La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha lanzado la campaña ‘Vamos a parar este disparate’ con el propósito de conseguir la “suspensión inmediata” de la Ley de Eficiencia de la Justicia, especialmente, en aquellos procesos del ámbito del Derecho de Familia que afectan a niños, niñas y adolescentes.
Para ello, la AEAFA ha lanzado un vídeo en sus redes sociales (#PararEsteDisparate) en el que se advierte de las implicaciones de la norma:
- Pone en riesgo los derechos más básicos de niños, niñas y adolescentes afectados por procesos de crisis familiar: la pensión de alimentos y el contacto con ambos progenitores. El requisito de procedibilidad de la Ley dilata innecesariamente la resolución de situaciones de alta conflictividad y vulnerabilidad. Expone a los menores a una incertidumbre que perjudica su desarrollo integral.
- Las exigencias que establece la Ley alargan los procesos y provocan situaciones terribles: la pareja que quiere romper y sus hijos se ven obligados a convivir en un ambiente insoportable.
- Obstaculiza el acceso a la Justicia y la hace más cara.
- En los juzgados, propicias resoluciones contradictorias y, en algunos casos, disparatadas.
Derecho de Petición ante el Congreso
Por este motivo, la AEAFA va a ejercer el Derecho de Petición ante el Congreso de los Diputados, que viene recogido en el artículo 77 de la Constitución Española. El objetivo es trasladar a la sede parlamentaria el malestar de la abogacía española y de los ciudadanos afectados por la norma. Para reforzar este Derecho de Petición, la AEAFA ha remitido a sus 3.000 asociados un formulario para que reporten las incidencias que se están encontrando en el ejercicio de su actividad.
Asimismo, la presidenta de la AEAFA, Lola López-Muelas, ha hecho un llamamiento a instituciones, asociaciones y colegios de abogados para que se unan a esta iniciativa. “Proteger a la infancia no es solo una prioridad jurídica, es una responsabilidad moral y colectiva”, ha manifestado Lola López-Muelas.
La AEAFA lanza la campaña ‘Vamos a parar este disparate’ dos meses después de que remitiera una carta al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, solicitando la “suspensión inmediata” de la Ley de Eficiencia, especialmente, aquellos procesos del ámbito del Derecho de Familia que afectan a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, en esa misiva se solicitaba una reunión para analizar posibles soluciones. Dos meses después, la AEAFA no ha obtenido respuesta alguna del Ministerio.
Riesgos innecesarios
En la carta, se advertía de los riesgos a los que se está exponiendo innecesariamente a los menores por la obligatoriedad de implementar los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de poder interponer una demanda judicial. Esta imposición, que añade a los retrasos de la Justicia otros dos meses o más, afecta a cuestiones “tan esenciales y urgentes” como fijar una pensión de alimentos, el régimen de custodia y visitas o el uso del domicilio familiar.
“La abogacía de Familia es una firme defensora de los métodos alternativos de solución de conflictos, que además constituyen una práctica común y una exigencia en nuestra práctica profesional. No obstante, consideramos que la imposición sistemática de los MASC en estas situaciones, lejos de agilizar la administración de Justicia, está generando, en muchos casos, una desprotección flagrante de los niños, niñas y adolescentes de España y retrasos innecesarios y perjudiciales para su bienestar. Obligar a las partes a un proceso de mediación o negociación previo antes de poder garantizar sus derechos más básicos, como la alimentación o el contacto con ambos progenitores, no solo dilata innecesariamente la resolución de situaciones de alta conflictividad y vulnerabilidad, exponiendo a los menores a una incertidumbre perjudicial para su desarrollo integral, sino que además la experiencia demuestra que la demora de una pronta respuesta judicial aviva el conflicto”, afirma la presidenta de la AEAFA en su carta al ministro Bolaños.
Juzgados: disparidad de criterios e inseguridad jurídica
Lola López-Muelas también alertó al Ministerio de “la deficitaria cuando no errónea y contradictoria regulación” de algunos artículos de la ley, lo que está generando “un caos y una enorme inseguridad jurídica, debido a la gran disparidad de criterios que se están adoptando tanto por los diferentes Juzgados de Primera Instancia como por los Letrados de la Administración de Justicia o, incluso, los presidentes de las Audiencias Provinciales”. Esta falta de uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma provoca un trato desigual a los ciudadanos y una enorme confusión entre la ciudadanía, afectando negativamente a los derechos de los menores en todo el territorio nacional.
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