Diego Fierro Rodríguez
Diego Fierro Rodríguez
I. El varapalo judicial que expone los límites del poder presidencial
Resulta extraño, y curiosamente próximo a la reacción de un monarca despótico frente a un parlamento inconveniente, que el presidente de Estados Unidos haya respondido a una sentencia del Tribunal Supremo con insultos personales contra seis de sus nueve miembros. Donald Trump, visiblemente enfurecido durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, calificó de «vergüenza para nuestra nación» a los magistrados que anularon la mayor parte de sus aranceles globales, mientras felicitaba a los tres «valientes» que votaron a favor «de manera inteligente» y por el «bien de su país». La escena, ocurrida el pasado 20 de febrero, revela más que una mera frustración política: expone la cosmovisión autoritaria que guía al inquilino de la Casa Blanca cuando sus pretensiones de poder absoluto encuentran límites institucionales.
El fallo del Tribunal Supremo, que concluyó que Trump excedió su autoridad al invocar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977 para imponer gravámenes comerciales masivos, representa un revés de dimensiones históricas. Durante décadas, ningún presidente había utilizado este instrumento, diseñado para sanciones financieras y bloqueos de activos en contextos de emergencia genuina, como vehículo para una política arancelaria generalizada. Los magistrados establecieron que la Constitución otorga al Congreso, no al presidente, la potestad de imponer impuestos y aranceles, restringiendo la IEEPA a sus usos tradicionales y cerrando la puerta a la instrumentalización de la emergencia económica como comodín legal.
La reacción de Trump, sin embargo, trasciende la discrepancia jurídica. «Me da igual la sentencia», aseguró, «los gravámenes van a seguir porque tengo alternativas muy poderosas». Esta declaración, formulada con el desprecio institucional que caracteriza su administración, anunciaba simultáneamente la firma de una orden ejecutiva para imponer una nueva tasa global del 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, y la apertura de investigaciones bajo la Sección 301 de la misma norma. El mensaje era inequívoco: el Tribunal Supremo puede decir lo que quiera, el presidente hará lo que le plazca mediante otros mecanismos legales.
II. La obsesión arancelaria como núcleo de la identidad política
Para comprender la furia desproporcionada de Trump frente a este fallo específico, es necesario remontarse a las raíces de su ideología económica. Los aranceles constituyen para el presidente una obsesión fija desde los años ochenta, cuando comenzó a articular públicamente la narrativa de que Estados Unidos era víctima de un saqueo sistemático por parte de aliados y adversarios comerciales por igual. Esta convicción, nutrida de resentimiento nacionalista y de una visión mercantilista del comercio internacional, ha configurado su acción de gobierno de manera determinante.
Durante su primer mandato y, con mayor intensidad, en los primeros meses de su segundo período, Trump transformó los aranceles en su «varita mágica» de política exterior. Los ha utilizado para presionar a China en negociaciones comerciales, para castigar a la Unión Europea por sus regulaciones digitales, para amenazar a México y Canadá con la excusa del tráfico de drogas, para doblegar a Suiza por razones puramente personales, e incluso para intervenir en conflictos bélicos ajenos amenazando a las partes con el aislamiento comercial. El 2 de abril de 2025, fecha que bautizó como «Día de la Liberación», anunció aranceles «recíprocos» sobre prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos, invocando déficits estructurales que Washington arrastra desde hace décadas como justificación de emergencia nacional.
Esta instrumentalización ilimitada de la política comercial explica por qué Trump definió el caso judicial como «importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional que cualquier otra cosa». Los aranceles no eran simplemente una herramienta más de su administración: eran la manifestación tangible de su concepción del poder presidencial como ilimitado, de su rechazo a la interdependencia global, de su promesa de restaurar la grandeza estadounidense mediante la imposición unilateral. Que el Tribunal Supremo, precisamente el Tribunal Supremo que le había otorgado inmunidad casi absoluta pocos meses antes, le arrebatara este instrumento resultaba incomprensible desde su lógica de dominio total.
III. El «plan B» y sus implicaciones constitucionales
La respuesta inmediata de Trump mediante la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 ilustra tanto su determinación de ignorar el fallo como los límites objetivos de su estrategia alternativa. Esta disposición permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15% durante un máximo de 150 días, período tras el cual requeriría aprobación del Congreso para prorrogarlos. La nueva tasa global del 10%, anunciada para aplicación efectiva «dentro de tres días», representa una reducción respecto de los gravámenes anulados pero mantiene la estructura de presión comercial que el Tribunal Supremo ha declarado ilegal en su formulación anterior.
La ironía de esta solución de reemplazo no ha escapado a los observadores institucionales. Trump, que ha gobernado durante su segundo mandato como si el Congreso no existiera, ignorando sistemáticamente la separación de poderes, se ve ahora obligado a depender de la aprobación legislativa para mantener su política comercial más allá de mayo de 2026. El partido Republicano, que controla ambas cámaras, ha mostrado hasta ahora una disciplina casi militar frente a las demandas presidenciales. Sin embargo, las primeras grietas en esta fidelidad incondicional comienzan a visibilizarse.
La votación del Congreso a favor de exigir la desclasificación de documentos sobre el Caso Epstein, aprobada pese a la oposición de Trump y su aliado en la presidencia de la Cámara, Mike Johnson, reveló que los legisladores republicanos pueden temer más a sus votantes que al presidente cuando estos se movilizan. La derrota adicional en una votación sobre aranceles a Canadá, aunque reversible mediante veto presidencial, envía un mensaje claro: el «pato cojo» que Trump se ha convertido, con las elecciones de medio mandato de noviembre acercándose y los indicadores económicos deteriorándose, ya no cuenta con la sumisión automática del aparato partidario.
IV. La cuestión de las devoluciones millonarias
Entre las preocupaciones más inmediatas que el fallo judicial ha generado en la administración figura la suerte de los ingresos ya recaudados mediante aranceles que el Tribunal Supremo ha declarado ilegales. Trump lamentó expresamente que la sentencia no aclarara «la cuestión de las millonarias devoluciones de los gravámenes ya cobrados», calculando en «cientos de miles de millones de dólares» el monto en juego. Su planteamiento, formulado con genuina incredulidad, revela la concepción de los ingresos públicos como propiedad ejecutiva: «¿Qué pasa con todo el dinero que recaudamos? No se habló de ello. ¿No pensarías que habrían incluido al menos una frase diciendo que se quedaran con el dinero o que no se quedaran con el dinero?».
Esta expectativa de que el Tribunal Supremo legitimara la retención de fondos obtenidos mediante un mecanismo declarado ilegal resulta jurídicamente insostenible, pero políticamente reveladora. Para Trump, el éxito de su política comercial se mide exclusivamente en tér recaudatorios, independientemente de quién pague finalmente la factura —los consumidores estadounidenses, mediante precios inflados, o las empresas importadoras, mediante márgenes reducidos—. La perspectiva de tener que reembolsar miles de millones a las empresas afectadas, sumada a la incertidumbre sobre los acuerdos comerciales negociados bajo la amenaza de aranceles que ya no existen, configura un escenario de máxima turbulencia para sus planes económicos.
El presidente reconoció que «algunos» de estos acuerdos no se mantendrán y serán «reemplazados por otros aranceles», admisión implícita de que la arquitectura comercial construida sobre la IEEPA se desmorona. La credibilidad internacional de Estados Unidos como interlocutor comercial, ya erosionada por la volatilidad de la primera administración Trump, sufre un daño adicional cuando sus compromisos pueden ser anulados por decisiones judiciales que el propio presidente anuncia que ignorará.
V. El absolutismo ejecutivo en crisis
La furia de Trump contra el Tribunal Supremo expone la tensión insostenible entre su teoría del ejecutivo unitario y las realidades institucionales de la democracia estadounidense. Durante sus primeros doce meses de segundo mandato, acumulando victorias aparentemente ininterrumpidas, el presidente ha gobernado como si la separación de poderes fuera un formalismo superado. Los jueces federales que frenaron sus decisiones fueron ignorados o despreciados; los congresistas republicanos se alinearon sin condiciones; el movimiento MAGA proporcionó una base de lealtad personal inquebrantable.
Sin embargo, los acontecimientos recientes sugieren que este edificio de dominio absoluto comienza a resquebrajarse. La muerte de dos manifestantes a manos de agentes migratorios en Minnesota generó una reacción de repulsa nacional que obligó a la retirada de las fuerzas federales. Los rumores sobre su deterioro físico, las imágenes de presunto sopor en actos públicos, los gestos de megalomanía —bautizar edificios con su nombre, construir salas de baile— alimentan una narrativa de declive que contrasta con la imagen de fuerza que proyecta. Los datos económicos débiles, conocidos precisamente el día del fallo judicial, completan un cuadro de vulnerabilidad inédito en este mandato.
En este contexto, la pérdida del respaldo judicial, incluso de un Tribunal Supremo de mayoría conservadora que él mismo configuró mediante nominaciones estratégicas, resulta psicológicamente devastadora. Trump había contado con la Corte como último reducto de su impunidad institucional, especialmente después de que ésta le otorgara inmunidad por actos oficiales. Que los mismos magistrados le privaran de su herramienta política más valorada le aparece como traición incomprensible, una violación del orden natural de las cosas según su concepción del poder.
VI. Hacia el abismo o la redención electoral
La respuesta de Trump a esta crisis de legitimidad institucional ha seguido patrones predecibles pero inquietantes. La desviación de la atención mediante anuncios espectaculares —la orden de desclasificación de archivos sobre vida extraterrestre y fenómenos aéreos no identificados, realizada el día anterior al fallo— evidencia la instrumentalización de la información gubernamental para fines de distracción mediática. La amenaza implícita de acción militar, frecuente recurso de presidentes en dificultades domésticas, adquiere dimensiones concretas tras las operaciones contra el programa nuclear iraní y la captura de Nicolás Maduro.
La obsesión declarada de Trump por «nacionalizar» el proceso electoral, para que su gobierno supervise directamente las elecciones de noviembre, revela la dirección de su estrategia de supervivencia política. Si las instituciones tradicionales —Congreso, Tribunales, prensa libre— ya no garantizan los resultados deseados, la solución pasa por alterar las reglas del juego democrático. «Hay una gran unidad en el Partido Republicano», declaró, «y espero que todos voten por los republicanos en las elecciones, porque si no, no nos quedará país».
Este apocalipsis retórico, que identifica la victoria electoral con la supervivencia misma de la nación, prepara el terreno para cuestionar los resultados adversos como fraude sistemático. Trump no ha reconocido su derrota ante Joe Biden en 2020; resulta improbable que acepte una pérdida del control del Congreso en 2026 si puede atribuirla a conspiraciones imaginarias. El arrebato absolutista contra el Tribunal Supremo es, en última instancia, un ensayo general de la reacción que puede esperarse cuando otros límites institucionales se interpongan a sus designios.
Los aranceles, en su dimensión simbólica, representaban la capacidad de Trump de imponer su voluntad sobre el mundo mediante la fuerza económica unilateral. Su confiscación judicial deja al descubierto la fragilidad de un poder que confundió la ocupación temporal de la Casa Blanca con la posesión permanente de la soberanía nacional. El juguete favorito del presidente está roto, y su reacción infantil, violenta, despreciativa de las reglas, anticipa el comportamiento que puede esperarse cuando otros objetos de su deseo resulten igualmente inalcanzables.
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