El año 2023 ha estado especialmente marcado por la entrada en vigor del libro tercero de la Ley 16/2022, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, que introdujo en nuestro ordenamiento jurídico los nuevos procedimientos especiales para microempresas como alternativa a los procedimientos concursales ordinarios o “tradicionales”. En el anuario 2023 se han registrado un total de 495 de estos procedimientos, en su gran mayoría (96,2%) de liquidación. El total de concursos de la muestra se ha reducido en 2023 en un 17,8% tras el gran incremento experimentado en 2022 (que fue del 26,7%), así como también lo han hecho los pasivos inmersos en estos procedimientos (ordinarios y especiales) en más de un 50%, superando levemente los 5.000 millones de euros (10.500 en 2022). La concursada típica continúa perteneciendo al sector servicios (no inmobiliarios) e inicia el procedimiento con once años de antigüedad. Este año sólo un 9,6% tendrían capacidad para cancelar sus deudas en 5 años, y el 66,3% han obtenido un resultado neto negativo.
Estas son algunas de las conclusiones extraídas del Anuario Concursal elaborado por el Colegio de Registradores, con el asesoramiento científico de la UAB, cuyo estudio completo se puede consultar en https://www.registradores.org/actualidad/portal-estadistico-registral/estadisticas-concursales
La deteriorada situación financiero patrimonial en la que se encuentran las sociedades que inician el procedimiento, sea ordinario o especial, y voluntario en el 97% de los casos, se ha convertido en una característica estructural más del mismo: dos terceras partes tienen resultados netos negativos y más del 50% ni tan siquiera generan recursos positivos para atender su deuda. Aquellas sociedades que inician el procedimiento en 2023 presentan fondos propios negativos en el 47% de los casos (53,6% en 2022), y tan sólo el 16,5% habría tenido capacidad financiera suficiente como para cumplir un convenio aprobado dentro de los límites habituales de la Ley concursal (13% en 2022).
En 2023 la proporción de concursos de sociedades del ciclo de la construcción continuó estable alrededor del 20% (21,6%) manteniendo, por tanto, la distancia con el 27,3% de 2017. Del total de concursadas, pertenecen al sector de servicios no inmobiliarios el 63,2% de las sociedades.
Reasignación de recursos y recuperación del crédito
En 2023, de las 1.514 fases sucesivas iniciadas (convenio o liquidación), un 90,8% (87,9 en 2022) fueron liquidaciones directas, y un 6,7% (6,6 en 2022) liquidaciones procedentes de intentos fallidos de reestructuración. Por primera vez, las liquidaciones sobrepasan el 95% del total de fases sucesivas iniciadas (97,4%).
En más de 2.660 casos (2.800 en 2022 y 2.700 en 2021), se declaran concursos sin masa, es decir, sin recursos suficientes para atender los costes del procedimiento; y tan solo en 10 casos se inicia la fase de liquidación posterior, indicando así que finalmente sí disponían de recursos suficientes para sufragar el procedimiento concursal.
En relación con las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios (y siempre bajo el supuesto de cumplimiento íntegro de los pagos), la mediana de la expectativa de cobro de las deudas en 2023, 48,8%, fue ligeramente superior a años anteriores (47,7% en 2022, 47,5% en 2021 y 47,6% en 2020), siendo de un 58,7% para convenios aprobados en fase común (sin apertura de fase de convenio, y por tanto más ágiles). En un 25% de los casos esta expectativa de cobro es superior al 80,3% de las deudas (67% en 2022), y en un 5% de los mismos se devolvería más del 94,8% (96% en 2022) de las deudas.
Duración del concurso
Con las novedades procesales introducidas por la Ley 16/2022 ha sido necesario realizar cambios metodológicos que afectan al análisis por tipo de tramitación (los procedimientos abreviados desaparecen), por lo que ahora se diferencia entre concursos de mayor y menor complejidad (por encima o por debajo de 5 millones de pasivos). Diferenciando por tipología, el 85,5% de los concursos de menor complejidad alcanzan la fase sucesiva (convenio o liquidación) en un año o menos, porcentaje sorprendentemente similar para los concursos de mayor complejidad (85,1%). Sea cual sea la tramitación, el procedimiento es típicamente más rápido en aquellos concursos solicitados por el deudor, es decir, voluntarios.
En 2023 se ha estimado que el concurso de menos complejidad típico (liquidatorio) tarda 351 días en concluir, 1.678 días (1.484 en 2022) si excluimos los concursos sin masa y exprés (aquellos con conclusión de concurso simultánea a la declaración); mientras que los de mayor complejidad requieren de 2.430 días (2,877 en 2022 y 2.716 en 2021). La mayor parte de este tiempo, de nuevo, se consume en la fase de liquidación, siendo ajeno por tanto a cuestiones procesales.
Por su parte, los concursos denominados “sin masa”, con y sin nombramiento de administrador concursal, y que han concluido en 2023, han tenido una duración media de casi 70 días; y poco más de un mes un el 5% de los casos.
En este anuario no se observa asociación positiva entre la dimensión de la concursada y la duración de la fase común (tiempo atribuible enteramente al procedimiento y no a operaciones societarias como la liquidación), pero sí se constata una mayor presencia de sociedades del sector de la construcción en aquellas fases comunes más lentas. Un año más, es en el grupo de concursos de mayor complejidad y mayor duración donde encontramos el 5% de empresas de mayor tamaño de toda la muestra, con pasivos superiores a los 68 millones de euros, cuando el pasivo típico de este grupo se sitúa en los 7,3 millones de euros.
Ciclo de la Construcción
En 2023, pese a la disminución en el número de concursadas de la muestra analizada, aquellas pertenecientes al ciclo de la construcción mantienen su peso sobre el total en alrededor del 21%, lejos ya del 32,8% de 2015, o el 41,1% de 2013. Del total de pasivos afectados en 2023 (poco más de 5.000 millones, frente a los más de 10.500 millones de 2022 o los 3.400 millones de 2021) la participación de la construcción se situó en un 18,8% de ese importe.
En 2023, de nuevo han sido las sociedades de la industria para la construcción las que reflejaron los peores niveles de viabilidad: en caso de generar recursos positivos (36,5% de los casos) requerirían 17 años para atender la totalidad de sus pasivos. Las dedicadas a las actividades inmobiliarias mantienen ese tiempo en 10 años, como en 2022 (frente a los 16 de 2021 y los 25 de 2020). La sociedad típica del subsector de la construcción con recursos generados positivos, alrededor del 45% del total, tardaría 14 años (16 en 2022, 10 en 2021) en atender todas sus deudas.
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