La Asociación de Internautas (AI) ha presentado sus alegaciones ante la consulta abierta por la Comisión Europea sobre el futuro «Digital Networks Act» (DNA), una propuesta legislativa destinada a reformular el marco regulador de las redes digitales en la UE.
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de consulta pública dentro de la futura propuesta legislativa conocida como Digital Networks Act (DNA), que busca la adopción de un nuevo marco regulador europeo de redes digitales. La consulta se enmarca dentro del programa de revisión y reforma del marco normativo aplicable a las redes de comunicaciones electrónicas en la Unión Europea.
Reconociendo el esfuerzo de este organismo por promover un marco normativo más coherente, eficiente y adaptado a las necesidades digitales futuras, la Asociación expresa observaciones, preocupaciones y propuestas que considera esenciales para garantizar que la futura legislación cumpla con los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica, neutralidad tecnológica y defensa del interés general.
El documento, formalizado por Luis Diago de Aguilar, de la Unidad de Apoyo Técnico de la Asociación de Internautas, se remite desde España el 10 de julio de 2025, en respuesta técnica, jurídica y ciudadana a una iniciativa que puede redefinir la gobernanza de la conectividad digital en Europa. Puedes leerlo aquí.
Es necesario evitar una sustitución prematura del EECC
Las alegaciones presentadas por la Asociación de Internautas subrayan la necesidad de evitar una sustitución prematura del vigente Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (EECC), aprobado en 2018 y aún en proceso de aplicación en varios Estados miembros.
El texto señala que el DNA proponga un reglamento de aplicación directa sin una auditoría pública previa sobre los efectos reales del EECC. También se alerta de la posibilidad de que este nuevo reglamento desplace competencias nacionales sin garantías democráticas suficientes.
Refuerzo del principio de precaución en el despliegue de nuevas tecnologías
Entre los puntos técnicos, el documento destaca la necesidad de reforzar el principio de precaución en el despliegue de nuevas tecnologías (como 5G, 6G o edge computing), subrayando que la planificación debe tener en cuenta impactos sanitarios, medioambientales y sociales.
Además, se reclama una evaluación crítica sobre el abandono de redes cableadas y la promoción de modelos de conectividad que podrían dejar atrás zonas rurales o con baja rentabilidad económica.
Protección de la privacidad, la ciberseguridad, la soberanía digital y la neutralidad de la red
Un eje central de las alegaciones se centra en la protección de la privacidad, la ciberseguridad y la soberanía digital. Se propone que el DNA incorpore obligaciones jurídicas explícitas de privacidad por diseño, cifrado de extremo a extremo y auditabilidad del software, especialmente en redes críticas. Asimismo, se insiste en limitar la externalización de servicios digitales sensibles a operadores extracomunitarios, para proteger la autonomía técnica y jurídica de los Estados miembros.
Otro de los aspectos clave del documento es la defensa firme del principio de neutralidad de la red. Las alegaciones rechazan la introducción de mecanismos como el «fair share», que obligarían a los grandes generadores de contenido a financiar a los operadores de red.
Esta medida, advierte la Asociación, rompería la igualdad técnica en el tratamiento del tráfico y podría vulnerar tanto la libre competencia como las normas de la OMC.
Además, el documento dedica un apartado específico al papel estratégico del software libre y de código abierto en la sostenibilidad y soberanía digital de Europa, donde propone que el DNA reconozca su valor estructural, incentive su uso en el sector público y lo priorice en la financiación de infraestructuras y servicios digitales críticos.
En palabras del autor, «la resiliencia digital europea también se construye desde la transparencia técnica, la auditabilidad y el conocimiento compartido».
La Asociación de Internautas espera que estas alegaciones sirvan para abrir un debate técnico y público sobre la arquitectura regulatoria que necesita la Europa digital del futuro. Según concluye el documento, la conectividad sin garantías, sin soberanía y sin privacidad no representa un avance real, sino una mayor exposición de los derechos fundamentales en la era digital.
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