El portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez
El portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez Achútegui, ha pedido una “fuerte inversión” para poder aplicar cuanto antes las previsiones de la recién aprobada Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, “que permita poner en marcha tribunales de instancia, medios alternativos de solución de controversias y oficinas de justicia en los municipios”.
“La progresiva puesta en marcha de los tribunales de justicia debe facilitar un incremento del número de juezas y jueces que propicien una respuesta judicial más rápida”, afirma el portavoz de JJpD, que reclama a las administraciones públicas “un plan de choque para incrementar el número de personas que integran la judicatura”, con el aumento de plazas en cada convocatoria de oposición del turno libre y el cuarto turno.
En la administración de justicia hay un “cuello de botella”, según Rodríguez Achútegui, “que es el número de integrantes del Poder Judicial” que hay que ampliar. Afirma que cada año el número de jubilaciones crece, igual que la litigiosidad, y “faltan magistradas y magistrados para poder responder a la carga de trabajo que padecen los tribunales”, que entiende ahora puede remediarse “con una amplia convocatoria para 2025 del número de plazas para ingresar en las carreras judicial y fiscal”, de modo que “se dote suficientemente a los nuevos tribunales de instancia”.
Con relación a la ley de eficiencia que se ha aprobado esta tarde también considera “un paso en la dirección adecuada” la implantación de los nuevos medios alternativos de solución de controversias, puesto que a los tribunales debe acudirse “sólo después de haber intentado una solución extrajudicial que evitaría costes procesales y la saturación de un servicio público esencial, como es la administración de justicia”. Rodríguez entiende que la nueva regulación legal permitirá a los tribunales ser “exigente” con quienes “no hayan puesto de su parte” para evitar judicializar el conflicto, puesto que introduce mecanismos de imposición de costas que lo pueden incentivar.
También destaca la asociación Juezas y Jueces para la Democracia la modificación de la organización judicial en los municipios, mediante la introducción de oficinas de justicia municipales. “Van a permitir acercar la administración de justicia a ciudades y pueblos donde no hay juzgados”, facilitando, en opinión del portavoz de esta asociación judicial, “que se realicen trámites judiciales como citaciones y notificaciones, presentación de escritos, solicitud del beneficio a litigar gratuitamente y la obtención de información sobre la situación de los procedimientos judiciales”.
“Además estas oficinas estarán dotadas de medios audiovisuales que permitan que quien intervengan en procedimientos judiciales puedan participar telemáticamente”, como ya había regulado la ley de eficiencia que previó esa posibilidad, cada vez más extendida en los juzgados, concluye el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, que reclama, finalmente, una “dotación presupuestaria suficiente” para que todas estas medidas “no se queden en simples intenciones, sino que pronto sean una realidad que alivie la carga de trabajo de los juzgados y tribunales, mejorando el servicio público que presta la administración de justicia”.
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