XIX Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia Aranzadi LA LEY
Presentación del Observatorio de la Actividad de la Justicia Aranzadi LA LEY
La Fundación Aranzadi LA LEY ha presentado la XIX edición del Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, patrocinado por Banco Santander, un estudio de referencia que desde 2007 analiza la evolución del sistema judicial español, sus fortalezas, carencias y los retos que condicionan la calidad del servicio público de la Justicia.
El Informe ofrece una radiografía rigurosa de la actividad judicial en España y formula propuestas para mejorar la eficiencia, la capacidad resolutoria de juzgados y tribunales y su adaptación a los cambios normativos y organizativos. La edición de 2025 pone el foco en la implantación de los Tribunales de Instancia, uno de los ejes centrales de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Durante la presentación, Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY, destacó que el Informe combina el análisis cuantitativo de la actividad judicial —a partir de datos oficiales y de la herramienta Jurimetría— con un examen cualitativo del impacto de la Ley Orgánica 1/2025. Aunque el Índice General de la Actividad Judicial refleja cierta recuperación en la capacidad resolutoria, en 2024 el sistema aún no logró resolver más asuntos de los que ingresaron, lo que evidencia la magnitud de los retos pendientes.
Adoración Fuentes, directora del Centro de Documentación de Aranzadi LA LEY, señaló que los principales indicadores no muestran cambios significativos, con un plazo medio de resolución estable en 9,2 meses, y destacó el incremento de la carga de trabajo de jueces y magistrados, posiblemente relacionado con la disminución del número medio de jueces por habitante. Subrayó que las expectativas se centran ahora en el impacto que la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025 pueda tener sobre estos indicadores y en la necesidad de acompañar la reforma con planificación, recursos y seguimiento constante.
El análisis cualitativo del Informe pone de relieve que la Ley de Eficiencia de la Justicia ha tenido un impacto relevante en la organización y funcionamiento de la Administración de Justicia. No obstante, los expertos advierten de los riesgos que podrían comprometer el éxito del nuevo modelo si no se acompaña de una planificación adecuada, formación suficiente e inversión en medios materiales y humanos. También reclaman una mayor unificación de criterios, adaptación cultural y colaboración entre todos los actores del sistema.
Desde la judicatura, Miguel Pasqual del Riquelme, magistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, subrayó que la implantación de los tribunales de instancia por la LO 1/2025 cumple promesas largamente pendientes de transformación del modelo organizativo, basado en juzgados unipersonales rígidos e ineficientes. Sin embargo, advirtió de que el ritmo de implantación, la falta de dotación presupuestaria y la escasa planificación pueden generar resistencias y limitar el alcance real de los cambios.
Aun así, destacó que el nuevo modelo, más flexible, permitirá un crecimiento más racional y menos costoso en recursos humanos, especialmente en jueces y magistrados, y favorecerá una organización más colegiada, capaz de optimizar recursos, fomentar la especialización, homogeneizar cargas de trabajo y mejorar la previsibilidad de las resoluciones judiciales.
Natalia Hermoso de Mena, letrada de la Administración de Justicia, subrayó que la LO 1/2025 supone una reforma estructural de gran calado, que exige mayor coordinación de los servicios comunes y una mejor optimización de recursos ya limitados. Destacó además el papel imprescindible del Expediente Judicial Electrónico como base tecnológica para garantizar una tramitación ágil y coherente.
Desde la abogacía, María Gil- Carcedo de Morales, directora de Legal Contencioso en Moeve, señaló la necesidad de “aportar soluciones que doten de seguridad jurídica a las operaciones de las compañías y a sus grupos de interés, destacando el potencial de la tecnología y la digitalización para impulsar la calidad, la eficiencia y la agilidad del sistema judicial, que debe garantizar la coordinación entre los tribunales y las oficinas judiciales».
Por su parte, Carmen Giménez Cardona, vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, puso el acento en la necesidad de una mayor implicación y coordinación de todos los operadores jurídicos para que el servicio público de la Justicia sea más reconocible y accesible para la ciudadanía.
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