En un momento de incremento sostenido de las solicitudes de residencia, presión sobre las oficinas de extranjería y multiplicación de los desafíos jurídicos en materia migratoria, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha inaugurado ayer jueves su I Congreso de Extranjería con una llamada a reforzar, desde el Derecho, la dimensión humana y garantista de la extranjería. El foro, que reúne durante dos jornadas a expertos institucionales, operadores jurídicos y profesionales del Turno de Oficio, coincide con los primeros meses de aplicación del Real Decreto 1155/2024 y con un repunte en las solicitudes de nacionalidad, protección internacional y autorizaciones administrativas, que tensiona a diario la práctica profesional. Solo en el primer semestre de 2025, se han presentado más de 148.000 solicitudes de nacionalidad por residencia, en un contexto en el que los expedientes pendientes superan los 240.000 y los tiempos de tramitación pueden alcanzar los ocho meses en procedimientos como el arraigo o la reagrupación familiar.
Durante la apertura institucional del Congreso, Emilio Ramírez, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, subrayó el compromiso de la abogacía con la atención jurídica y humana a las personas migrantes. “Los abogados y las abogadas somos esa llave que necesitan quienes llegan a nuestro país para iniciar una nueva vida”, señaló, reivindicando el papel de este colectivo profesional como garante de derechos y como apoyo humano para quienes afrontan procesos de extranjería, “ya sea tras llegar en patera o como parte de un proyecto empresarial”.
Ramírez destacó que la función del abogado de extranjería requiere no solo conocimiento técnico, sino también vocación de servicio y empatía. “Además de aplicar la ley, debemos dar calor humano. A veces también hacemos de psicólogos. Tenemos que estar preparados y formados para acompañar de verdad a quienes acuden a nosotros con una esperanza”, remarcó. En ese sentido, subrayó la importancia del Congreso como espacio de formación jurídica y actualización profesional, “para que podamos seguir atendiendo con rigor y sensibilidad a quienes confían en nosotros”.
Más de 12.000 asistencias jurídicas en 2025
El diputado del ICAM ofreció también un diagnóstico de la magnitud que ha adquirido la labor de la abogacía madrileña en el ámbito de la extranjería. Solo en lo que va de año, el Turno de Oficio ha realizado más de 12.000 asistencias jurídicas en extranjería, atendidas por 1.825 letrados y letradas, a los que Ramírez definió como “verdaderos héroes”. A ello se suman las más de 2.000 consultas tramitadas por el Servicio de Orientación Jurídica, las 664 solicitudes de justicia gratuita, la atención a 261 personas en el Centro de Internamiento y las 587 consultas en materia de protección internacional. Desde el área de consultas procesales del ICAM se ha dado respuesta a 3.131 dudas planteadas por profesionales, y la Sección de Extranjería ha organizado ya cinco talleres jurídicos sobre novedades normativas. En paralelo, el servicio específico de nacionalidad del Colegio ha gestionado más de 2.000 solicitudes, en un contexto en el que España acumula cerca de 244.000 expedientes pendientes y en el que solo en el primer semestre de 2025 se han presentado 148.812 nuevas solicitudes.
Por encima de todo, personas
La intervención del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, situó el congreso en el centro del debate sobre el papel del Derecho en los sistemas democráticos. “Cuando hablamos de extranjería no hablamos únicamente de normas o procedimientos administrativos. Hablamos de personas, por encima de todo de personas”, afirmó. Martín denunció que “a quienes tienen un color de piel distinto al que tenemos algunos se les trata de reducir a cifras, a expedientes o a meros mensajes políticos destinados a generar odio”. Y añadió: “La convivencia no se construye solo en Finlandia. Se construye aquí, con respeto, empatía y la convicción de que nadie sobra en una sociedad que aspira a ser verdaderamente libre y próspera”.
El delegado defendió el compromiso del Gobierno de España con un modelo que combine garantías jurídicas, protección y derechos humanos, y ofreció un diagnóstico preciso de la situación administrativa en la Comunidad de Madrid. Según sus datos, solo en 2024 la Oficina de Extranjería de Madrid tramitó 234.467 expedientes, y en lo que va de 2025 ya se superan los 166.000. Ante este incremento de la carga de trabajo —agravado por la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería—, anunció la incorporación de 60 nuevos efectivos, lo que supone un aumento del 80 % en la plantilla.
Martín destacó también el papel de los trabajadores extranjeros en el crecimiento económico: “Hoy superan los 3 millones de afiliados a la Seguridad Social, más del 13 % del total”. Y alertó del auge del discurso xenófobo en redes sociales: “Solo en julio de 2025 se detectaron 190.000 publicaciones con contenido racista o xenófobo. Estos datos nos interpelan a todos y nos obligan a redoblar esfuerzos en educación cívica, sensibilización social y defensa de los valores democráticos”.
Para concluir, el delegado del Gobierno defendió que la extranjería debe enmarcarse plenamente dentro de los principios fundamentales del Estado de Derecho, y subrayó la función esencial que desempeñan jueces, fiscales, abogados y operadores públicos en la defensa del equilibrio entre control y garantías. “Porque el Derecho no es solo una herramienta de control. Es, sobre todo, una garantía de derechos y libertades. Y en un Estado social y democrático de Derecho, la extranjería debe ser un ámbito donde la justicia, la humanidad y los derechos humanos vayan de la mano”, afirmó.
Finalmente, en representación de la Policía Nacional, Daniel Gallego Villasante, comisario principal y jefe provincial, reivindicó el papel del cuerpo como actor clave en la política migratoria: “Debemos estar a la altura de las nuevas exigencias, desde el absoluto conocimiento de la vertiente jurídica a los apoyos técnicos que se nos va brindando día a día”.
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