Tribunal de Justicia de la UE
“La conversión en fijo es la medida más disuasoria y eficaz para sancionar el abuso en el empleo público cuando no hay límites claros ni sanciones eficaces en el ordenamiento nacional”. Así se expresó la Comisión Europea el pasado 24 de junio en la vista del juicio C-418/24 del TJUE celebrado para resolver la cuestión prejudicial presentada por la Sala de lo Social del Supremo en febrero de este año.
De esta manera la Comisión solemniza su posición sobre este asunto que lleva encallado más de un cuarto de siglo. La Comisión requiere la efectividad y primacía de la directiva 1999/70/CE que establece una temporalidad máxima de 3 años y mecanismos disuasorios para evitar el abuso de temporalidad.” La conclusión es que ante la ausencia de dichos mecanismos disuasorios la fijeza es la medida más eficaz y disuasoria”, señala Juan Ignacio Navas socio-director de Navas & Cusí, despacho que ha denunciado a España ante la Comisión Europea en nombre de Empleados Públicos en Abuso (EPA).
Llueve sobre mojado porque el pasado mes de julio de 2024 la Comisión Europea volvió a advertir al gobierno español del incumplimiento de la directiva 1999/70 Bruselas señaló entonces que la ley 20/21 -la llamada ‘Ley Iceta’– que convertía a los temporales con más de tres años de antigüedad en indefinidos no fijos era insuficiente. “No era suficientemente disuasoria para evitar la abusividad”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí.
El experto explica que aunque el Supremo ‘bendijo’ la Ley 20/21 las sentencias del TJUE de 22 de febrero de 2024 y del 14 de junio de 2024 advierten de lo contrario: la figura del indefinido no fijo con indemnización por despido de 20 días es insuficiente y la fijeza automática podría ser una medida suficientemente disuasoria. “Las sentencias fueron tan contundentes que el ejecutivo comunitario se puso manos a la obra y el 3 octubre de 2004 se inició un procedimiento de infracción”, explica Navas, que añade que su despacho reclamó ante el Defensor del Pueblo por la prolongación de los plazos por parte del ejecutivo comunitario. “Ahora por fin se produce el primer movimiento contundente y nos felicitamos por ello”, señala Navas.
No obstante, el experto se muestra sorprendido por la pasividad mostrada por el gobierno español. “Dicen que lo resolverán a futuro o en la ley de jueces y fiscales; no son conscientes -o no quieren serlo- de que la Comisión ha tardado en reaccionar pero ahora no se va a parar, es probable que haya nuevas congelaciones de fondos, multas, denuncia ante el TJUE o todo a la vez”, advierte el socio-director de Navas & Cusí.
La Comisión ha sido muy clara en la censura de la discriminación de los interinos. Denuncia que no tienen el mismo trato en relación a los permisos, el cálculo de la antigüedad y la carrera profesional. Pero es que además, está la discriminación de las clases pasivas que también fue denunciada por Navas & Cusí ante la Comisión Europea en julio de 2024. Navas recuerda también que las sentencias del TJUE avalan la indemnización por abuso de temporalidad. “Ya hay sentencias en este sentido y estoy seguro que habrá muchas más”
“Estamos satisfechos porque por fin Bruselas mueve ficha; esperemos que el gobierno sea razonable y ponga fin a un abuso antisocial que además redunda en un peor servicio público; la solución más razonable y eficaz es la fijeza”, concluye el socio-director de navascusi.com
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