Juezas y Jueces para la Democracia reclama que de los poderes públicos medidas integrales y coordinación de políticas para abordar los problemas que los pisos turísticos generan tanto en el ámbito de las comunidades, en materia de seguridad, uso de elementos comunes y molestias, como para abordar, de forma global, el grave impacto social que este uso de las viviendas está ocasionado a quienes quieren vivir en sus ciudades, combatiendo la especulación que el negocio de la vivienda conlleva desde hace años y facilitando el derecho a una vivienda digna, sostenible y accesible.
La aparición de plataformas de alquiler turístico ofrece alternativas más económicas y condiciones más flexibles y ventajosas que los hoteles para viajar y hacer turismo, a la par que ayuda a las personas propietarias a rentabilizar sus propiedades. Sin embargo, la proliferación de los “apartamentos turísticos” gestionados por diversas plataformas ha supuesto que el destino de viviendas para fines turísticos en España haya experimentado un gran incremento, y que represente un porcentaje del 1,33% del total de viviendas en territorio español.
Lo que surgió como una forma de economía colaborativa se ha convertido en causa de la subida del precio de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, la expulsión de la población local del centro de las ciudades, generalmente personas ancianas, y la masificación y sobreexplotación turística. El derecho a la vivienda se ha visto afectado por una práctica que perjudica una necesidad básica de las familias.
Además el uso de esta forma de alojamiento supone, en muchos casos, quejas y conflictos vecinales por cuanto que las comunidades ven incrementados los gastos que se generan por la frecuente e indebida utilización de los elementos comunes de la comunidad, el incremento del ruido y la suciedad.
El RDL 7/2019, de 1 de marzo, introdujo una serie de modificaciones para abordar en el ámbito de la Ley de Propiedad Horizontal (art 17.12) y en la de Arrendamientos Urbanos (art. 5 e) la problemática derivada del creciente fenómeno del alquiler turístico. Herramientas jurídicas civiles que en estos cinco años trascurridos, han resultado insuficientes para abordar un problema que excede de lo que son las Comunidades de Propietarios y del marco del derecho civil. El alquiler turístico implica un cambio de modelo de ciudad que provoca que muchos barrios se están quedando sin sus residentes habituales, que en determinadas zonas sea imposible acceder a una vivienda por quienes trabajan en la localidad y la consolidación del fenómeno de la gentrificación.
Por todo ello JJpD reclama, para defender el derecho subjetivo a la vivienda, que se establezca un marco normativo integral, de ámbito nacional, que puedan aplicar los ayuntamientos de forma semejante, que evite que un negocio como el alquiler de viviendas turísticas genere la expulsión vecinal, problemas de convivencia y la modificación de la sociología de nuestras ciudades.
La entrada JJpD pide un marco normativo integral que regule los apartamentos turísticos en defensa del derecho a la vivienda se publicó primero en Lawyerpress NEWS.
