Un año después de la DANA que devastó la Comunidad Valenciana, un nuevo análisis elaborado por Herrero & Asociados pone de manifiesto una consecuencia hasta ahora poco estudiada: el severo impacto sobre la capacidad de innovación y protección de activos intangibles de las empresas afectadas.
El estudio, basado en datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), revela descensos alarmantes en las solicitudes de registro de marcas y nombres comerciales. De los 87 municipios que sufrieron su actividad industrial afectada, este se centra en los 24 con zonas industriales de consideración altamente grave (de acuerdo con el Informe de daños en la industria de fecha 22 de noviembre de 2024 emitido por la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE VALENCIA) tras el impacto de la catástrofe durante los 6 primeros meses.
Datos que evidencian una crisis más allá de lo físico
Entre noviembre de 2024 y abril de 2025, las solicitudes de marcas nacionales cayeron un 25% (de 220 a 165) y los nombres comerciales se desplomaron un 55,8% (de 77 a 34) en comparación con el período equivalente del año anterior.
En el caso de las marcas comunitarias, el descenso alcanzó el 29,4%, pasando de 85 a 60 solicitudes, lo que refleja una pérdida significativa de proyección internacional de las empresas afectadas.
Aunque el conjunto de la provincia de Valencia también experimentó descensos (26,7% en marcas nacionales), la caída es notablemente más acusada en las zonas industriales más golpeadas, evidenciando una clara desigualdad territorial en la capacidad de recuperación.
Más allá de la infraestructura: el debilitamiento estratégico
«La catástrofe no solo destruyó naves y maquinaria. También erosionó los mecanismos mediante los cuales las empresas protegen y capitalizan sus capacidades diferenciales», explica Rafa Vicent, consultor experto en PI de la oficina que Herrero & Asociados tiene en Valencia. «El descenso sostenido de solicitudes refleja un tejido empresarial más frágil, con menor capacidad de diferenciación comercial y de proyección exterior», añade.
El análisis identifica varios factores estructurales y coyunturales detrás de este fenómeno. En primer lugar, la reducción drástica de liquidez llevó a las pymes a priorizar la supervivencia inmediata sobre inversiones estratégicas. A esto se sumó una incertidumbre prolongada, donde la demora en la llegada de ayudas públicas generó parálisis en la planificación empresarial. También destaca la vulnerabilidad estructural de muchas empresas que carecen de departamentos especializados en innovación, lo que limita su respuesta ante eventos disruptivos. Finalmente, la caída en marcas comunitarias evidencia un freno significativo a la internacionalización y pérdida de ambición exportadora.
Recomendaciones para una recuperación integral
Herrero & Asociados propone cinco líneas de acción prioritarias para revertir esta tendencia. La primera consiste en agilizar las ayudas post-catástrofe mediante procedimientos digitalizados y asistencia técnica especializada que permitan a las empresas acceder tempranamente a liquidez. En segundo lugar, se plantean bonificaciones fiscales a la innovación en zonas afectadas para compensar los sobrecostes asumidos y estimular la recuperación de activos intangibles. También se propone crear un ecosistema de resiliencia climática empresarial que integre seguros adaptados al riesgo climático y programas de continuidad empresarial. Adicionalmente, se considera esencial establecer programas de acompañamiento estratégico en reconstrucción de marca y desarrollo de nuevos modelos de negocio, especialmente para pymes que han perdido visibilidad o capacidad de diferenciación. Por último, se recomienda fomentar la innovación local colaborativa conectando empresas, centros tecnológicos y universidades en torno a retos reales de reconstrucción.
Sobre el estudio
La investigación analizó la evolución de solicitudes publicadas de marcas nacionales, nombres comerciales (OEPM) y marcas comunitarias (EUIPO) cuyos titulares constaban como residentes en los 24 municipios con zonas industriales más afectadas, comparándolas con los del conjunto de la provincia de Valencia. Se estudiaron los períodos desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril (OEPM) y hasta el 30 de junio (EUIPO) de los ciclos 2023-24 y 2024-25, utilizando la base de datos FOVEAIP.
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