Maria Eugènia Gay, Teniente de alcaldía, Área de Derechos Sociales, Educación y Ciclos de Vida, Ayuntamient de Barcelona
La igualdad, principio esencial del desarrollo humano y fundamento de la convivencia democrática, se enfrenta hoy a desafíos cada vez más complejos en un mundo donde las tensiones y fracturas sociales se profundizan. La polarización es más que un fenómeno político o ideológico, es una crisis ética que cuestiona la viabilidad de un horizonte común y que pone a prueba la capacidad de las comunidades para sostener valores esenciales como la justicia social y la dignidad. En este contexto de incertidumbre, el marco legal y el liderazgo de las mujeres emergen como herramientas fundamentales para la transformación.
El sistema jurídico, cuando se concibe como un medio para el progreso, tiene la capacidad de reconocer, proteger y trascender las diferencias para construir estructuras de igualdad de oportunidades que permeen todos los ámbitos de la vida y se conviertan en una experiencia cotidiana y palpable. Como establece el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, y esta premisa debe traducirse en políticas y regulaciones que eliminen las barreras estructurales que perpetúan la discriminación. En este esfuerzo, el feminismo juega un papel crucial, no solo como un proceso de reivindicación histórica de los derechos de las mujeres, sino también como un proyecto que promueve un modelo más justo para toda la ciudadanía.
Las grandes transformaciones han sido impulsadas por quienes se atrevieron a desafiar las relaciones de poder que parecían inamovibles, y el movimiento de mujeres ha demostrado a lo largo de la historia su capacidad para reconfigurarlas y situar la igualdad de género en el centro del avance social. En este sentido, su impacto va más allá de la esfera individual, ya que al desmontar los privilegios y sesgos que sostienen las inequidades, construye nuevas formas de convivencia basadas en el reconocimiento mutuo. Asumir este compromiso requiere estrategias valientes y de largo alcance. Como afirmó Simone de Beauvoir, “no se nace mujer, se llega a serlo”, y en esa misma lógica, la igualdad no es un punto de partida garantizado, sino una conquista colectiva que exige voluntad política, compromiso social y un marco normativo sólido que la haga posible.
A pesar de los avances normativos y de la creciente conciencia social, solo el 35% de los cargos directivos a nivel global están ocupados por mujeres, mientras que la brecha salarial en Europa aún ronda el 20%. En España, el artículo 14 de la Constitución consagra el principio de no discriminación y prohíbe expresamente la discriminación por razón de sexo, y sin embargo, en ciudades como Barcelona, los hombres perciben un salario medio anual de 37.000 euros, frente a los 30.700 euros de las mujeres. Son cifras que evidencian una desigualdad económica, pero, más allá de eso, revelan la persistencia de dinámicas que afectan el acceso a oportunidades, la conciliación de la vida laboral y familiar, la distribución del trabajo de cuidados y la representación en los espacios de poder y decisión.
En el ámbito de la legislación catalana y española, se han implementado medidas pioneras como la Ley de Igualdad de Género de Cataluña, que establece criterios vinculantes para garantizar la paridad en instituciones y organismos públicos, o la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que refuerza la protección de las mujeres frente a la violencia machista. Barcelona, en particular, se ha convertido en un referente internacional gracias a iniciativas como el urbanismo con perspectiva de género, la creación de una unidad especializada en la lucha contra la trata de seres humanos y la implementación de estrategias para combatir la feminización de la pobreza. Estas acciones son ejemplos tangibles de cómo la voluntad política y el compromiso institucional pueden transformar la vida de miles de personas y sentar las bases para una comunidad más igualitaria.
A pesar de ello, nos enfrentamos a una amenaza creciente: el resurgimiento de discursos reaccionarios que intentan deslegitimar los avances logrados mediante la manipulación y la desinformación. La extrema derecha, tanto en Europa como en el resto del mundo, ha hecho de la negación de la violencia de género y de la ridiculización del movimiento por los derechos de las mujeres una de sus principales estrategias para erosionar derechos conseguidos con décadas de lucha. En este contexto, es imprescindible consolidar estructuras institucionales que garanticen la equidad de género como un pilar irrenunciable del sistema democrático, así como fortalecer políticas que no solo reparen las desigualdades existentes, sino que modifiquen de manera estructural las condiciones que las perpetúan.
La urgencia de esta lucha se hace aún más evidente si atendemos a las proyecciones de Naciones Unidas, que advierten que, si el ritmo actual de avance se mantiene, la plena igualdad de género no se alcanzará hasta el año 2154. Este dato, lejos de ser un motivo de resignación, debe servir como un llamado a la acción para acelerar los procesos de cambio y evitar que las futuras generaciones hereden una realidad marcada por las mismas inequidades que hoy seguimos combatiendo. La historia nos ha demostrado que ningún derecho está garantizado de manera permanente si no se defiende con determinación y que los avances en justicia social solo se consolidan cuando hay un esfuerzo colectivo para preservarlos y expandirlos.
Construir una comunidad plenamente igualitaria no es solo una aspiración ética, sino una condición indispensable para el fortalecimiento de cualquier democracia que aspire a la justicia y al bienestar de sus ciudadanos. En tiempos de fragmentación, el sistema legal debe ser una herramienta para la cohesión social y el feminismo, un motor de transformación capaz de devolvernos la esperanza en la posibilidad de un mundo más justo. Allí donde las fracturas intentan dividirnos, el compromiso con la igualdad se convierte en el puente que nos permite avanzar, juntos y juntas, hacia una sociedad verdaderamente libre y justa.
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