Carmen Giménez Cardona, Vicedecana del ICPM
En un momento de profundos cambios en la Administración de Justicia, los profesionales del Derecho nos hacemos la pregunta habitual: ¿quién legisla conoce realmente el ámbito al que se aplica?
Creo que no me equivoco cuando respondo negativamente. El legislador, es indudable que, en ocasiones, cuenta con la colaboración de algunos de los colectivos afectados, pero realmente no conoce en profundidad ese ámbito y además con el texto que aprueba está regulando situaciones que previsiblemente deberán ser a futuro, por lo que el desconocimiento se acrecienta.
En nuestro país convivimos con una justicia a distintas velocidades. No es lo mismo la justicia en función del territorio y por tanto, no es lo mismo, ser procurador en Castilla-León, en Cantabria que en Madrid. Contamos con distintas plataformas, distintos sistemas procesales e incluso con distintas oficinas judiciales. Se hace difícil entender el porqué de todo esto, aunque es indudable que la respuesta se encuentra en la transferencia de competencias. Sin embargo, es la Administración del Estado la que tiene la competencia en materia de regulación procesal.
Por tanto, a sistemas distintos se le aplica una misma ley procesal. Es más, a oficinas judiciales organizativamente distintas se les aplica, igualmente, una misma ley procesal. Un ejemplo: la implantación de la nueva organización no será igual en aquellos lugares donde se implantó la nueva oficina judicial en el año 2009 que en aquellos otros donde se conservó la configuración de 1836. Otro ejemplo: resulta más sencillo que la nueva organización funcione en la zona que depende del Ministerio de Justicia que en otras cuyas Comunidades que ostentan la competencia, entre otras cosas, por cuestiones tales como la implantación tecnológica.
En muchos partidos judiciales, la implantación tecnológica está resultando deficiente o al menos muy lenta y ante las circunstancias que vivimos no podemos permitirnos tener una justicia de dos o tres velocidades.
Cuando a los procuradores se nos otorgó la competencia en materia de actos de comunicación, se dijo que suponía tener una justicia a dos velocidades, una para el litigante con medios y otra para el que no los tenía. Y sobre la base del mismo razonamiento, me pregunto si se puede permitir que la justicia sea distinta en función del territorio donde se presenta el procedimiento y que, en uno, tu procedimiento vaya más lento y en otro más rápido en función de la mejor implantación de las nuevas tecnologías o de una nueva organización judicial. En estos casos no se trata de un tema de capacidad económica de un ciudadano sino de capacidad del sistema que pagamos todos.
No olvidemos que en justicia jugamos con derechos fundamentales, que, en definitiva, nos obligan a todos. Ya las transferencias de competencias en materia de justicia trajeron, en su momento, diferencias importantes, que en la actualidad se acentúan por la diferente implantación de las novedades legislativas.
Esta situación se está extendiendo demasiado en el tiempo. Hoy se pone más de manifiesto por la necesidad de adaptación a la Ley Orgánica 1 /2025, pero es un problema que se arrastra de muy atrás.
Es indudable que los operadores jurídicos, cada uno dentro de su función, intentaremos conseguir que estas diferencias no sean tan palpables, pero lo cierto es que no nos lo ponen fácil. Nuestra función depende de que se nos den los medios necesarios para ponerlos en marcha, ya que la voluntad del legislador no se acerca a la realidad que muestran sus exposiciones de motivos.
Por tanto, no deja de resultar increíble que nos fijemos como objetivo a cumplir que la justicia llegue a ser eficiente y la pregunta es: ¿a costa de quién? La respuesta no puede ser otra, que a costa de todos los operadores, de forma que a las arcas del Ministerio no le cuesta dinero, mientras muchos profesionales seguimos luchando diariamente por una administración de justicia eficaz, poniendo nuestros medios para lograr el objetivo deseado: una justicia ágil.
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