El Juzgado de lo Mercantil de A Coruña ha concedido la exoneración total del pasivo insatisfecho a un trabajador autónomo y a su esposa, representados por el despacho Oulego Abogados y Consultores, liberándolos así de una deuda superior a 125.000 euros, según se recoge en el auto dictado el 26 de noviembre de 2025.
Gracias a esta resolución, el afectado —un trabajador autónomo al final de su vida laboral— podrá acceder a su pensión de jubilación sin riesgo de embargos, y el matrimonio podrá iniciar una nueva etapa sin la carga financiera que arrastraban desde hacía años.
Un caso de Segunda Oportunidad que permite recuperar la estabilidad económica
El matrimonio acudió al mecanismo de Segunda Oportunidad ante la imposibilidad de hacer frente a los préstamos, avales, créditos y deudas con distintas administraciones acumulados durante la actividad profesional del autónomo.
Tras la liquidación ordenada de sus bienes y sin oposición de los acreedores, la administración concursal solicitó la conclusión del concurso y la concesión de la exoneración, que finalmente fue acordada en su totalidad.
El auto declara expresamente que:
- “La exoneración alcanza a la totalidad de las deudas insatisfechas”, salvo las categorías no exonerables del art. 489 TRLC.
- Los acreedores cuyos créditos quedan extinguidos no podrán ejercitar acción alguna contra los deudores.
- Se ordena la comunicación de la exoneración a los sistemas de información crediticia para la actualización de registros.
Esta amplitud de la exoneración es posible gracias a la reforma introducida por la Ley 16/2022, que eliminó la necesidad de pagar un umbral mínimo de pasivo para acceder al beneficio.
Un ejemplo claro del impacto social de la Segunda Oportunidad
En palabras del socio director del despacho José Ramón Oulego, “este caso resulta especialmente relevante para trabajadores autónomos que, tras décadas de actividad, se encuentran con deudas que les impiden jubilarse con normalidad”.
La resolución permite que el afectado pueda finalmente cobrar su pensión íntegra, sin temer embargos por deudas generadas en el pasado y que ya no podían ser atendidas.
El juzgado destaca que no concurren conductas que desvirtúen la presunción de buena fe, requisito imprescindible para acceder al mecanismo, y reconoce la importancia de la segunda oportunidad para evitar que personas insolventes queden atrapadas en la economía sumergida o excluidas de la vida económica.
El auto establece que no cabe recurso alguno contra la decisión, sin perjuicio de la eventual solicitud de revocación prevista en los arts. 493 y ss. del TRLC.
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