El Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el Real Decreto 422/2025, solicitando la nulidad de sus artículos 6 y 1-F, que extienden la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela a los partidos judiciales de Noia, Ribeira y Muros.
La impugnación se fundamenta en que esta norma conculca los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violencia de género, que se verán obligadas a desplazarse fuera de su localidad hasta 70 kilómetros para acceder a la justicia. En 2024, esta medida habría afectado a 314 mujeres víctimas que habrían sufrido un debilitamiento de su derecho de defensa y asistencia, peligro para la unidad letrada, riesgo cierto de revictimización y desincentivación para presentar denuncias.
El Colegio de Abogados denuncia que la norma contradice lo dispuesto en la Medida 169 de la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género 2025, constituyendo un agravio para las mujeres víctimas, especialmente en lo referente a la distancia que deberán recorrer para ser atendidas.
Incumplimiento de compromisos internacionales
La institución colegial también señala que el Real Decreto desoye la Convención del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas de 1979 y la Recomendación general 34 (2016), que insta a los Estados parte a asegurar que las víctimas que viven en zonas rurales tengan acceso efectivo a la justicia, incluida la asistencia letrada.
Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial de 2024, la carga de trabajo en materia de violencia sobre la mujer con referencia a la población en los partidos de Noia, Ribeira y Muros es superior a la de Santiago, y la tasa de mujeres víctimas respecto a la población femenina es notoriamente más alta en Ribeira y Noia. Estos datos, lejos de justificar la centralización, demuestran que debería reforzarse los medios en dichos partidos y no eliminarlos.
La medida también dificulta gravemente la prestación del servicio público de asistencia jurídica gratuita, la asistencia inmediata y la unidad de defensa letrada de las mujeres víctimas de violencia de género, con perjuicio directo para los colegiados adscritos a estos partidos judiciales.
Como explica el Colegio de Abogados en su recurso, «no se trata de conseguir un privilegio, sino de evitar un grave perjuicio a un nutrido número de mujeres víctimas de violencia de género«. Dado que la fecha de efectos de la constitución de estas agrupaciones de partidos judiciales está prevista para el 31 de diciembre de 2025, el Colegio ha solicitado como medida cautelar la suspensión de la ejecución del artículo 6 del Real Decreto. El Colegio de Abogados de A Coruña mantiene su compromiso firme con la erradicación de la violencia de género, pero defiende que este objetivo debe conseguirse sin vulnerar los derechos fundamentales de las víctimas ni desmantelar infraestructuras locales que han demostrado ser eficaces en la protección y atención de las mujeres maltratadas.
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