Pérez-Llorca y la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas (Comillas ICADE) celebraron una nueva sesión de la Cátedra Pérez-Llorca/ICADE en Economía y Derecho de la Competencia, dedicada a analizar los principales desafíos que plantea la aplicación pública y privada del Derecho de la Competencia en el actual contexto europeo y español.
El seminario tuvo lugar en las oficinas de Barcelona del Despacho y contó con la participación de Juan Jiménez-Laiglesia, socio de Pérez-Llorca; Rosa Ferrer, profesora titular del Departamento de Economía y Empresa de la UPF y Directora del Máster en Competencia, Regulación y Mercados de la Barcelona School of Economics; Virginia Rodríguez, subdirectora de Regulación de Comunicaciones Electrónicas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); Berta Pellicer, magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona; y Susanna Grau, directora general de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO).
La jornada fue inaugurada por Juan Jiménez-Laiglesia, quien destacó la relevancia del momento actual tanto en el ámbito del control de concentraciones como en el de las reclamaciones de daños. Subrayó la importancia de la revisión de las Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales, así como las relativas a las concentraciones no horizontales de la Comisión Europea, y el impacto que tendrán en la práctica del control de fusiones en los próximos años. En su intervención, señaló que “la aplicación pública y privada del Derecho de la Competencia están llamadas a converger, porque ambas persiguen un mismo fin: garantizar mercados más transparentes, eficientes y equitativos”.
Por su parte, Rosa Ferrer analizó las interacciones entre Derecho y Economía en el control de
concentraciones, recalcando la necesidad de un enfoque que utilice herramientas cuantitativas para medir el impacto de las fusiones sobre el bienestar del consumidor. Recalcó que “las operaciones de concentración se han de evaluar por cómo afectan a los precios, a la cantidad producida, a la calidad y la innovación”, y añadió que “la medición de estos dos últimos factores plantea retos, porque son particularmente complejos de cuantificar y predecir. Es por ello que existe un debate actual en el contexto europeo sobre competencia y política industrial”. En este sentido, defendió la importancia de mejorar la disponibilidad y calidad de los datos para diseñar políticas que promuevan la innovación y una competencia efectiva.
A continuación, Virginia Rodríguez centró su intervención en la situación actual del sector de las telecomunicaciones desde la perspectiva regulatoria. Explicó que la CNMC ejerce, entre otras, funciones de regulación ex ante sobre los operadores con poder significativo de mercado, imponiendo obligaciones de acceso, transparencia y no discriminación con el objetivo de prevenir conductas anticompetitivas. Rodríguez destacó que España presenta uno de los niveles más altos de cobertura de redes de alta capacidad de Europa, aunque advirtió que el mercado europeo es muy dispar y se requiere avanzar en la consecución de los objetivos de transformación digital comunitarios. Asimismo, señaló que las reformas en preparación a nivel europeo buscan “avanzar en la construcción del mercado interior, armonizar las normas, simplificar los procedimientos y reforzar la soberanía digital de Europa”, y subrayó “la necesidad de adaptar la regulación ante la convergencia tecnológica, garantizando una competencia equilibrada en un entorno en rápida evolución”. La subdirectora se refirió a otras medidas regulatorias fundamentales para el despliegue y cuyo cumplimiento supervisa la CNMC, como el Reglamento del Gigabit, que es aplicable desde noviembre de este año.
Igualmente, Berta Pellicer analizó la evolución jurisprudencial en materia de acciones de daños por infracciones del Derecho de la Competencia, con especial atención a las recientes resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. Destacó que “el Supremo consolida una jurisprudencia pro-indemnización plena, que refuerza el efecto vinculante de las resoluciones firmes de la autoridad de competencia no sólo para acreditar la infracción, sino también para presumir y estimar el daño”. La magistrada explicó que la firmeza de las resoluciones y el cómputo del plazo de prescripción son hoy dos de los aspectos más determinantes en este tipo de procedimientos. Además, insistió en la importancia de mantener un equilibrio entre la seguridad jurídica y el derecho efectivo a la reparación.
Finalmente, Susanna Grau abordó la conexión entre la aplicación pública y privada del Derecho de la Competencia y defendió la reclamación de daños como una herramienta esencial para reforzar la cultura de cumplimiento y la eficacia del sistema. La directora general de la ACCO resaltó que “el mercado de daños se ha expandido más allá de las grandes corporaciones, incorporando también reclamaciones de pymes, particulares e incluso del sector público”, y puso en valor las iniciativas impulsadas por la Generalitat de Catalunya para “institucionalizar una política de tolerancia cero frente a las infracciones y promover la recuperación sistemática de los daños sufridos por las Administraciones Públicas”.
Para concluir la sesión, los ponentes debatieron sobre cuestiones tales como la proliferación de denuncias preventivas en licitaciones y el cómputo de la figura de la prescripción en distintos escenarios. En el cierre, Juan Jiménez-Laiglesia destacó que “la cooperación entre autoridades, tribunales, economistas y abogados es indispensable para afrontar los nuevos desafíos del Derecho de la Competencia en Europa” y añadió que la Cátedra Pérez-Llorca/ICADE seguirá siendo un punto de encuentro para impulsar ese diálogo y anticipar las transformaciones que marcarán el futuro de la disciplina.
La entrada La Cátedra Pérez-Llorca/ICADE analiza los retos actuales y tendencias del Derecho de la Competencia se publicó primero en Lawyerpress NEWS.
