El Grupo Educativo CEF.- UDIMA, a través de su claustro especializado en Derecho y Justicia, analiza el impacto real de la reforma judicial que ha entrado en vigor el 1 de enero y que introduce el nuevo modelo de Tribunal de Instancia, que pretende mejorar el reparto de la carga de trabajo y unificar criterios judiciales. Sin embargo, su implantación está generando importantes dificultades en la práctica diaria de los órganos judiciales.
Según Carmen Giménez Cardona, docente del Grupo Educativo CEF.- UDIMA y Vicedecana del Colegio de Procuradores, «el cambio puede ser necesario, pero por el contrario, las formas para su establecimiento y el momento de su implantación no son los más idóneos”. Además señala que “partimos de la existencia de una justicia colapsada con unas carencias en cuanto a las infraestructuras, el personal y la implantación tecnológica, que han provocado, desde su puesta en marcha, una situación caótica».
Esta situación tiene su origen porque la implantación por fases ha generado diferencias en cuanto a la forma de gestionarlo en los distintos territorios, y al llegar a los partidos judiciales de mayor tamaño, como es el caso de Madrid en la Fase III, se ha podido comprobar que los medios no eran los más adecuados para un establecimiento normal.
Giménez Cardona matiza que “incluso habiéndose demostrado, además una patente resistencia al cambio por parte de muchos operadores”, hay que añadir, que la apuesta por los MASC ralentiza la presentación de procedimientos, al tener que cumplir con el requisito de procedibilidad. No obstante, esto no garantiza que se vaya a producir una reducción significativa en la interposición de nuevas demandas, debido a que se presentarán y se admitirán o no a trámite, dependiendo de momento de las diversas interpretaciones.
Por otro lado, el Tribunal de Instancia pretende flexibilizar la forma de gestionar los órganos judiciales, mediante la creación de unidades especializadas en la tramitación de determinados procedimientos y que permitirán la movilidad de los funcionarios en función de las necesidades del servicio. Sin embargo, Carmen Giménez advierte que “con este período de transición tan corto, resulta muy difícil predecir cuándo se podrá ver algún resultado esperanzador”. Cabe señalar que las pretendidas unidades que prevé la ley cuentan con barreras arquitectónicas, dificultades tecnológicas, traslado de autos en papel -cuando existe un expediente judicial electrónico- y, sobre todo, con la resistencia por parte de muchos operadores a admitir que el Tribunal de Instancia ha venido para quedarse y que ahora todos deben trabajar para que la justicia funcione como servicio público.
Ante esta situación, la docente del Grupo educativo CEF.- UDIMA afirma que «es fundamental que todos los profesionales afectados, jueces, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados y procuradores seamos conscientes que, hoy más que nunca, tenemos que buscar fórmulas de colaboración para hacer de la justicia, un servicio público modelo. Todos estamos acostumbrados a una justicia deficitaria. Por lo que todos los intervinientes, debemos encontrar formas para cubrir las necesidades que le surgen al ciudadano». Asimismo destaca la necesidad de que haya una cogobernanza leal y transparente entre administraciones, “porque nos jugamos el respeto a un derecho fundamental como es el acceso a la jurisdicción y a la tutela de los derechos que se le plantean».
Actualmente, abogados y procuradores están atónitos ante el panorama judicial. En su día a día, acuden a los órganos judiciales en busca de sus procedimientos y se encuentran con las dificultades de los propios funcionarios, a la hora de localizar los expedientes en papel que tramitan e incluso su colocación física.
Para la docente del Grupo Educativo CEF.- UDIMA y Vicedecana del Colegio de Procuradores el futuro no es nada esperanzador, por ello afirma, «para que la justicia funcione con el nuevo modelo pasa por superar algunas rémoras del pasado, como la antigua organización, la existencia de papel, las reticencias al cambio y al uso definitivo de las nuevas tecnologías, etc. Va a hacer falta tiempo y mucha pedagogía para entender que esta nueva organización supone una modificación íntegra de la antigua oficina judicial y que también puede mejorar la respuesta al ciudadano. Esperemos que todos trabajemos en la dirección de mejorar la justicia en su calidad de servicio público. Si así fuera, seguramente, conseguiremos una justicia más ágil y eficaz».
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