Carmen Giménez Cardona, Vicedecana del ICPM
Recientemente, se ha presentado en sociedad una nueva asociación de Letrados de la Administración de Justicia denominada PROLAJ. En el acto de presentación, su presidente nacional Alejandro Asensio Muñoz, enumeró entre sus objetivos, la necesidad de colaboración entre los operadores jurídicos para lograr mejores resultados a la hora de administrar justicia.
Indudablemente, siempre ha resultado necesaria esa colaboración, pero en el momento actual se presenta como imprescindible, ya que las reformas introducidas nos afectan de forma directa a todos, y en especial a los ciudadanos.
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero se pretende mejorar la eficiencia del servicio público de justicia. Para ello, entre otros, presenta como objetivo la transformación de la oficina judicial creando los Tribunales de Instancia y estableciendo un modelo colegiado de funcionamiento que mejore la transparencia judicial y la especialización de los órganos judiciales.
Si la implantación desigual de las nuevas tecnologías ha supuesto, por ejemplo, un desarrollo distinto del expediente judicial electrónico en función de los territorios de aplicación, esta nueva organización será implantada de forma distinta en cada Comunidad Autónoma, y me atrevo a decir que en cada partido judicial.
Esta reforma organizativa de la Administración de Justicia tiene que venir acompañada de un cambio de mentalidad por parte de los operadores jurídicos. Todos hemos de hacer frente a los cambios y dificultades que se presentan ante la puesta en marcha de este nuevo paradigma judicial.
La modificación de la planta es de gran calado y afecta a todos los que tenemos una relación constante con los órganos judiciales. Jueces, Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores, etc., hemos visto alterada nuestra forma normal de actuar desde el día 1 de Julio de 2025 en que se puso en marcha la fase I de implantación de los nuevos Tribunales de Instancia en algunos partidos judiciales y así, va a ser, sucesivamente hasta el 31 de diciembre, día de la entrada en vigor de la FASE III con la que finaliza la implantación en todos los territorios.
Este nuevo sistema no estaba previsto para el traslado a otra dependencia de los autos en papel, sino que contaba con que la implantación del expediente judicial electrónico era ya una realidad. Sin embargo, las distintas administraciones implicadas, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias transferidas, han dado a la consolidación de las nuevas tecnologías, un impulso desigual.
A todo ello, tenemos que añadir que los propios antiguos Juzgados y Tribunales hacían un uso desigual de las herramientas técnicas de que disponen, con las consiguientes diferencias a la hora de tramitar y gestionar un procedimiento. Por tanto, lo deseable es que se unifiquen criterios para que esta gestión del procedimiento sea igual con independencia del territorio judicial donde se tramiten.
Seguramente, los profesionales que más notemos las diferencias en el quehacer diario de los nuevos tribunales seamos los procuradores, como consecuencia de que nuestra labor la realizamos apegados a ellos. Somos los procuradores los que junto con los funcionarios estamos sufriendo el día a día de una nueva organización para la que, en muchos casos, no se estaba preparado.
Es indudable que todo cambio genera tensión en todos nosotros. La nueva organización requiere que todo el mundo aterrice en esta nueva forma de gestionar la Justicia, pero no podemos olvidar que, como titula la Ley, este cambio es para mejorar la eficiencia del servicio público de justicia.
Todos nosotros estamos implicados en que el servicio público de justicia dé la mejor y más rápida respuesta a los ciudadanos. Por ello, y aun recomendando que todos nos apliquemos grandes dosis de paciencia y empatía, no podemos dejar a un lado, que todos los operadores nos debemos al ciudadano.
Los procuradores como colaboradores de la Administración de Justicia, nos ofrecemos para ayudar en la consecución de la eficiencia, y nos ponemos a disposición de los nuevos órganos judiciales para lograr el impulso necesario para que la justicia se presente como un servicio público de calidad.
Todavía estamos en mitad del proceso y lo que queda por recorrer va a ser muy complicado, pero tenemos varias formas de acometer esta reforma y la mejor de todas ellas, pasa por la implicación y colaboración de todos los que nuestro quehacer diario se desarrolla a pie de órgano judicial.
Por ello, y previa enhorabuena por la Iniciativa a PROLAJ, permítanme que les diga que la voluntad de colaboración entre operadores jurídicos, nos suena a muchos como música celestial.
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