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El triple test constitucional —veracidad, interés general y proporcionalidad— se ha convertido en la herramienta esencial para resolver conflictos entre la libertad de información y el derecho al honor. Sin embargo, su aplicación real sigue siendo desigual, lo que obliga a recordar la doctrina jurisprudencial que rige en este ámbito y su importancia práctica para abogados y procuradores.
La primera pieza del test es el interés general. No basta con que la noticia despierte curiosidad o tenga repercusión en redes sociales: es imprescindible que contribuya a la formación de una opinión pública libre en materias relevantes para la comunidad. Cuando la noticia se refiere a conflictos estrictamente privados, desacuerdos personales o valoraciones sin trascendencia social, el interés general no concurre. Por este motivo, los tribunales exigen una fundamentación específica antes de permitir que una noticia lesione el honor de un particular, criterio bien conocido por despachos de abogados en Barcelona.
La segunda pieza del test es la veracidad, entendida como diligencia profesional ex ante y no como exactitud matemática. La jurisprudencia exige comprobar la coherencia de los hechos, verificar fuentes, contrastar datos y evitar imputaciones infundadas. Particularmente relevante es evitar atribuir a una persona física hechos que corresponden solo a una sociedad mercantil. La imputación errónea de condenas o comportamientos deshonrosos se considera una lesión autónoma del honor.
La tercera pieza del triple test es la proporcionalidad, que abarca el estilo y el tono de la publicación. No es suficiente que exista interés general y apariencia de veracidad: la crítica debe expresarse con un lenguaje adecuado y necesario para la finalidad informativa. El uso de exageraciones, insinuaciones, metáforas ofensivas o dramatización innecesaria puede convertir un mensaje aparentemente informativo en un ataque a la reputación. Este análisis resulta fundamental en la práctica procesal de los abogados en Madrid.
Junto a estos criterios debe añadirse un juicio autónomo sobre la imagen. La difusión de una fotografía no consentida, antigua o utilizada fuera de contexto puede agravar la lesión del honor. La jurisprudencia exige examinar si la imagen es necesaria, si aporta información adicional o si se emplea únicamente para reforzar una descalificación.
Finalmente, los tribunales deben aplicar un estándar de motivación reforzada conforme al artículo 24 CE. Cuando hay conflicto entre derechos fundamentales, la resolución no puede descansar en afirmaciones genéricas; debe justificar por qué un derecho prevalece sobre otro y demostrar que se ha seguido el triple test de forma rigurosa y completa. Todo ello conecta con las exigencias de tutela efectiva que también guían la actuación de los abogados en Sabadell.
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