas seguían sin estar operativos, y eso generó confusión, ansiedad y perjuicios”.
El apagón ha sido, en palabras de la decana, “un aviso” que debería servir para activar los mecanismos necesarios antes de que una situación similar vuelva a producirse. “Estamos digitalizados, sí. Pero si el sistema se cae, se paraliza toda la justicia. Y si no hay protocolo, hay indefensión. Esto no puede volver a pasar”, concluye Mollá.
La entrada Los procuradores valencianos piden un protocolo para gestionar mejor posibles nuevos apagones y evitar indefensión se publicó primero en Lawyerpress NEWS.
