JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA
Impulsado por la OIT, el 28 de abril se conmemora el Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral. En esta jornada especial, Juezas y Jueces para la Democracia quiere recordar la precaria situación que padece buena parte de la judicatura española como consecuencia del incremento de la carga de trabajo, causada por el aumento extraordinario de la litigiosidad en nuestros tribunales. La solución de este grave problema exige que todas las instituciones que tienen encomendado velar por la buena marcha de la administración de justicia asuman su responsabilidad. Solo de esta manera podrá lograrse que profesionales del derecho y justiciables dispongan de un servicio público de calidad, de manera que responda con rapidez las demandas de tutela judicial que se le plantean.
Es necesario, en primer lugar, un incremento notable en el número de personas que componen la judicatura, aumentando el número de plazas en la oposición a las carreras judicial y fiscal. El presupuesto para poder atender un número mayor de procedimientos judiciales es contar con más juezas y jueces, magistradas y magistrados, que puedan estudiar con detenimiento y atención cada caso, evitando que esa elevada carga de trabajo afecte a la salud laboral.
La solución de refuerzos puntuales debe ser excepcional, puesto que la administración de justicia padece un problema estructural. En consecuencia, el primer paso que debe adoptarse es una amplia y regular convocatoria anual de plazas para la Escuela Judicial, que ha de mantenerse durante varios años para procurar un triple objetivo: 1) compensar el elevado número de jubilaciones que se producen cada año; 2) dotar suficientemente los nuevos tribunales de instancia; y 3) disponer de recursos humanos bastantes para atender los incrementos de litigiosidad que cada año se producen.
Atendido ese presupuesto, es necesario adoptar medidas que racionalicen la gestión del trabajo judicial. Hay que avanzar en la acumulación de autos, procedimientos testigo, extensión de efectos y unificación de criterios, y además, trabajar en que la instauración de los nuevos tribunales de instancia, que tendrá lugar los próximos meses, se acometa con criterios de eficiencia. No basta una simple reorganización, sino que tienen que tomarse las medidas necesarias para que la oficina judicial gestione una nueva forma de asignar y repartir asuntos, herramientas informáticas actuales que faciliten el uso de aplicaciones públicas de inteligencia artificial que los auxilien y protocolos que faciliten la transición al nuevo sistema legal que garanticen su correcto funcionamiento, una carga de trabajo razonable y fórmulas de gestión procesal que propicien respuestas rápidas y de calidad a las demandas ciudadanas.
También exigimos que el CGPJ cumpla definitivamente con lo ordenado por la STS 581/2023, de 22 de septiembre, que le ordena fijar las cargas de trabajo de la judicatura española. Transcurrido más de un año y medio siguen sin atenderse las exigencias de ese decisivo pronunciamiento judicial que ha de servir para velar por la salud laboral de un colectivo que, en buena parte, está afectado por una sobrecarga que no puede mantenerse indefinidamente, pues incide en la integridad de quienes sirven en los tribunales y en la respuesta que ofrecen.
Las promociones más jóvenes de la carrera judicial están siendo especialmente castigadas por una dinámica institucional que compromete gravemente la conciliación de la vida profesional y personal. La intención de reintroducir el traslado forzoso como medida de gestión de personal supone un retroceso inaceptable en derechos adquiridos y evidencia una falta de compromiso con la estabilidad de quienes, tras años de esfuerzo, acceden a la judicatura. Lejos de facilitar el arraigo territorial, el desarrollo personal o la planificación familiar, se les impone una movilidad obligada que lastra sus posibilidades de construir un proyecto de vida digno. Otro ejemplo de lo indicado es la constante oferta a las nuevas promociones de plazas como Juezas/es en Expectativa de Destino, una vez superada la fase de Escuela Judicial, que impone la movilidad geográfica, sin que se adopten medidas retributivas encaminadas, al menos, a compensar el deambular por diferentes destinos en un corto periodo de tiempo. De la misma manera, no se entiende que se mantenga la fase de sustitución y refuerzo que adolece de la misma problemática que esas plazas respecto de cuya supresión hay consenso en el ámbito de la carrera judicial.
Esta precarización no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de una política de recursos humanos que desconoce o ignora las exigencias actuales de corresponsabilidad y bienestar laboral. Sin medidas efectivas que garanticen la conciliación, las generaciones que debieran asegurar el relevo institucional se ven empujadas a una dinámica de frustración, desarraigo y agotamiento. La salud psicológica y emocional de estos jueces y juezas se ve comprometida desde el inicio de su carrera, poniendo en riesgo no solo su vocación, sino también la calidad y sostenibilidad del servicio público de Justicia. Es imprescindible revertir esta tendencia con políticas activas de conciliación y una planificación seria y humana de los recursos judiciales.
Un fenómeno en aumento, como la decisión de alcanzar la jubilación voluntaria antes de la edad en que es forzosa, es síntoma de las dificultades que se afrontan en muchos destinos judiciales. Esta situación, que merma los recursos disponibles para atender juzgados y tribunales, merece un plan específico de respuesta del CGPJ, que debe partir del presupuesto de que la atribución de asuntos a cada personas debe ser razonable y medida. También constatamos un incremento de los problemas de ansiedad, estrés y salud mental que exigen una respuesta eficaz de todas las administraciones públicas.
Finalmente consideramos que deben adoptarse medidas que faciliten la conciliación de la vida familiar y profesional, la promoción de la igualdad y la adopción de planes para afrontar el estrés y las consecuencias nocivas que una atribución excesiva de asuntos están generando en quienes integran el Poder Judicial, que tratan de asegurar en lo posible el buen funcionamiento de un servicio público esencial para la comunidad a costa de padecer, en más casos de los admisibles, una situación de riesgo profesional.
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