La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha acordado el archivo de la causa para cinco de los ocho acusados en el conocido como ‘caso enchufes’ de Benidorm, una decisión de gran relevancia jurídica que tiene su origen en la estrategia procesal impulsada por el despacho de abogados Devesa. Entre los beneficiados por esta resolución se encuentra la exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Benidorm, Natalia Guijarro Martínez, defendida por el bufete, así como otros cuatro trabajadores municipales.
El archivo es consecuencia directa de la estimación de la nulidad de actuaciones solicitada por las defensas en la fase de cuestiones previas, iniciativa liderada por Devesa a través de Sebastián Crespo Baeza, socio del área procesal, y Judith Torregrosa, asociada del mismo departamento, quienes ejercen la defensa de Daniel Caneiro Espino, excoordinador de Recursos Humanos, y de la propia Guijarro.
El planteamiento jurídico de Devesa se centró en la vulneración del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece los plazos máximos de instrucción. Según la defensa, el Juzgado de Instrucción de Benidorm continuó durante varios años practicando diligencias, incorporando material probatorio e imputando a nuevos acusados una vez superado el plazo legal máximo sin haberse acordado válidamente su prórroga.
La Audiencia Provincial ha considerado que el auto por el que se pretendió prorrogar la instrucción, dictado a instancias de la Fiscalía, se adoptó fuera de plazo, lo que determina la nulidad de todas las diligencias practicadas a partir del 6 de diciembre de 2017. Esta tesis fue respaldada por el resto de las defensas, que se adhirieron a la petición formulada inicialmente por los letrados de Devesa.
El tribunal entiende que esta prolongación indebida del procedimiento vulneró el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y, de forma especialmente relevante, el derecho de defensa, lo que ha llevado al archivo parcial del procedimiento.
Tras la resolución judicial, permanecen en el procedimiento el exconcejal socialista Juan Ramón Martínez, el técnico que ejercía como coordinador del área de Recursos Humanos y la funcionaria que ostentaba la jefatura del departamento. Por el contrario, salen definitivamente del proceso, salvo eventual recurso, Natalia Guijarro y otros cuatro trabajadores municipales.
El procedimiento investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal en el Ayuntamiento de Benidorm entre 2009 y 2012, durante el mandato del PSPV-PSOE. La acusación sostenía que se habrían vulnerado las limitaciones de la tasa de reposición al aprobarse una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que habría permitido un incremento irregular de plantilla, así como un aumento desproporcionado de la masa salarial.
Según las acusaciones iniciales, los hechos habrían permitido la firma de 130 contratos temporales y la mejora de las condiciones laborales de 43 empleados, con un impacto económico estimado en 4,5 millones de euros, a raíz de una denuncia presentada por el sindicato SPPLB.
Durante la misma sesión, la Audiencia también acordó la expulsión del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de la Comunidad Valenciana (SPPLB) como acusación particular, al no considerar que ostente la condición de perjudicado directo, si bien se le permite continuar como acción popular, condicionada al depósito de una fianza que podría alcanzar los 45.000 euros.
La resolución supone un importante éxito jurídico para Devesa, al lograr que el tribunal declare la nulidad de una parte sustancial de la instrucción y acuerde el archivo para la mayoría de los acusados. El caso pone de manifiesto la trascendencia estratégica del control de los plazos de instrucción penal y refuerza la doctrina sobre las garantías procesales en procedimientos de especial complejidad.
El juicio continuará próximamente con la práctica de la prueba testifical, pericial y las declaraciones de los tres acusados que permanecen en la causa, quedando las resoluciones actuales pendientes de eventual recurso junto con la futura sentencia.
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