Asociación de Fiscales
Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz
En el procedimiento penal que se sigue en el Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado el instructor dictó el pasado 13 de enero de 2025, Auto por el que se le citaba como investigado por la supuesta comisión de un hecho delictivo cometido en el ejercicio de su cargo. Conviene precisar que no es la Institución la que es objeto de investigación, esta recae sobre el FGE y las demás personas investigadas. Presentarse a esa declaración, manteniéndose en el cargo, es una opción que arrastrará con él la reputación de todos cuantos a diario y vocacionalmente representamos al Ministerio Fiscal.
Desde que el Fiscal General comprometió la imparcialidad de la institución al alimentar un debate partidista ajeno, hemos presenciado que el Tribunal Supremo ha dirigido un procedimiento penal frente a su persona, la entrada y registro en la sede de todos los fiscales; un informe crítico elaborado por la Abogacía del Estado en defensa de Álvaro García Ortiz contra la UCO, unidad en la que con frecuencia y confianza basamos nuestra labor en procesos penales complejos; el borrado de datos aduciendo un protocolo que nada tiene que ver con la alegación divulgada; el cambio de terminal telefónico tras la apertura de la investigación; la descarga de la responsabilidad en un número elevado de nuestros compañeros o la representación del Ministerio Fiscal en el procedimiento que se dirige contra la persona del Fiscal General por parte de quien asume el puesto inmediatamente subordinado, por decir sólo algunos elementos, todos ellos de una importantísima y escandalosa trascendencia.
Mientras tanto tenemos que soportar declaraciones, cada vez más frecuentes, desde el Gobierno de la Nación y desde otros ámbitos políticos y profesionales profiriendo ataques injustificables al Poder judicial, pilar esencial del estado de derecho, a todos cuantos en nuestras respectivas profesiones lo formamos y tenemos encomendada la persecución de los delitos y muy especialmente a los jueces que intervienen en los procedimientos molestos al Ejecutivo.
A estas alturas, nadie puede dudar, tampoco en la Fiscalía General del Estado, de que se han cometido demasiados errores que han dejado como resultado varios hitos imperdonables de extraordinaria importancia, que tardaremos mucho en olvidar.
Al mantenerse en el cargo no sirve de parapeto de la institución que dirige, sino de un órgano del que debemos ser independientes, el Gobierno.
¿Dónde vamos a parar?, ¿es asumible la imagen de la persona que dirige el Ministerio Fiscal entrando como investigado en la sede del Tribunal Supremo? No renunciar al cargo es un nuevo e indignante error que compromete el prestigio de todos
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