Juezas y Jueces para la Democracia ha presentado en la Inspección de Trabajo una denuncia contra el Consejo General del Poder Judicial, en materia de prevención de riesgos laborales, por la falta de fijación de la carga de trabajo de la judicatura. En ella la asociación judicial indica que el CGPJ fue condenado, por sentencia de 22 de septiembre de 2023 del Tribunal Supremo, a regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral.
La denuncia afirma que han pasado más de siete meses desde que se dictó la sentencia y el CGPJ no ha cumplido con esa obligación, que permitiría determinar cuál es la carga de trabajo razonable para evitar los riesgos psicosociales que supone el exceso de asignación de asuntos, particularmente relevante en los juzgados de primera instancia, aunque también significativa en algunos órganos colegiados.
La asociación mantiene que se han propuesto medidas por el servicio externo de prevención, que no se han puesto en funcionamiento. Tras la sentencia se produjeron dos reuniones, el 6 de noviembre de 2023 y 21 de febrero de 2024 de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en la que se integran representantes de las asociaciones judiciales, del CGPJ y del Servicio de Prevención, en las que se reclamó infructuosamente el cumplimiento de la fijación de cargas de trabajo conforme a la condena de la sentencia del Tribunal Supremo indicada.
JJpD también ha realizado un requerimiento al CGPJ para que se cumpla la sentencia, que no se ha atendido. La “agenda saludable” que ha propuesto el CGPJ no se ha elaborado y no se ha dado participación a las asociaciones judiciales. Para JJpD el CGPJ dispone de datos suficientes en su servicio de inspección para constatar cuáles son los órganos jurisdiccionales que están trabajando al 150 o 200 % de sus posibilidades, exigiendo a la judicatura un sobreesfuerzo que perjudica la salud profesional de quienes la integran y a la ciudadanía y profesiones jurídicas.
En la denuncia la asociación judicial reclama que se fijen las cargas de trabajo con la máxima urgencia en todos los juzgados y tribunales, con independencia de cual sea la entrada de asuntos, relacionándola con las personas que desarrollan su función jurisdiccional (titulares o sustitutas) y sus condiciones personales, conciliación familiar, edad, dificultades digitales, formación recibida y experiencia en el puesto adaptadas a cada destino. Prestar mejor servicio a la sociedad y atender a la ciudadanía exige que se determine con claridad cual es la carga de trabajo para que la judicatura realice pueda realizar su trabajo con la dedicación y tiempo que cada asunto requiere, evitando la masificación que sólo trae consecuencias negativas para quienes litigan y para la magistratura que realiza un sobreesfuerzo que puede afectar a su salud.
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